Documento de sesión
22.11.2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno
sobre la situación en Yemen
( 2017/2849(RSP) )
Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans
en nombre del Grupo ALDE
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Yemen
( 2017/2849(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Yemen, en particular las de 25 de febrero de 2016[1] y 15 de junio de 2017[2] sobre la situación humanitaria en Yemen, y de 9 de julio de 2015[3] sobre la situación en Yemen,
– Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre las exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC[4],
– Vistas las conclusiones del Consejo de los días 20 de abril de 2015, 16 de noviembre de 2015 y 3 de abril de 2017,
– Vistas la declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de 8 de octubre de 2016, sobre el atentado en Yemen, de 19 de octubre de 2016, sobre el alto el fuego en Yemen, y de 21 de noviembre de 2017, sobre la situación en Yemen,
– Vista la Reunión de Alto Nivel sobre Promesas de Contribuciones para la Crisis Humanitaria del Yemen, organizada por las Naciones Unidas el 25 de abril de 2017, durante la cual se comprometieron 1 100 millones de dólares estadounidenses para cubrir un déficit de financiación de 2 100 millones de dólares estadounidenses para 2017,
– Vista la declaración, de 24 de mayo de 2017, del comisario de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis, Christos Stylianides, sobre el brote de cólera en Yemen, el segundo en menos de un año en este país asolado por la guerra,
– Vista la declaración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante el 36.º periodo parcial de sesiones del Consejo de Derechos Humanos el 11 de septiembre de 2017, así como las declaraciones efectuadas el 19 de septiembre y el 7 de noviembre de 2017 por Rupert Colville, portavoz del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
– Visto el informe del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 5 de septiembre de 2017, sobre la situación de los derechos humanos en Yemen, incluidas las violaciones y los abusos desde septiembre de 2014,
– Vistas las declaraciones presidenciales, pronunciadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 15 de junio de 2017, en las que se pedía a los partidos yemeníes que participaran de manera constructiva en un intento de buena fe por resolver el conflicto, y de 9 de agosto de 2017 sobre la amenaza de la hambruna en Yemen,
– Vista la Resolución A/HRC/36/L.8 adoptada el 29 de septiembre de 2017 en el 36.º periodo parcial de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que se solicita al alto comisionado que cree un grupo de destacados expertos internacionales y regionales con el mandato de supervisar e informar sobre la situación de los derechos humanos y llevar a cabo un examen completo de todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos internacionales y otros ámbitos adecuados y pertinentes de la legislación internacional cometidos por todas las partes en conflicto desde septiembre de 2014,
– Vista la declaración sobre Yemen realizada el 18 de agosto de 2017 ante el Consejo de Seguridad por Stephen O’Brien, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones Unidas,
– Vista la carta conjunta de las ONG a los representantes permanentes de los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Yemen, y en particular las Resoluciones 2342 (2017), 2266 (2016), 2216 (2015), 2201 (2015) y 2140 (2014),
– Vistas las declaraciones del enviado especial de las Naciones Unidas para Yemen, Ismail Uld Cheij Ahmed, de 30 de enero, 12 de julio, 19 de agosto y 26 de octubre de 2017 sobre la situación en Yemen,
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que, pese a la presión internacional para que se encuentre una solución política estable e integradora a la crisis, las partes en el conflicto y sus valedores regionales e internacionales, incluidos Arabia Saudí e Irán, no han logrado alcanzar un acuerdo de alto el fuego ni de ningún otro tipo, y que los combates y los bombardeos indiscriminados no cesan; que ninguna de las partes ha logrado una victoria militar ni es probable que lo consiga en el futuro; que encontrar una solución política al conflicto bajo los auspicios de la iniciativa de paz de las Naciones Unidas en Yemen debería ser una prioridad para la Unión y para la comunidad internacional en su conjunto;
B. Considerando que Arabia Saudí ha impedido en el pasado que los envíos de ayuda humanitaria lleguen a Yemen mediante el bloqueo de sus puertos marítimos y aeropuertos; que desde el 6 de noviembre de 2017 Arabia Saudí ha seguido bloqueando todos los puertos de entrada a Yemen, con lo que priva a millones de personas de los alimentos y de la ayuda humanitaria que tanto necesitan; que más de 20 millones de yemeníes, más del 70 % de la población total, dependen de los envíos de ayuda humanitaria para mantener la vida; que los organismos humanitarios han advertido de que, si no se levanta el bloqueo, Yemen se enfrentará a la mayor hambruna que se ha visto en el mundo en décadas, con millones de víctimas;
