Documento de sesión
24.10.2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la Comisión
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno
sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea
( 2017/2897(RSP) )
Malin Björk, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Ángela Vallina, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo, Eleonora Forenza, Sabine Lösing, Stefan Eck, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Neoklis Sylikiotis
en nombre del Grupo GUE/NGL
Resolución del Parlamento Europeo sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea
( 2017/2897(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que quedó abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 en Estambul (en adelante, «Convenio de Estambul»),
– Vistos los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),
– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y, en particular, sus artículos 8, 19, 157 y 216 y su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a),
– Vistos los artículos 21, 23, 24, 25 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
– Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5 (2000), Beijing + 10 (2005), Beijing + 15 (2010) y Beijing + 20 (2015), así como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo,
– Vistas sus Resoluciones, de 20 de septiembre de 2001, sobre el acoso moral en el lugar de trabajo[1]; de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer[2]; de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres[3]; de 15 de diciembre de 2011, sobre la revisión intermedia de la estrategia comunitaria de salud y seguridad en el trabajo (2007-2012)[4]; de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres[5] y en cuanto a la Evaluación de la plusvalía europea anexa de noviembre de 2013; de 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica[6], y de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica[7],
– Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) ( SWD(2015)0278 ),
– Vista la declaración del Trío de Presidencias del Consejo de la Unión Europea constituido por Estonia, Bulgaria y Austria, de 19 de julio de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres,
– Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo[8],
– Vistos la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección[9] y el Reglamento (UE) n.º 606/2013, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil[10],
– Vistas la Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación[11], y la Directiva 2004/113/CE, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro[12], en las que se definen los términos «acoso» y «acoso sexual » y se condenan los actos conexos,
– Vistas sus Resoluciones, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015[13], y de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013[14],
– Visto el artículo 12 bis del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea,
– Vista la Decisión de la Comisión, de 26 de abril de 2006, relativa a la política en materia de protección de la dignidad de la persona y de lucha contra el acoso psicológico y el acoso sexual en la Comisión,
– Vista la guía para los diputados al Parlamento Europeo titulada «Zero Harassment at the Work Place» [Eliminar el acoso en el lugar de trabajo] y el plan de acción de la administración del Parlamento en relación con esta crucial cuestión,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que la igualdad de género es uno de los valores fundamentales de la Unión; que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales y debe respetarse, promoverse y aplicarse en su integridad tanto en la legislación como en la práctica, las sentencias judiciales y la vida cotidiana;
B. Considerando que, de acuerdo con el índice de igualdad de género de 2017, a todos los Estados miembros les falta mucho para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, siendo lentos los avances en este sentido; que la violencia de género es tanto causa como consecuencia de las desigualdades entre mujeres y hombres;
C. Considerando que por «acoso sexual» se entiende toda conducta de naturaleza sexual no deseada por la persona a la que vaya dirigida y que tenga por objeto o efecto herir su dignidad o crear un ambiente intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto; que el acoso sexual ha de considerarse una discriminación por razón de sexo; que el acoso sexual puede adoptar la forma tanto de una única acción como de un comportamiento pertinaz;
D. Considerando que las mujeres no gozan de la misma protección contra la violencia masculina y el acoso y los abusos sexuales en toda la Unión Europea debido a las diferencias de las políticas y la legislación de los diferentes Estados miembros; que los sistemas judiciales no apoyan suficientemente a las mujeres;
