Documento de sesión

 

B8‑0142/2018

12.3.2018

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

tras una declaración del Vicepresidente de la Comisión / Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

presentada de conformidad con el artículo 123, apartado 2, del Reglamento interno

sobre la situación en Siria

( 2018/2626(RSP) )

Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Bart Staes, Igor Šoltes, Ernest Urtasun, Yannick Jadot, Molly Scott Cato, Judith Sargentini, Heidi Hautala, Helga Trüpel

en nombre del Grupo Verts/ALE

 

B8‑0142/2018

Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación en Siria

( 2018/2626(RSP) )

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Siria, en particular la de 18 de mayo de 2017 sobre la Estrategia de la UE para Siria[1],

–  Vistos los Convenios sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, de los que Siria es Estado parte,

–  Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales,

–  Visto el Comunicado de Ginebra de 2012,

–  Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Siria, y en particular las Resoluciones 2401 (2018), de 24 de febrero de 2018, y 2139 (2014), de 22 de febrero de 2014,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre Siria, y en particular las de 3 de abril de 2017, en las que adopta la Estrategia de la UE para Siria,

–  Vistas la declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Siria,

–  Vistos los informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, creada por el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas, y las resoluciones del CDH sobre la República Árabe Siria, en particular la de 5 de marzo de 2018 sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Guta oriental,

–  Vista la Resolución A-71/248 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de diciembre de 2016, por la que se establece un Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde Marzo de 2011,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la guerra de Siria se ha convertido en una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente y sigue teniendo repercusiones devastadoras para el pueblo sirio; que este conflicto, apoyado y agudizado por actores externos, tiene efectos cada vez más desestabilizadores en esta región del mundo y fuera de ella;

B.  Considerando que más de 400 000 personas, en su mayoría civiles, han perdido la vida desde el inicio del conflicto sirio en 2011; que 13,1 millones de personas necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, entre ellos más de 6 millones de desplazados y más de 2,9 millones de personas en zonas sitiadas o de difícil acceso, incluidos refugiados palestinos; que más de 5 millones de sirios han buscado refugio en el extranjero, especialmente en países vecinos como el Líbano, Jordania y Turquía;

C.  Considerando que, con arreglo al Derecho internacional, las facciones beligerantes están obligadas a adoptar las medidas oportunas para proteger a la población civil y las infraestructuras civiles; que todas las partes involucradas en el conflicto, y en particular el régimen sirio y sus aliados rusos e iraníes, han cometido graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario; que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Siria, el secretario general de las Naciones Unidas y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han declarado que en Siria se han cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad;

D.  Considerando que entre las violaciones cometidas durante el conflicto sirio se cuentan ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos, desapariciones forzadas, detenciones masivas y arbitrarias, ataques selectivos e indiscriminados contra la población civil, castigos colectivos, ataques a personal médico y denegación de comida y agua; que, según la información recibida, el régimen de Al-Asad es responsable de ahorcamientos, ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura perpetrados a gran escala en sus cárceles, así como de efectuar ataques químicos contra objetivos civiles; que estos crímenes permanecen impunes hasta la fecha;

E.  Considerando que el riesgo de escalada regional sigue siendo elevado habida cuenta de la creciente participación de actores de la región, incluidos Turquía, que ha lanzado una ofensiva militar contra fuerzas kurdas en la provincia septentrional de Afrín el 20 de enero de 2018, e Israel, que efectuó ataques aéreos contra objetivos militares sirios el 7 de febrero de 2018; que en febrero de 2018 el Gobierno estadounidense anunció su intención de estacionar tropas en Siria indefinidamente;

F.  Considerando que, si bien en algunas zonas del país puede haberse reducido el grado de violencia, en otras continúan los enfrentamientos violentos, en especial en las zonas de Guta oriental e Idlib, controladas mayoritariamente por yihadistas; que el régimen de Al-Asad, con el apoyo de sus aliados rusos e iraníes, está llevando a cabo una importante ofensiva militar y bombardeando estos enclaves, cobrándose la vida de cientos de civiles; que el régimen de Al-Asad ha acusado a las fuerzas de Guta oriental de bombardear barrios civiles de Damasco; que la situación humanitaria de 400 000 personas en Guta oriental —sitiada desde hace más de cinco años— ha empeorado considerablemente en las últimas semanas debido a un drástico aumento de los bombardeos indiscriminados y los ataques selectivos contra hospitales y otras infraestructuras civiles; que se ha informado del uso de armas químicas;