C. Considerando que un proyecto de resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, patrocinado por los Países Bajos y Canadá, en el que se pedía una comisión de investigación independiente para investigar las atrocidades que se cometen, se vio rebajado tras las presiones de Arabia Saudí, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos;
D. Considerando que, según las Naciones Unidas, más de 8 000 personas, un 60 % de las cuales son civiles, han perdido la vida y que más de 50 000 han resultado heridas, incluido un gran número de niños, en ataques aéreos y combates sobre el terreno desde que la coalición liderada por Arabia Saudí intervino en la guerra civil de Yemen en marzo de 2015; que los combates, tanto sobre el terreno como en el aire, han hecho imposible que el personal de vigilancia destacado sobre el terreno de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pueda acceder a la zona para comprobar el número de víctimas civiles; que, por tanto, estas cifras reflejan solo los muertos y heridos que el ACNUDH ha conseguido corroborar y confirmar;
E. Considerando que, habida cuenta de la grave crisis de seguridad alimentaria actual y la epidemia de cólera, cualquier retraso en el restablecimiento y la ampliación del acceso humanitario costará miles de vidas y empeorará la catástrofe humanitaria que se está produciendo en todo Yemen;
F. Considerando que el número de víctimas civiles sigue aumentando; que ambas partes en conflicto han contribuido a la continuación de la violencia; que los ataques aéreos del conflicto siguen causando efectos devastadores, sobre todo en la vida civil y en la infraestructura; que las numerosas muertes de civiles en Yemen han sido causadas por los grupos armados hutíes y las fuerzas afiliadas, entre ellas las fuerzas pro-Saleh, inclusive mediante el uso de municiones antiaéreas que detonan después de haber aterrizado en zonas pobladas, lo que provoca la muerte y mutilación de civiles; que, en numerosas ocasiones, los ataques aéreos y bombardeos indiscriminados de la coalición militar liderada por Arabia Saudí han matado a civiles, incluidos niños, lo que constituye una grave violación del Derecho internacional humanitario;
G. Considerando que el caos y la violencia continua han llevado a un crecimiento rápido de Al-Qaeda de la Península Arábiga y del Dáesh, y les han permitido fortalecerse y llevar a cabo ataques cada vez más frecuentes y mortales; que ambos grupos terroristas controlan territorios en el sur y el este de Yemen, y han llevado a cabo ataques devastadores en todo el país;
H. Considerando que el ataque y la destrucción de infraestructuras, tales como escuelas, hospitales, infraestructuras hídricas y centrales eléctricas, por parte de la coalición liderada por Arabia Saudí han agravado los problemas de índole humanitaria que padece la población civil yemení; que menos del 45 % de las instalaciones médicas del país pueden funcionar; que estos ataques contra infraestructuras civiles constituyen crímenes de guerra con arreglo al Derecho internacional; que los hutíes y grupos aliados, incluidas las fuerzas favorables a Saleh, han sido acusados de perpetrar violaciones del Derecho internacional humanitario, por ejemplo ataques indiscriminados y desproporcionados, además de llevar a cabo ataques desde zonas cercanas a escuelas y hospitales, lo que pone en peligro a la población civil próxima;
I. Considerando que se ha registrado un aumento espectacular de las operaciones mortales extraterritoriales ejecutadas por los Estados Unidos desde enero de 2017, con un mínimo de 115 ataques confirmados; que muchas personas, incluidos mujeres, niños y personas mayores, han resultado muertas, gravemente heridas o traumatizadas por tales operaciones antiterroristas mortales, y que ha surgido la preocupación de que estas operaciones vulneren los principios que fija el Derecho internacional en materia de derechos humanos; que existe una imperiosa necesidad de investigaciones independientes e imparciales de tales operaciones mortales ejecutadas por las fuerzas de la coalición, que tienen como consecuencia muertes potencialmente ilícitas sobre la base del Protocolo de Minnesota; que existen pruebas de que los Estados miembros de la Unión facilitan apoyo directo e indirecto a estas operaciones letales mediante, entre otros medios, el suministro de información y otro apoyo operativo;
J. Considerando que la mayoría de los ataques perpetrados por las fuerzas de los Estados Unidos en Yemen se realizan con drones; que la decisión de añadir a determinadas personas a las listas de objetivos de las operaciones con drones se toma, a menudo, sin orden ni resolución judiciales; que el establecimiento como objetivo y el asesinato posterior de determinadas personas se llevan a cabo sin garantías procesales y, por tanto, en tales circunstancias, pueden contemplarse como ejecuciones extrajudiciales;