E. Considerando que la violencia sexual y el acoso en el lugar de trabajo son un problema de salud y seguridad y como tal deben ser considerados y atajados;
F. Considerando que no se acabará con la violencia sexual y el acoso mediante intervenciones individuales, sino que una combinación de acciones infraestructurales, jurídicas, judiciales, policiales, educativas, sanitarias y de otros servicios relacionados podrá reducir considerablemente el número de casos y sus consecuencias;
G. Considerando que, según el informe de marzo de 2014 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE», una de cada diez mujeres ha sido objeto de acoso sexual o acecho a través de las nuevas tecnologías y el 75 % de las mujeres en puestos de toma de decisiones han tenido que soportar el acoso sexual; que queda claro entonces que ninguna mujer, independientemente de su edad o posición social, está a salvo de la violencia sexual;
H. Considerando que el acoso y los abusos sexuales, predominantemente los ejercidos por hombres contra mujeres, son un problema estructural extendido en toda Europa y en el mundo entero, un fenómeno con víctimas y agresores de todas las edades, todos los niveles de educación, de ingresos y de posición social, y guardan relación con las desigualdades existentes en la distribución del poder entre mujeres y hombres en nuestra sociedad;
I. Considerando que se tolera excesivamente la violencia contra las mujeres, incluidos el acoso y los abusos sexuales; que, de hecho, constituye una violación de los derechos fundamentales producida por el sistema y una forma grave de delincuencia que debe condenarse como tal; que debe ponerse fin a la impunidad, garantizando el enjuiciamiento de los autores y un apoyo y reconocimiento adecuados por parte del sistema judicial a las mujeres y niñas que hayan sobrevivido a la violencia, a fin de romper el círculo vicioso de silencio y soledad de quienes son víctimas de la violencia;
J. Considerando que los que perpetran la violencia de género son a menudo conocidos de la víctima y que esta se encuentra muchas veces en una posición de dependencia, lo que acrecienta su miedo a denunciar los actos de violencia;
K. Considerando que los estereotipos de género y el sexismo, incluido el discurso de odio sexista, que tienen lugar en todo el mundo, tanto dentro como fuera de internet, en la esfera pública y en la vida privada, constituyen una de las causas principales de todas las formas de violencia contra las mujeres;
L. Considerando que todos los Estados miembros han firmado el Convenio de Estambul, pero que solo quince de ellos lo han ratificado; que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul no exime a los Estados miembros de la ratificación nacional de este instrumento;
M. Considerando que el artículo 40 del Convenio de Estambul establece que «las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para que toda forma de comportamiento no deseado, verbal, no verbal o físico, de carácter sexual, que tenga por objeto o resultado violar la dignidad de una persona, en particular cuando dicho comportamiento cree un ambiente intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, sea castigado con sanciones penales u otro tipo de sanciones legales»;
N. Considerando que la violencia y el acoso sexual en espacios públicos es una lacra que se extiende por toda la Unión;
O. Considerando que la violencia y el acoso en la vida política se dirigen de forma desproporcionada contra las mujeres a causa de su sexo;
P. Considerando que esta violencia constituye una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluida la obligación de garantizar la libre participación de las mujeres en la representación política; que dichas libertades están consagradas en acuerdos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Plataforma de Acción de Beijing y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS);
Q. Considerando que, según una encuesta de la Unión Interparlamentaria (UIP) en la que se preguntó a mujeres que participan en la vida política en todo el mundo, incluidos quince países europeos, el 81,8 % de las encuestadas del conjunto de países y regiones habían experimentado violencia psicológica y el 65,5 % habían sido objeto de comentarios sexistas vejatorios varias veces o a menudo durante su mandato parlamentario;
R. Considerando que en el artículo 12 bis del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea se define «acoso sexual»;