G.  Considerando que el 24 de febrero de 2018 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2401, en la que se exige a todas las partes involucradas en el conflicto sirio el cese inmediato de las hostilidades durante al menos 30 días consecutivos en toda Siria para permitir la prestación de ayuda humanitaria y la evacuación de las personas gravemente enfermas y heridas; que en esta resolución se afirma que el cese de las hostilidades no se aplica a las operaciones militares dirigidas contra grupos militantes como Dáesh, Al-Qaeda, Al-Nusra y otros grupos terroristas designados por el Consejo de Seguridad;

H.  Considerando que el régimen de Al-Asad, con el apoyo de sus aliados, ha hecho caso omiso de la resolución 2401 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al intensificar los bombardeos y ampliar su control sobre el territorio, que, en su opinión, está en manos de terroristas; que Rusia propuso posteriormente una pausa de cinco horas en las operaciones militares con el fin de permitir la llegada de ayuda humanitaria; que el primer camión que transportaba la ayuda llegó a Guta oriental el 5 de marzo de 2018, pero fue atacado; que el Comité Internacional de la Cruz Roja informó de que Rusia había bloqueado la entrega de suministros médicos; que siguen sin cubrirse las enormes necesidades humanitarias de la población atrapada;

I.  Considerando que, tras de la 9.ª ronda de Viena de los días 25 y 26 de enero de 2018, las negociaciones de Ginebra siguen sin producir avances concretos en la búsqueda de una solución al conflicto; que el 4 de mayo de 2017, Rusia, Irán y Turquía llegaron a un acuerdo en Kazajistán para establecer cuatro zonas de desescalada (incluida Guta oriental), que posteriormente ha sido objeto de frecuentes incumplimientos; que en el Congreso del Diálogo Nacional Sirio celebrado en Sochi el 30 de enero de 2018 se anunció la creación de una comisión constitucional, propuesta que no cuenta con la aceptación de todas las partes;

J.  Considerando que la Unión es el primer donante de ayuda humanitaria a Siria y a los países vecinos, con más de 9 000 millones de euros asignados desde el principio de la crisis;

K.  Considerando que el 3 de abril de 2017 el Consejo adoptó una estrategia de la Unión para Siria con seis objetivos principales: poner fin a la guerra con una auténtica transición política; promover una transición significativa e integradora en Siria; abordar las necesidades humanitarias de los sirios más vulnerables; promover la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión mediante el refuerzo de las organizaciones de la sociedad civil siria; promover la rendición de cuentas por crímenes de guerra, y reforzar la capacidad de recuperación de la población y la sociedad sirias;

L.  Considerando que la segunda conferencia ministerial «Apoyar el futuro de Siria y su región» se celebrará los días 24 y 25 de abril de 2018 copresidida por la VP/AR y las Naciones Unidas; que la conferencia tratará de mantener el interés de la comunidad internacional en Siria;

M.  Considerando que en febrero de 2018 la Coalición Mundial contra el Dáesh liderada por Estados Unidos y sus aliados informaron de que habían liberado más del 98 % del territorio anteriormente controlado por el Dáesh, así como a 7,7 millones de iraquíes y sirios que habían estado bajo dominio del Dáesh; que la Coalición afirma haber realizado un total de 29 070 ataques entre agosto de 2014 y enero de 2018; que el equipo de evaluación de víctimas civiles de la Coalición ha informado de que el número total de víctimas civiles causadas sin intención ascendía a 786 a finales de septiembre de 2017; que la ONG Airwars estima en hasta 9 300 los civiles que probablemente han perdido la vida en acciones de la Coalición;