K. Considerando que la situación humanitaria en Yemen ha alcanzado un nivel sin precedentes; que, en septiembre de 2017, había 2,9 millones de desplazados internos; que, ese mismo mes, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, 20,7 millones de personas necesitaban ayuda alimentaria, de las cuales, 9,8 millones se encontraban en una situación de acuciante necesidad y requerían asistencia inmediata para salvar sus vidas; que más de 7 millones de personas están al borde de la hambruna;
L. Considerando que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas informó de que, el 10 de septiembre de 2017, había un total acumulado de 652 542 presuntos casos de cólera, con 2 066 muertes asociadas; que resulta difícil determinar con precisión el número real de casos de cólera, pues existe un acceso limitado a muchas regiones y muchos posibles pacientes reciben tratamiento antes del diagnóstico completo;
M. Considerando que la Organización Mundial de la Salud informa de que más de la mitad de todas las instalaciones sanitarias han cerrado a causa de los daños, la destrucción o de la falta de fondos y que escasean gravemente los suministros médicos; que 30 000 trabajadores sanitarios clave llevan más de un año sin recibir su salario;
N. Considerando que la escasez de combustible tiene como consecuencia una escasez creciente de agua limpia; que sin electricidad ni energía los hospitales están mal equipados para combatir la epidemia de cólera que se está propagando rápidamente por culpa de la falta de agua potable segura y de saneamiento; que la crisis de desnutrición es de enormes proporciones;
O. Considerando que, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), dos millones de niños han dejado de recibir cualquier tipo de educación; que la OCAH afirma que en estos momentos hay más de 1 700 escuelas que no se pueden utilizar por haber sufrido daños como consecuencia del conflicto, albergar desplazados internos o hallarse ocupadas por grupos armados; que se han documentado casos de reclutamiento y utilización de niños en los combates o en tareas militares; que miles de profesores, tras más de un año sin cobrar, se han visto obligados a dejar su trabajo y hallar otras fuentes de ingresos; que la destrucción de infraestructuras esenciales hace difícil el acceso a las escasas escuelas que siguen en funcionamiento;
P. Considerando que el actual conflicto supone una amenaza para la estabilidad de toda la región, incluido el Cuerno de África, una región ya inestable; que, para las actividades internacionales de lucha contra el extremismo y la violencia tanto dentro como fuera de la región, así como para la paz y estabilidad del propio país, es fundamental que la situación en Yemen sea estable y segura y que el Gobierno del país funcione correctamente;
Q. Considerando que hay un reiterado bloqueo al acceso de los periodistas a Yemen, en concreto por parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí, hasta el punto de prohibirles ir en los vuelos de ayuda de las Naciones Unidas a la capital, Saná, que está en manos de los rebeldes hutíes;
R. Considerando que algunos Estados miembros de la Unión, especialmente el Reino Unido, Francia y Alemania, han seguido autorizando transferencias de armas a Arabia Saudí desde la escalada del conflicto; que parece ser que estas armas han sido utilizadas en los bombardeos indiscriminados de civiles y objetivos civiles en Yemen; que, en tales circunstancias, las ventas de armas infringen la Posición Común 2008/944/PESC sobre el control de la exportación de armas, en la que se descarta explícitamente la autorización por los Estados miembros de licencias de exportación cuando existe un riesgo manifiesto de que la tecnología o los equipamientos militares exportados puedan utilizarse para cometer violaciones del Derecho internacional humanitario y para debilitar la paz, la seguridad y la estabilidad en una región; que estas exportaciones a Arabia Saudí no son conformes, como mínimo, con el criterio 2, en lo que se refiere a la participación del país en violaciones graves del Derecho humanitario, tal y como establecen las autoridades competentes de las Naciones Unidas; que el Parlamento hizo hincapié el 26 de febrero de 2016 en la urgente necesidad de imponer un embargo a la venta de armas a Arabia Saudí; que las sanciones selectivas contra líderes hutíes están vigentes desde 2014;
S. Considerando que, desde que estalló el conflicto en 2015, la Unión ha destinado 171 millones de euros a ayuda humanitaria y asistencia vital; que se han asignado 121,7 millones de euros más a Yemen; que el Plan de Respuesta Humanitaria para Yemen, con el que se pretende atender a 12 millones de personas, asciende a 2 300 millones de dólares estadounidenses; que, a fecha de 20 de octubre de 2017, dicho Plan únicamente estaba financiado en un 55,8 %;
1. Condena taxativamente la violencia que asuela Yemen y todos los ataques dirigidos contra la población y las infraestructuras civiles; subraya su preocupación por un conflicto que sigue degenerando en una de las crisis humanitarias, políticas y económicas más graves que hay en estos momentos; recuerda a todas las partes, en particular a sus valedores regionales e internacionales, que los ataques deliberados a la población y las infraestructuras civiles —en particular, los hospitales y el personal sanitario— constituyen graves violaciones del Derecho internacional;