S. Considerando que la mayoría de los Parlamentos nacionales de la Unión carecen de medidas decididas para combatir el acoso sexual y los abusos sexuales en el lugar de trabajo; que el Parlamento ha creado un Comité Consultivo concreto que se encarga de tramitar las quejas por acoso entre los asistentes parlamentarios acreditados y los diputados al Parlamento Europeo, y, por otra parte, el Comité Consultivo sobre el acoso y su prevención en el lugar de trabajo está a cargo de otros procedimientos formales relativos al personal de la administración del Parlamento y de los grupos políticos;
Tolerancia cero frente al acoso y los abusos sexuales en la Unión
1. Condena todas las formas de violencia contra la mujer y lamenta que, a menudo, las mujeres y las niñas estén expuestas al acoso y los abusos sexuales, que constituyen una violación grave de sus derechos humanos y dignidad;
2. Expresa su firme apoyo a todas las mujeres y niñas que han participado en la campaña #MeToo, especialmente a aquellas que han denunciado a sus agresores;
3. Pide una vez más a la Comisión que presente una estrategia integral de la Unión para combatir todas las formas de violencia de género, en particular el acoso y los abusos sexuales de los que son objeto las mujeres y niñas;
4. Pide que se cree un instrumento legislativo de Derecho penal consistente en una directiva contra la violencia de género, incluidos el acoso y los abusos sexuales, y en medidas para establecer el marco de las seis pes [policy, prevention, protection, prosecution, provision y partnership (política, prevención, protección, persecución, previsión y asociación)] para combatir el acoso y los abusos sexuales de los que son objeto las mujeres; insiste en que los Estados miembros garanticen que los agresores son castigados de acuerdo con la gravedad del delito, tengan la obligación de mostrar la debida diligencia y registrar e investigar todas las formas de violencia de género, en particular los delitos de acoso sexual, con el fin de incoar acciones públicas, y establezcan planes para elaborar protocolos de investigación específicos para la Policía y los profesionales del sector sanitario con el fin de obtener pruebas de acoso y abusos sexuales;
5. Recuerda que el acoso sexual puede adoptar distintas formas (física, verbal o escrita, entre otras) y pueden participar en él personas tanto del mismo sexo como del sexo contrario; afirma que hay un abanico de distintos tipos de comportamiento que pueden ser considerados acoso sexual, como las promesas de recompensa de todo tipo (trato de favor en la carrera profesional, por ejemplo) a cambio de la aceptación de favores sexuales, o las amenazas de represalias en caso de rechazo de esos favores; la repetición de comentarios groseros o sugerentes o de insinuaciones de carácter sexual; la utilización de un lenguaje o de gestos soeces y obscenos; los cumplidos reiterados y exagerados sobre la apariencia de un o una colega; los contactos físicos, roces, pellizcos o besos deliberados y no deseados; los actos de voyerismo o exhibicionismo, y el uso de material pornográfico;
6. Pide a los Estados miembros que criminalicen el acoso y los abusos sexuales en todas sus formas y se comprometan plenamente a garantizar su eliminación efectiva, lo que incluye, sin ánimo de exhaustividad, la criminalización del acoso sexual en los espacios públicos, la vida política y el lugar de trabajo; la realización de campañas de sensibilización sobre los derechos de las víctimas de acoso sexual e intimidación; la formación de la Policía y los miembros del sistema de justicia penal en lo que respecta a los derechos de las víctimas y el seguimiento de un protocolo estricto para el apoyo a las víctimas y la investigación de los casos de acoso sexual e intimidación, y la asistencia letrada gratuita y la ayuda a las víctimas que denuncian ante los tribunales;
7. Pide a la Comisión que promueva activamente un cambio de actitud y de comportamiento y luche contra el sexismo y los estereotipos de género también mediante el fomento de un lenguaje no sexista, con una acción concertada que aborde el papel central que desempeñan los medios de comunicación y la publicidad en este ámbito, y que anime a todas las personas, incluidos hombres y niños, a colaborar activamente en la prevención de todas las formas de violencia;
8. Pide a los Estados miembros que hagan que la sensibilización sobre el consentimiento sexual y el acoso sexual resulte obligatoria en sus sistemas educativos;
9. Pide a la Comisión que entable y mantenga de manera activa un diálogo con los medios de comunicación en cuanto a la responsabilidad de estos a la hora de brindar información objetiva sobre el acoso y la violencia sexual en los espacios públicos, en el trabajo y en otros lugares, y que les anime a que den importancia a las campañas de sensibilización y a la labor llevada a cabo por la sociedad civil para combatir la violencia contra las mujeres;
