Documento de sesión

 

B8‑0103/2018

5.2.2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

tras una declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno

sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía

( 2018/2527(RSP) )

Cristian Dan Preda, Renate Sommer, David McAllister, Julia Pitera, Laima Liucija Andrikienė, Esther de Lange, Lorenzo Cesa, Bogdan Andrzej Zdrojewski

en nombre del Grupo PPE

 

B8‑0103/2018

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía

( 2018/2527(RSP) )

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía,

–  Visto el informe anual de 2016 sobre Turquía, publicado por la Comisión el 9 de noviembre de 2016 ( SWD(2016)0366 ),

–  Vista la Resolución 2156 (2017) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Turquía,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta / alta representante Federica Mogherini y del comisario Johannes Hahn el 14 de julio de 2017, un año después del intento de golpe de Estado en Turquía,

–  Visto el Diálogo Político de Alto Nivel, de 25 de julio de 2017, entre la Unión y Turquía,

–  Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre los casos abiertos relativos a los derechos humanos en Turquía, de 26 de octubre de 2017,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta / alta representante Federica Mogherini y del comisario Johannes Hahn el 2 de febrero de 2018 sobre los últimos acontecimientos en Turquía,

–  Visto el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de los que Turquía es Estado parte,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Turquía es un importante socio de la Unión y que se espera de él que, como país candidato, muestre el máximo nivel de exigencia en materia de democracia, incluido el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y el derecho universal a un juicio justo;

B.  Considerando que se ha registrado en Turquía una tendencia preocupante al encarcelamiento de un elevado número de miembros de la oposición democrática, periodistas, defensores de los derechos humanos, abogados, representantes de la sociedad civil y académicos;

C.  Considerando que entre los defensores de los derechos humanos objeto de persecución figura el presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, y los denominados «Diez de Estambul»: İdil Eser, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Veli Acu, Ali Gharavi, Peter Steudtner, İlknur Üstün, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan y Nalan Erkem;

D.  Considerando que la reciente detención del activista por la paz Osman Kavala, defensor de las buenas relaciones entre la Unión y Turquía, es el más reciente de una serie de casos preocupantes;

E.  Considerando que Leyla Zana, diputada al Parlamento turco y ganadora del premio Sájarov en 1995, ha sido tristemente despojada de su condición de diputada en una votación del Parlamento turco con el argumento de que no tomó juramento con arreglo al artículo 81 de la Constitución y no asistió a 212 sesiones desde su elección en noviembre de 2015;

F.  Considerando que el copresidente del Partido Democrático del Pueblo (HDP), Selahattin Demirtaş, en detención junto a la copresidenta del HDP Figen Yüksekdağ, no fue autorizado a comparecer ante el tribunal por motivos de seguridad;

G.  Considerando que el periodista Deniz Yücel (de Die Welt) se encuentra en prisión desde el 27 de febrero de 2017 sin acusación;

H.  Considerando que el 18 de enero de 2018 el Parlamento turco prorrogó el estado de excepción en el país durante otros tres meses; que las medidas represivas del Gobierno turco bajo el estado de excepción son desproporcionadas y vulneran derechos y libertades básicos protegidos por la Constitución del país, valores democráticos en que se fundamenta la Unión y el PIDCP;

I.  Considerando que, habida cuenta de la situación de Turquía en lo que respecta a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la libertad de prensa, sus fondos de preadhesión se han reducido en 105 millones de euros con respecto a la propuesta inicial de la Comisión para el presupuesto de 2018, y se han mantenido 70 millones de euros más en la reserva hasta que el país realice «mejoras mensurables suficientes» en estos ámbitos;

J.  Considerando que la Unión y el Parlamento Europeo han condenado enérgicamente el golpe de Estado fallido en Turquía y han reconocido la responsabilidad legítima de las autoridades turcas de llevar ante la justicia a los responsables y los participantes en el intento golpista;

K.  Considerando que Turquía inició una nueva operación aérea y terrestre denominada «Operación rama de olivo» en Afrín, Siria, el 19 de enero para expulsar a las Unidades de Protección del Pueblo Kurdo; que la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad manifestó su preocupación por dos motivos principales: por un lado, un motivo humanitario, en relación con el cual afirmó la necesidad de garantizar el acceso humanitario y de que la población civil no sufra las actividades militares sobre el terreno, y por otro, el hecho de que la operación puede poner seriamente en peligro la reanudación de las conversaciones en Ginebra, lo que, según manifestó, realmente podría lograr una paz y una seguridad duraderas en Siria;

1.  Expresa su profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Turquía; subraya que la libertad de expresión y la libertad de reunión y asociación son pilares fundamentales de una sociedad democrática, y que deben respetarse plenamente las libertades fundamentales;

2.  Condena el uso de las detenciones arbitrarias, así como del acoso judicial y administrativo; pide al Gobierno turco que invierta la tendencia de continuos despidos, suspensiones y detenciones, entre ellos los de defensores de los derechos humanos, periodistas, representantes electos, abogados, representantes de la sociedad civil y del mundo académico; hace hincapié en que estas personas deben poder desempeñar sus actividades legítimas;

3.  Manifiesta su preocupación por las informaciones relativas a malos tratos y torturas a los presos;

4.  Insta al Gobierno turco a que levante de inmediato el estado de excepción;

5.  Pide a las autoridades turcas que respeten el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluido el principio de presunción de inocencia;

6.  Expresa su profunda preocupación por la decisión de hacer caso omiso de la sentencia del Tribunal Constitucional turco relativa a la liberación de los periodistas Mehmet Altan y Şahin Alpay; señala que ello comporta un deterioro ulterior del Estado de Derecho;

7.  Condena firmemente el intento de golpe de Estado en Turquía del 15 de julio de 2016; reconoce el derecho y la responsabilidad del Gobierno turco de responder al intento de golpe de Estado;

8.  Hace hincapié, no obstante, en que el fallido golpe de Estado militar no puede servir de excusa para que el Gobierno turco reprima a la oposición legítima y pacífica ni para que impida a los periodistas y los medios de comunicación ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión a través de acciones y medidas desproporcionadas e ilegales;

9.  Pide a las autoridades turcas que liberen inmediatamente y pongan fin a la persecución de defensores de los derechos humanos, entre ellos Taner Kılıç, periodistas, entre ellos Deniz Yücel, representantes electos, abogados, representantes de la sociedad civil, entre ellos Osman Kavala, y académicos, que se encuentran en detención pese a no existir pruebas concluyentes de actividad delictiva; pide a las autoridades turcas que liberen a los defensores de los derechos humanos İdil Eser, Özlem Dalkıran, Günal Kurşun, Veli Acu, Ali Gharavi, Peter Steudtner, İlknur Üstün, Şeyhmus Özbekli, Nejat Taştan y Nalan Erkem;

10.  Manifiesta su grave preocupación por la falta de respeto de la libertad de religión y por la creciente discriminación contra los cristianos; deplora la intención del Gobierno turco de construir la denominada «presa de Ilısu» en el curso superior del río Tigris, con lo que la ciudad de Hasankeyf, originalmente cristiana aramea, quedará sumergida; condena la confiscación de cincuenta iglesias, monasterios y cementerios arameos en Mardin; pide a la Comisión que aborde urgentemente estas cuestiones con las autoridades turcas;

11.  Observa con preocupación que una cuarta parte de los jueces y fiscales, una décima parte de la policía, 110 000 funcionarios y casi 5 000 profesores universitarios han sido cesados desde julio de 2016, lo que impide el funcionamiento de la administración, los servicios civiles cotidianos y las universidades;

12.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, y al Gobierno y al Parlamento de Turquía.