2. Insiste en que la solución al conflicto era y sigue siendo política, así como en que los verdaderos agentes sobre el terreno, excepción hecha de los grupos terroristas, son los únicos que pueden, pacíficamente, dirimir sus diferencias y abordar las causas profundas del conflicto; manifiesta su consternación por el alarmante deterioro de la situación humanitaria en Yemen, que seguirá yendo a peor mientras no haya una solución política; insta a la comunidad internacional a que disponga el enjuiciamiento penal internacional de los responsables de las violaciones del Derecho internacional humanitario perpetradas en Yemen;
3. Conmina a Arabia Saudí a que, con carácter inmediato e integral, levante el bloqueo, permita el acceso a todos los puertos de entrada a Yemen, y facilite un acceso humanitario continuo y sin restricciones a los millones de personas necesitadas; insta a todas las partes a que aboguen por el cese inmediato de las hostilidades y la reanudación de las negociaciones; solicita a todos los Estados implicados, en particular a Arabia Saudí e Irán, que ejerzan la máxima presión sobre todas las partes en el conflicto al objeto de avanzar en la distensión de este y su solución política; pide a Irán que de forma inmediata deje de proporcionar ayuda política y financiera a las fuerzas hutíes en Yemen, bien directamente o mediante intermediarios;
4. Manifiesta su pleno apoyo a la labor del enviado especial de las Naciones Unidas, Ismail Uld Cheij Ahmed, en pos de una solución política; respalda toda medida tendente al cese de las hostilidades y se muestra dispuesto a brindar su apoyo a aquellas nuevas iniciativas que, dando aplicación plena e inmediata a todas las disposiciones de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tengan por objeto la distensión y acaben desembocando en un acuerdo negociado que respete la independencia y soberanía de Yemen; solicita la ampliación del diálogo a escala regional y que se incluya a agentes de la sociedad civil, de modo que se garantice un proceso de paz integrador; recuerda a las partes que todos los agentes serán responsables de la futura reconstrucción de Yemen; es consciente de la importancia que reviste que la inclusión de las mujeres sea significativa a lo largo de todo este proceso;
5. Recuerda a todas las partes implicadas que la persistencia del caos y la inestabilidad ocasionados por este conflicto armado sin carácter internacional y el hundimiento del Ejército refuerza a grupos extremistas como Al‑Qaeda de la Península Arábiga y el EIIL/Dáesh; afirma el compromiso de la Unión de oponerse a los grupos extremistas y sus ideologías, y destaca la necesidad de que las partes de la región actúen de igual modo;
6. Condena la intensificación de los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí sobre los objetivos ya mencionados y las víctimas civiles, niños incluidos, que provocan; condena los ataques indiscriminados análogos por parte de los hutíes y las fuerzas aliadas, que han acarreado la muerte de civiles, así como el uso por estos grupos de hospitales y escuelas como bases para la preparación de sus ataques;
7. Reitera su llamamiento a todas las partes para que respeten el Derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, con vistas a garantizar la protección de la población civil, y se abstengan de atacar directamente las infraestructuras civiles, en particular, las instalaciones médicas y los sistemas de abastecimiento de agua;
8. Apoya plenamente las iniciativas de los Estados miembros y de terceros países para la creación de mecanismos internacionales que recaben pruebas y exijan responsabilidades a quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos o infracciones del Derecho internacional humanitario, incluidas las relativas a la violencia sexual y de otro tipo contra mujeres, hombres, niñas y niños; pide la creación de una comisión internacional de investigación dotada de un mandato de las Naciones Unidas para que documente e investigue estas violaciones; lamenta que se haya impedido todo intento de poner en marcha una investigación independiente;
9. Lamenta el drástico aumento de las operaciones antiterroristas letales en Yemen; conmina al Consejo, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) y a los Estados miembros a que se opongan a las ejecuciones extrajudiciales, reafirmen la posición de la Unión de conformidad con el Derecho internacional, y velen por que los Estados miembros no efectúen o faciliten operaciones letales ilegales o participen en ellas de cualquier otro modo; insta a la VP/AR, a los Estados miembros y a los terceros países a que se comprometan a investigar, con arreglo a sus obligaciones de conformidad con el Derecho internacional, las denuncias creíbles de muertes potencialmente ilegales y a que adopten una posición común sobre el uso de drones armados al margen de conflictos armados;