10. Pide a los Estados miembros que den cumplimiento a las directivas vigentes de la Unión relativas a este tema, en particular la Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, y la Directiva 2004/113/CE, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, en las que se definen los términos «acoso» y «acoso sexual » y se condenan los actos conexos, y que asignen recursos humanos y financieros suficientes a la prevención y la lucha contra la violencia, el acoso sexual y los abusos sexuales contra las mujeres, a la capacitación de las mujeres y las niñas, a la protección de las víctimas, y a la compensación de estas;
11. Solicita a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección, el Reglamento (UE) n.º 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil y la Directiva 2012/29/UE sobre la protección de las víctimas; pide a la Comisión que publique su informe de aplicación, que estaba previsto para el 1 de enero de 2016;
12. Insta a la Comisión a que revise la Decisión marco vigente de la Unión relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal, a fin de incluir en ella el sexismo, los delitos motivados por prejuicios y la incitación al odio por motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales;
13. Pide a la Comisión que se produzcan mejoras en cuanto a la recopilación de datos desagregados y comparables sobre la violencia de género a escala de la Unión;
Acoso sexual en los parlamentos, incluido el Parlamento Europeo
14. Pide a los Estados miembros que examinen la situación del acoso y los abusos sexuales, adopten medidas decididas para luchar contra este fenómeno en sus Parlamentos nacionales, y apliquen y garanticen el adecuado cumplimiento de una política de respeto y dignidad en el trabajo para los parlamentarios elegidos y el personal; solicita que la aplicación de dicha política sea objeto de seguimiento;
15. Pide a los Estados miembros que brinden apoyo y protección a los parlamentarios que estén en contacto con el público, en particular los que sean objeto de abusos sexuales y de amenazas de violencia de género, también en internet;
16. Pide que se cree un comité de expertos independientes con la misión de examinar la situación del acoso y los abusos sexuales en el Parlamento Europeo;
17. Insta a la propia institución a que tipifique como delitos el acoso sexual y los abusos sexuales cometidos en su propio seno cuando no existe consentimiento por parte de la víctima, de modo que se persiga de oficio a los autores de este tipo de delito;
18. Solicita a la propia institución que examine y refuerce el funcionamiento del Comité Consultivo que se encarga de tramitar las quejas por acoso entre los asistentes parlamentarios acreditados y los diputados al Parlamento Europeo; pide que se refuerce el Comité Consultivo sobre el acoso y su prevención con vistas a reforzar sus medidas positivas y a evitar los conflictos de intereses en relación con los miembros de estos importantes órganos, y que se establezca un comité especial sobre el acoso sexual, que incluya a un asesor jurídico y a representantes del servicio médico, con miras a investigar casos constatados, llevar un registro confidencial de casos y adoptar los mejores medios para velar por una tolerancia cero a todos los niveles de la institución;
19. Pide a la propia institución que apoye plenamente a las víctimas que presenten denuncias en su seno o ante la Policía, que active, cuando resulte necesario, una protección de emergencia o medidas de salvaguardia y que aplique plenamente el artículo 12 bis del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea, velando por la investigación exhaustiva de los casos y por la adopción de medidas disciplinarias;
20. Pide a la institución que garantice la puesta en marcha de un plan de acción sólido y eficaz para la prevención y el apoyo, así como la formación obligatoria para todo el personal y los diputados en materia de respeto y dignidad en el trabajo, con el fin de garantizar que el enfoque de tolerancia cero se convierta en norma; decide poner en marcha campañas de sensibilización dirigidas a todos los diputados y todos los servicios de la administración y que presten atención a los grupos en una posición más vulnerable, como los becarios, los asistentes parlamentarios acreditados y los agentes contractuales, así como crear una red institucional de consejeros confidenciales para apoyar y asesorar a las víctimas, emulando la práctica habitual en la Comisión;
o
o o
21. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Parlamento Europeo, a los Parlamentos y los Gobiernos nacionales de los Estados miembros, al Consejo, a la Comisión y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.