Documento de sesión
11.12.2017
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad
presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno
sobre la situación en Afganistán
( 2017/2932(RSP) )
Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Eleonora Forenza, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Miguel Urbán Crespo
en nombre del Grupo GUE/NGL
Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Afganistán
( 2017/2932(RSP) )
El Parlamento Europeo,
– Vistos sus anteriores informes y resoluciones sobre Afganistán,
– Vista la nueva estrategia de la Unión para Afganistán, adoptada por el Consejo de la Unión el 16 de octubre de 2017,
– Vistas las Conclusiones del Consejo de 18 de julio de 2016,
– Visto el nombramiento del nuevo enviado especial de la Unión para Afganistán, Roland Kobia, el 1 de septiembre de 2017 y su reciente visita a este país los días 25 y 26 de octubre de 2017,
– Vistas las reuniones del dialogo local sobre derechos humanos UE-Afganistán celebradas el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2016,
– Vistas la decisión adoptada por los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión, el 27 de mayo de 2013, de prorrogar la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL) hasta el 31 de diciembre de 2014, y la decisión del Consejo, de 23 de junio de 2014, de aceptar en principio la ampliación de EUPOL hasta acabar 2016,
– Vista la declaración de 3 de noviembre de 2017 de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, en relación con su decisión de solicitar autorización judicial para abrir una investigación sobre la situación en la República Islámica de Afganistán,
– Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Afganistán, incluida la Resolución 2189 de 12 de diciembre de 2014,
– Visto el informe anual 2016 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA),
– Vista la Misión de Apoyo Decidido, misión de seguimiento de la OTAN que empezó su andadura en Afganistán el 2 de enero de 2015,
– Vistos el Acuerdo Bilateral de Seguridad (BSA) entre los Estados Unidos y Afganistán, y el Convenio OTAN-Afganistán relativo al Estatuto de sus Fuerzas y de su Personal (SOFA de la OTAN), firmados ambos el 30 de septiembre de 2014,
– Vista la nueva estrategia de los Estados Unidos para Afganistán, presentada por el presidente Trump el 21 de agosto de 2017,
– Vista la conferencia internacional de donantes organizada por la Unión en Bruselas el 5 de octubre de 2016 («Conferencia de Bruselas sobre Afganistán») y el documento (renovado y actualizado) adoptado en dicha reunión, «Marco de autonomía mediante la rendición mutua de cuentas»,
– Vista la declaración de la Unión y Afganistán relativa a la Acción conjunta para el futuro sobre cuestiones relativas a la migración, dada a conocer el 5 de octubre de 2016, y la primera reunión del grupo de trabajo conjunto celebrada en noviembre de 2016,
– Visto el informe de Amnistía Internacional «Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan» (Obligados a volver al peligro: solicitantes de asilo devueltos por Europa a Afganistán), publicado el 5 de octubre de 2017,
– Vista la adhesión de Afganistán a la Organización Mundial del Comercio en julio de 2016,
– Vista la baja clasificación de Afganistán en el índice del Informe sobre Desarrollo Humano 2015, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que ocupa el puesto 171 de 187 países,
– Visto el plan de acción nacional para las mujeres de Afganistán (NAPWA),
– Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,
A. Considerando que la situación general en Afganistán por lo que a seguridad se refiere se ha deteriorado considerablemente; que Afganistán fue considerado el segundo país menos seguro del mundo en el Índice de Paz Global 2017; que las nuevas olas de ataques de los talibanes en los últimos meses y la penetración del Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) en Afganistán, con ataques sin precedentes en Kabul y provincias del norte y del este, han dejado hasta un tercio del territorio afgano y una cuarta parte de la población sin acceso a los servicios del Gobierno;
B. Considerando que el informe anual 2016 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados de la UNAMA ha documentado el número más elevado de víctimas desde 2009, en concreto 11 418 víctimas civiles; que se ha informado de un total de más de 25 000 civiles afganos muertos y de un número aún mayor de heridos;