10. Pide a todas las partes que realizan operaciones militares en Yemen que aumenten sus salvaguardias para garantizar la protección de las vidas de los civiles; solicita a los Estados Unidos y a sus socios que pongan su programa de drones bajo control judicial y que garanticen que no se realizan ejecuciones mediante ataques con drones sin garantías procesales;
11. Celebra la creación del grupo de destacados expertos internacionales y regionales con el mandato de supervisar e informar sobre la situación de los derechos humanos y llevar a cabo un examen completo de todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos internacionales y otros ámbitos adecuados y pertinentes de la legislación internacional cometidos por todas las partes en conflicto desde marzo de 2015;
12. Respalda el llamamiento de la Unión a todas las partes en conflicto para que tomen las medidas necesarias con miras a prevenir y dar respuesta a todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y de género, en situaciones de conflicto armado; condena enérgicamente las violaciones de los derechos de los niños y expresa su preocupación por el limitado acceso de estos incluso a la asistencia sanitaria y a la educación básicas; condena el reclutamiento y la utilización de niños soldados en las hostilidades, tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados de la oposición;
13. Destaca la necesidad de emprender una acción humanitaria coordinada y celebra la manera en que ha reaccionado la Unión al prestar ayuda humanitaria, en particular la movilización de ayuda para el desarrollo destinada a financiar proyectos en sectores cruciales; insta a todos los Estados miembros a que no cejen en su apoyo al Plan de Respuesta Humanitaria para Yemen de las Naciones Unidas y le destinen más fondos, a fin de poder alcanzar los objetivos establecidos; lamenta que siga existiendo un déficit de financiación en lo que respecta a la ayuda humanitaria a Yemen;
14. Conmina a todas las partes a que permitan el acceso de los periodistas a Yemen, lo que incluye todos los territorios y poder pasar de un frente a otro dentro del país; señala que el bloqueo al acceso de los periodistas a Yemen tiene la culpa de la falta de cobertura informativa de esta crisis, lo que supone un obstáculo para la labor de los trabajadores de ayuda humanitaria a la hora de llamar la atención de la comunidad internacional y los donantes sobre lo catastrófico de la situación;
15. Pide a todas las partes que, con carácter urgente, den su apoyo al desembolso inmediato de su sueldo a los funcionarios que trabajan en servicios básicos esenciales, como la sanidad, el agua, el saneamiento y la educación;
16. Subraya que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe, con carácter urgente, abordar esta situación humanitaria de emergencia y avanzar en el fomento de la confianza entre los bandos de tal modo que se propicien las negociaciones políticas; alienta el rápido acuerdo sobre el despliegue de más supervisores del mecanismo de verificación e inspección de las Naciones Unidas, el aumento de la capacidad de todos los puertos yemeníes y un mayor acceso al aeropuerto de Saná;
17. Pide a los países donantes que ejerzan mayor presión diplomática y exijan el libre acceso tanto de la ayuda humanitaria, alimentos y suministros médicos incluidos, como de todos los periodistas y trabajadores de ayuda humanitaria;
18. Solicita a la VP/AR que proponga con carácter de urgencia una estrategia integrada de la Unión para Yemen y redoble los esfuerzos en favor de una iniciativa de paz para este país bajo los auspicios de las Naciones Unidas; pide en este sentido el nombramiento de un representante especial de la Unión Europea para Yemen;
19. Solicita a la VP/AR y a los Estados miembros que respeten el Derecho internacional humanitario y promuevan efectivamente su cumplimiento de acuerdo con lo establecido en las directrices pertinentes de la Unión; reitera, en particular, que todos los Estados miembros deben aplicar de forma estricta las normas establecidas en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo sobre la exportación de armas; recuerda en este sentido su Resolución de 25 de febrero de 2016 en la que instaba a la VP/AR a que impusiera un embargo a la venta de armas a Arabia Saudí; reitera su petición a la VP/AR en el sentido de que ponga en marcha una iniciativa destinada a imponer dicho embargo a Arabia Saudí; recuerda su Resolución de 13 de septiembre de 2017 e insiste en que las exportaciones a Arabia Saudí no son conformes, como mínimo, con el criterio 2, en lo que se refiere a la participación del país en violaciones graves del Derecho humanitario, tal y como establecen las autoridades competentes de las Naciones Unidas; pide en este sentido a todos los Estados miembros que se abstengan de vender armas y equipos militares a Arabia Saudí;
20. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, al secretario general de la Liga de los Estados Árabes y a todas las partes en conflicto, así como que vele por que este texto se traduzca al árabe.