N.  Considerando que el 1 de febrero de 2018 la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria informó de que en el norte de Raqa y Hasaka, las Fuerzas Democráticas Sirias han internado a 80 000 desplazados, incluidos mujeres y niños, para determinar si tenían relación con el Dáesh, y llegó a la conclusión de que, en muchos casos, el internamiento continuado de estas personas constituía una privación arbitraria de libertad y suponía la detención ilegal de miles de personas;

O.  Considerando que, según la información recibida, el jefe de la oficina nacional de seguridad siria, Alí Mamluk, que figura en la lista de sanciones de la Unión, se ha reunido en Roma con el ministro del Interior italiano y el director de la Agencia de Información y Seguridad Exterior italiana, en flagrante violación de la Decisión 2011/273/PESC del Consejo;

P.  Considerando que en el informe de diciembre de 2017 de Conflict Armament Research, financiado por la Unión, titulado «Weapons of the Islamic State» (Las armas del Estado Islámico) se llegaba a la conclusión de que Bulgaria y Rumanía habían exportado reiteradamente un elevado número de armas y municiones a los Estados Unidos y Arabia Saudí que, en algunos casos, se habían transferido a su vez a grupos no estatales en Siria e Irak, lo que su pone un incumplimiento directo de compromisos específicos de no reexportación; que en este informe se afirmaba que estas transferencias no autorizadas son una fuente importe de armas y municiones para el Dáesh; que estas transferencias reiteradas y sistemáticas vulneran cláusulas en los certificados de usuario final, y que los Estados miembros están obligados, con arreglo al Criterio 7 de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo sobre exportaciones de armas, jurídicamente vinculante, a tener en cuenta estos incumplimientos en futuras decisiones sobre licencias de exportación;

1.  Expresa su más profunda preocupación ante la espiral negativa que ha experimentado el conflicto sirio en las últimas semanas, con el aumento de la intervención de actores externos, la fragmentación interna y la muerte brutal de civiles, en particular en Guta oriental y Afrín;

2.  Lamenta profundamente la falta de progresos en la búsqueda de una solución política al conflicto sirio; recuerda que no puede existir una solución militar sostenible al conflicto, y pide a todas las partes que respeten íntegramente las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que exigen el cese inmediato de las hostilidades, el levantamiento de todos los sitios, el pleno acceso sin obstáculos en todo el país de la ayuda humanitaria y la protección del personal de ayuda humanitaria por todas las partes; destaca a este respecto la necesidad de establecer un mecanismo encabezado por las Naciones Unidas de supervisión, información y verificación del alto el fuego;

3.  Condena de nuevo y con la mayor firmeza las atrocidades y las violaciones generalizadas de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional cometidas por las fuerzas del régimen de Al-Asad con el apoyo de sus aliados, así como por grupos armados no estatales; pide a todas las partes que permitan el acceso incondicional de observadores independientes a todos los centros de detención y que liberen a todas las mujeres, niños, ancianos y personas con discapacidad que se encuentren detenidos;

4.  Condena la incursión de tropas turcas en el norte de Siria, lo que constituye una violación del Derecho internacional; pide al Gobierno turco que retire de inmediato sus tropas y actúe de forma constructiva en el conflicto sirio, lo que también favorecería los intereses nacionales turcos;

5.  Insiste en que las iniciativas diplomáticas encabezadas por Rusia no deben contrarrestar los esfuerzos de las Naciones Unidas por alcanzar una solución política; reafirma, en este contexto, que el proceso de Ginebra liderado por las Naciones Unidas sigue siendo preeminente, y apoya los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas, Staffan de Mistura, por garantizar una auténtica transición política acorde con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; reitera la importancia de incluir a las mujeres en el proceso de solución del conflicto, de conformidad con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad; insiste asimismo en la importancia de incluir a la sociedad civil siria y a todas las minorías étnicas y religiosas en las conversaciones sobre el futuro de Siria y su estructura de gobierno;