C. Considerando que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha solicitado autorización judicial para abrir una investigación por los crímenes que supuestamente se han cometido en el contexto del conflicto armado que sufre el país desde 2003; que, desde años, dicha fiscal viene recopilando pruebas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos por los talibanes, la policía y los cuerpos de inteligencia afganos y el ejército estadounidense y la CIA, que van de los ataques contra soldados en labores humanitarias al uso de niños soldados, pasando por las torturas de presos, que también se han infligido en centros de reclusión clandestinos radicados en algunos Estados miembros, como Polonia, Lituania y Rumanía;
D. Considerando que el nuevo Gobierno estadounidense ha aumentado su presencia militar en Afganistán hasta un total de más de 14 000 soldados; que la estrategia del presidente Trump para Afganistán consiste en un compromiso por tiempo indefinido, con arreglo al cual la retirada de las tropas dependerá de las condiciones sobre el terreno, sin que se hayan establecido plazos para el fin de la intervención militar estadounidense;
E. Considerando que Afganistán es el país donde se sufren más bombardeos llevados a cabo por drones, y que las nuevas normas estadounidenses sobre el uso de drones aumentan el riesgo para los civiles; que los ataques y las represalias han causado graves pérdidas de vidas humanas;
F. Considerando que la reciente decisión de los Estados Unidos de intensificar los ataques aéreos y las operaciones de las fuerzas especiales pueden aumentar el número de muertos y heridos civiles; que, tras la muerte de 13 civiles en una operación dirigida por la OTAN en la región septentrional de Kunduz, las autoridades militares afganas y estadounidenses se comprometieron, sin facilitar más detalles, a abrir una investigación; que no se ha actuado penalmente contra ninguno de los responsables del ataque aéreo de las fuerzas estadounidenses contra un hospital de Médicos sin Fronteras en Kunduz en 2015, en el que 42 pacientes y miembros del personal resultaron muertos o heridos;
G. Considerando que los recientes datos de las Naciones Unidas sobre víctimas civiles, publicados el mes pasado, registran 205 muertos y 261 heridos en los primeros nueve meses de 2017, lo que supone un incremento, motivado por los ataques aéreos, del 52 % en comparación con el mismo período del año anterior; que los talibanes y otros grupos rebeldes armados son responsables de la mayoría de las víctimas civiles, en concreto, según la UNAMA, de aproximadamente el 60 %;
H. Considerando que en 2016, 600 000 personas fueron desplazadas, con lo que el número total de desplazados internos asciende a 1,5 millones; que 9,3 millones de afganos necesitan perentoriamente asistencia humanitaria y 9 millones de personas no tienen acceso o tienen un acceso limitado a servicios sanitarios esenciales; que 3 millones de afganos han huido a Pakistán e Irán, mientras que un millón volvió al país en 2016;
I. Considerando que la Acción conjunta para el futuro UE-Afganistán se estableció para supeditar la ayuda a la readmisión de nacionales afganos que se encuentran en la Unión, y que se adoptó sin la aprobación del Parlamento Europeo, ya que no hubo un acuerdo formal de readmisión de la Unión; que los afganos siguen siendo el segundo grupo más numeroso de solicitantes de asilo en la Unión; que los Estados miembros han puesto en peligro a miles de solicitantes de asilo afganos, incluidos menores no acompañados, al obligarlos a retornar a un país en el que corren un grave riesgo de tortura, secuestro, muerte y otros abusos de los derechos humanos; que, según un informe de Amnistía Internacional de octubre de 2017, el retorno de migrantes afganos es ilegal;
J. Considerando que la cuantía total de la ayuda facilitada a Afganistán desde 1992 por los Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros y otros donantes internacionales asciende a 130 000 millones USD; que esta cifra es comparable a la del Plan Marshall en Europa; que la ayuda humanitaria de la Unión para Afganistán ascendió a 30,5 millones EUR en 2017 y a 756 millones EUR en los últimos diez años; que, a pesar de ello, la economía sigue encontrándose en una situación muy deteriorada y dependiendo de la ayuda exterior;
K. Considerando que la financiación de las Fuerzas de Seguridad Nacionales Afganas (FSNA) resulta muy costosa; que no existe un compromiso a largo plazo de la Unión ni de otros miembros de la comunidad internacional para financiar el presupuesto de las FSNA; que, incluso con la reducción de personal prevista, el Gobierno afgano no podrá asignarle la financiación requerida; que esto puede provocar una situación peligrosa en la que una policía y un ejército muy militarizados y bien equipados podrían buscar formas alternativas de generar ingresos;