6.  Reitera su preocupación por la desaparición de la defensora de los derechos humanos Razán Zaituna, galardonada con el premio Sájarov, que, según la información recibida, fue secuestrada en Duma en diciembre de 2013 por el grupo armado Yaish al-Islam; pide que se cree un grupo de trabajo de la Unión para coordinar e intensificar los esfuerzos para averiguar su paradero y conseguir su liberación;

7.  Muestra su preocupación por la situación de la población que retorna a zonas, incluidas las recuperadas al Dáesh, como Raqa, que están contaminadas con restos de explosivos de la guerra; pide que se preste especial atención a esta población, también con el fin de estabilizar dichas zonas e impedir el resurgimiento de fenómenos similares al Dáesh;

8.  Pide a los Estados miembros que presten apoyo práctico a la aplicación de la estrategia de la Unión para Siria, que sienta una base sólida y global para una actuación reforzada de la Unión tanto en la fase conflicto como en la fase posterior;

9.  Alienta a la VP/AR a intensificar su labor de acercamiento a actores regionales y locales implicados en el conflicto, así como sus intentos por hallar una base común para la paz, a fin de iniciar las conversaciones sobre el futuro de Siria;

10.  Celebra que, en el contexto de la estrategia de la Unión para Siria, se haya hecho hincapié en el refuerzo de la capacidad de recuperación de la población siria; destaca que la sociedad civil siria tendrá una importancia capital en el restablecimiento de la cohesión y el capital sociales, en la promoción de la reconciliación y en la prestación de servicios básicos en Siria; pide a la Unión y a los Estados miembros que incrementen el apoyo a la consolidación de las capacidades de la sociedad civil y el pueblo sirios, también con la participación e intermediación de actores que promueven los derechos humanos, la igualdad (incluida la igualdad de género y los derechos de las minorías), la democracia y el empoderamiento, cuando sea posible en los territorios que no estén controlados por el régimen de Al-Asad o los grupos terroristas designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como las capacidades de los refugiados sirios que viven exiliados en la región o en Europa; pide, a este respecto, un mayor apoyo a las organizaciones pacíficas y democráticas de la sociedad civil siria y a los defensores de los derechos humanos, también a través del Fondo Madad, el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz y el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos;

11.  Pide que la Unión y sus Estados miembros amplíen el alcance actual del Fondo Madad para que la asistencia a la recuperación y la resiliencia pueda llegar con más prontitud a los hogares y las comunidades; destaca que debe permitirse a los ciudadanos sirios evaluar sus propias prioridades y necesidades de recuperación, y pide a la Unión y a sus Estados miembros que asignen recursos adecuados a estudios localizados, específicos para cada contexto y sensibles con respecto al género para determinar las necesidades de recuperación; destaca que estas evaluaciones deben ser independientes del Gobierno sirio y completarse antes del comienzo de los proyectos;

12.  Manifiesta su esperanza ante la próxima Conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su región»; destaca que las necesidades humanitarias seguirán siendo críticas durante años, e insta a la Unión y a sus Estados miembros a que den garantías de su compromiso a largo plazo para cubrir las necesidades humanitarias del pueblo sirio y de su disposición a realizar esfuerzos de reconstrucción tras un acuerdo político sancionado por las Naciones Unidas; insta a la Unión y a sus Estados miembros a velar por la participación sustancial de los actores de la sociedad civil siria antes, durante y después de la Conferencia de Bruselas;

13.  Se felicita por el compromiso de Unión de mantener la ayuda humanitaria prestada a los países vecinos de Siria, que acogen a millones de refugiados; pide a los Estados miembros, no obstante, que demuestren un compromiso mucho más firme con el reparto de responsabilidades, permitiendo que los refugiados que huyen de las zonas en guerra de Siria encuentren protección fuera de la región inmediatamente vecina mediante el reasentamiento, los programas de admisión humanitaria, la simplificación de la reunificación familiar y la flexibilización de las normativas sobre visados;

14.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que respeten estrictamente el principio de no devolución y que se manifiesten públicamente contra el retorno forzoso al que se están viendo obligados sirios que se encuentran actualmente en los países vecinos de Siria; pide que la Unión y sus Estados miembros descarten expresamente todo acuerdo por el que el régimen de Al-Asad retomaría refugiados sirios a cambio de ayuda a la reconstrucción;