L. Considerando que el 80 % de los niños afganos están escolarizados; que Afganistán sigue ocupando los últimos puestos por lo que a la educación de las niñas se refiere; que las tasas de titulación y la tasa estimada de alfabetización adulta de los ciudadanos que han cumplido los 15 años siguen siendo muy bajas;
M. Considerando que el cultivo de la adormidera y el comercio de opio han aumentado considerablemente, en concreto en un 43 % entre 2015 y 2016;
N. Considerando que, siguiendo las recomendaciones del FMI y otros actores, el Gobierno afgano ha introducido una serie de duras reformas neoliberales, incluido un impuesto lineal, y ha reducido los derechos de aduanas para los productos importados del 43 % al 5,3 %; que estas reformas no han conseguido aumentar significativamente los ingresos del Estado, lo que ha dado lugar a déficits en el presupuesto y la balanza comercial;
O. Considerando que el «enfoque global» de la OTAN ha fracasado, quedando la ayuda al desarrollo subordinada a los objetivos políticos y militares; que este enfoque puede llevar a que determinados actores civiles sean considerados parte en el conflicto por los rebeldes;
P. Considerando que, tras la negociaciones, se ha comenzado a aplicar el acuerdo de paz entre el Gobierno afgano y Hizb-e Islami;
Q. Considerando que, con miras a las próximas elecciones legislativas y presidenciales, el Gobierno afgano ha avanzado en la reforma electoral, adoptando una nueva ley electoral y designando nuevos miembros de los organismos electorales a finales de 2016; que el fraude y la corrupción siguen siendo fenómenos endémicos; que la Unión ha apoyado el plan aplicación de proyecto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para facilitar asesoramiento; que, no obstante, un proceso electoral integrador, transparente y creíble será fundamental para la evaluar la democratización del país;
1. Pone de relieve que tras 16 años de intervención encabezada por los Estados Unidos y la OTAN, y numerosas víctimas, la soberanía y la autonomía sostenible del Estado afgano siguen sin estar garantizadas y que la seguridad ha continuado deteriorándose; destaca que esta presencia militar, especialmente sus operaciones ofensivas, ha avivado parte del conflicto; pide, por consiguiente, la retirada de todas la tropas de la Unión, la OTAN y los Estados Unidos, ya que este conflicto no tiene solución militar;
2. Señala que la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha propuesto una investigación por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y considera que también debería llevarse a cabo otra investigación independiente bajo los auspicios de las Naciones Unidas que incluya las ejecuciones extrajudiciales mediante drones, con el fin de acabar con la cultura de impunidad como elemento fundamental del proceso de estabilización en Afganistán y ganar la confianza pública;
3. Muestra su profunda preocupación por la actitud del Gobierno de los Estados Unidos y su negativa a coordinarse con las Naciones Unidas con miras a la retirada de todas las tropas en cuanto llegue el momento oportuno; se opone a todo nuevo despliegue de tropas;
4. Pide a la Unión que respalde al Gobierno afgano en su objetivo de lograr un proceso de paz y reconciliación global e integrador, que los afganos lideren y hagan suyo, y en el que participen activamente todos los estratos de la sociedad civil y todas las partes en conflicto, incluidos —previo un alto el fuego— los grupos de combatientes e insurrectos y las milicias, ya que ninguna solución duradera al conflicto podrá lograrse de otro modo;
5. Pide que EUPOL Afganistán se transforme en una misión de apoyo a un proceso de desarme, desmovilización y reintegración en la sociedad (DDR) liderado por los propios afganos con el objetivo, entre otros, de desmovilizar a las distintas milicias y reducir en lo posible y a la mayor brevedad el número de miembros de las FSNA ; pide a la Unión que apoye de forma activa el proceso de DDR de antiguos rebeldes liderado por los propios afganos; pide a la Unión y a la OTAN que apoyen y financien adecuadamente los esfuerzos desplegados para la retirada de minas en Afganistán;
6. Subraya la necesidad de una cooperación integradora a escala regional que tenga por objeto promover la paz, la estabilidad y la seguridad a largo plazo en el conjunto de la región; aboga por que la situación de la seguridad en Afganistán y sus países vecinos se enfoque de otro modo, concretamente a través de un foro multilateral para el diálogo y la negociación entre los países y las regiones afectados en el que se adquieran compromisos en cuestiones políticas, de seguridad, sociales, económicas, medioambientales y de derechos humanos; subraya que este foro podría marcar un nuevo enfoque constructivo basado en la apropiación, la autodeterminación y las responsabilidades de los Estados para con sus ciudadanos y entre sí; subraya que este foro debe crearse en cooperación con la Organización de Cooperación Islámica y las Naciones Unidas;
7. Considera que los derechos de la mujer son parte de la solución al problema de la seguridad, y celebra las iniciativas destinadas a que las mujeres tengan un papel más destacado en todas las fases del proceso de paz y reconciliación, ya que será imposible lograr la estabilidad en Afganistán si las mujeres no disfrutan de todos sus derechos en la vida política, social y económica;
8. Observa la falta de progresos significativos en materia de derechos humanos y fundamentales, en particular en lo que respecta a las mujeres y las niñas en Afganistán; expresa su profunda preocupación ante la violencia, la discriminación, los abusos sexuales y las violaciones al amparo de la sharia de que siguen siendo víctimas la mujeres afganas; pide al Gobierno que persista en la aplicación del NAPWA, asignándole los recursos económicos oportunos, así como de la Ley de eliminación de la violencia contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;
9. Alienta al Gobierno afgano a que proceda a establecer un poder judicial independiente y a que garantice la libertad de prensa;
10. Pide a las autoridades afganas que conmuten todas las penas de muerte y reintroduzcan una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición permanente de la pena de muerte; pide asimismo al Gobierno afgano que acabe con todas las formas de tortura y abusos, especialmente en las cárceles;
11. Manifiesta su preocupación por la elevada tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes afganos, por la falta de acceso a la atención médica, por el precario estado del sistema sanitario y por la pobreza en la que vive más de la mitad de la población; destaca la necesidad de que la estrategia de la Unión para Afganistán se centre prioritariamente en la política de desarrollo, en particular en las zonas rurales, en las que vive la mayoría de la población, y en la reducción de la pobreza, y vincule la ayuda al desarrollo a la mejora de las infraestructuras públicas de Afganistán, con el fin de crear empleo y, de este modo, reducir la dependencia del país de los donantes internacionales;
12. Considera que el Contrato de Consolidación Estatal para Afganistán y la Carta de los Ciudadanos, uno de los cinco programas nacionales prioritarios, están contribuyendo a reforzar los esfuerzos de despliegue de infraestructuras públicas y servicios para todos, pero siguen siendo insuficientes desde el punto de vista de una autonomía sostenible, ya que, por otro lado, elementos importantes de las políticas públicas se abandonan en manos del sector privado o así se recomienda en la segunda hoja de ruta de gestión financiera pública y en el correspondiente plan quinquenal de mejora del rendimiento presupuestario; recomienda que se impongan aranceles más elevados para proteger la economía del país y, de este modo, favorecer la perspectiva de mayores exportaciones;
13. Acoge con satisfacción la ley que prohíbe reclutar a niños en las FSNA y el proyecto de Ley del Niño, y alienta a su rápida aplicación;
14. Sigue preocupado por el escaso éxito hasta el momento de las medidas para eliminar el cultivo de opio en Afganistán; pide que se ofrezcan medios de subsistencia alternativos que sean viables y que se adopten medidas para ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población rural en general; acoge favorablemente, en este contexto, el apoyo de la Unión al Programa regional para el Afganistán y los países vecinos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC); insta a las autoridades afganas y a las demás partes interesadas a luchar contra la delincuencia transnacional organizada y el tráfico de drogas;
15. Pide a los Estados miembros que pongan fin inmediatamente a las deportaciones a Afganistán y que regularicen a los solicitantes de asilo afganos, ya que, como demuestra claramente su situación, Afganistán no es un país seguro; pide a la Unión y a los Estados miembros que dejen de supeditar la ayuda a las devoluciones y a la externalización de los controles fronterizos de la Unión;
16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Afganistán, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a las Naciones Unidas y la OTAN.