15.  Lamenta profundamente la impunidad de que gozan los autores de crímenes graves en Siria; considera que esta impunidad propicia nuevas atrocidades y agrava el sufrimiento de las víctimas; insiste, por consiguiente, en la necesidad de que los autores rindan cuentas y se ofrezca reparación a las víctimas;

16.  Insiste en que la Unión sea más activa en este ámbito, también mediante la adopción de una estrategia de rendición de cuentas de la Unión para los crímenes atroces perpetrados en Siria que refleje también el importante papel de los Estados miembros a este respecto, y pide a la VP/AR que se muestre proactiva en esta cuestión;

17.  Reitera su petición a la Unión y a sus Estados miembros para que, en estrecha coordinación con los países que comparten la misma visión, estudien la posibilidad de crear un tribunal para juzgar los crímenes de guerra de Siria, en tanto se logra la remisión del caso a la Corte Penal Internacional; pide a los Estados miembros que presten todo el apoyo que requiera el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente;

18.  Insta a todos los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para exigir responsabilidades a los presuntos autores de crímenes, en especial mediante la aplicación del principio de jurisdicción universal y la investigación y procesamiento de los ciudadanos de la Unión responsables de crímenes atroces en Siria; celebra, en este contexto, los esfuerzos de algunos Estados miembros, en especial Alemania y Suecia, por investigar los crímenes atroces perpetrados en Siria y de exigir responsabilidades a sus autores; pone de relieve la importante labor de la red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y pide a la VP/AR y a la Dirección General de Justicia y Consumidores que apoyen a esta red y la incluyan en los futuros esfuerzos para la rendición de cuentas en Siria;

19.  Insta a todos los Estados miembros a garantizar el pleno cumplimiento de la Decisión 2013/255/PESC del Consejo, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, en particular la congelación de activos de las personas que en ella se enumeran y las restricciones a la admisión de personas que se benefician del régimen sirio o que lo apoyan; muestra su preocupación por los recientes informes de infracciones de esta Decisión y recuerda a los Estados miembros su obligación en virtud del Derecho internacional de velar por la detención y privación de libertad de los sospechosos de haber cometido crímenes atroces que se encuentren en su territorio; insta a los Estados miembros a estudiar la adopción de nuevas medidas selectivas contra los responsables de los crímenes cometidos en Guta oriental;

20.  Muestra su conmoción ante la cantidad de armas y municiones fabricadas en la Unión y encontradas en manos del Dáesh en Sira e Irak; observa que Bulgaria y Rumanía no han aplicado efectivamente la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo sobre exportaciones de armas por lo que se refiere a las transferencias ulteriores que vulneran los certificados de usuario final; pide a todos los Estados miembros que denieguen transferencias similares en el futuro, en particular a los Estados Unidos y Arabia Saudí, y pide al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros, en particular Rumanía y Bulgaria, que expliquen las medidas adoptadas en este ámbito; pide al SEAE que examine los numerosos casos expuestos por el reciente informe de Conflict Armament Research y estudie métodos más eficaces para evaluar el riesgo de desvío en el Grupo «Exportación de Armas Convencionales» y otros foros pertinentes, lo que ha de incluir, en particular, que se convierta en obligación jurídica el respeto del Criterio 7 de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo como parte de la próxima revisión de este documento; decide abrir una investigación sobre esta cuestión;

21.  Recuerda que las medidas adoptadas para luchar contra el Dáesh y otros grupos terroristas designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones deben observar estrictamente el Derecho internacional; pide a los Estados miembros y a sus aliados, en particular los Estados Unidos, que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y el pleno cumplimiento del Derecho internacional humanitario y de derechos humanos en el marco de su participación en los esfuerzos de la coalición internacional, así como en su cooperación militar con cualquiera de las partes en el conflicto;

22.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al representante especial conjunto de las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Árabes para Siria, a los miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria y a todas las partes implicadas en el conflicto de Siria.

[1] Textos Aprobados, P8_TA(2017)0227