Documento de sesión
14.7.2011
***I
INFORME
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección concedida (versión refundida)
( COM(2009)0551 – C7‑0250/2009 – 2009/0164(COD) )
Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
Ponente: Jean Lambert
(Refundición – artículo 87 del Reglamento)
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Explicación de los signos utilizados |
* Procedimiento de consulta *** Procedimiento de aprobación ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)
(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el proyecto de acto.) |
Enmiendas a un proyecto de acto |
En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.
En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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ÍNDICE
Página
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 5
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 39
ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 41
ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN 43
PROCEDIMIENTO 45
PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección concedida (versión refundida)
( COM(2009)0551 – C7‑0250/2009 – 2009/0164(COD) )
(Procedimiento legislativo ordinario - refundición)
El Parlamento Europeo,
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo ( COM(2009)0551 ),
– Vistos el artículo 251, apartado 2, y el artículo 63, apartado 1, párrafo 1, letra c), párrafo 2, letra a), y párrafo 3, letra a), del Tratado CE, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0250/2009),
– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Consecuencias de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa sobre los procedimientos interinstitucionales de toma de decisiones en curso» ( COM(2009)0665 ),
– Vistos el artículo 294, apartado 3, y el artículo 78, apartado 2, letras a) y b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 28 de abril de 2010[1],
– Previa consulta al Comité de las Regiones,
– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos[2],
– Vista la carta dirigida el 2 febrero 2010 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de conformidad con el artículo 87, apartado 3, de su Reglamento,
– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,
– Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior ( A7‑0271/2011 ),
A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos existentes, junto con las modificaciones mencionadas, la propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus aspectos sustantivos,
1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;
2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.
POSICIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
EN PRIMERA LECTURA[3]*
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DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por la que se establecen normas ▌relativas a los requisitos para el reconocimiento ▌de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y, en particular, su artículo 78, apartado 2, letras a) y b),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[4],
Previa consulta al Comité de las Regiones,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario[5],
Considerando lo siguiente:
(1) Es necesario introducir una serie de cambios sustantivos en la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida[6]. En aras de una mayor claridad, conviene proceder a la refundición de dicha Directiva.
(2) Una política común en el ámbito del asilo, incluido un sistema europeo común de asilo, es uno de los elementos constitutivos del objetivo de la Unión Europea de establecer progresivamente un espacio de libertad, seguridad y justicia abierto a los que, impulsados por las circunstancias, busquen legítimamente protección en la Unión.
(3) El Consejo Europeo, en su reunión especial en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, acordó trabajar con vistas a la creación de un sistema europeo común de asilo, basado en la plena y total aplicación de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 («Convención de Ginebra»), completada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967 («el Protocolo»), afirmando de esta manera el principio de no devolución y garantizando que ninguna persona sea repatriada a un país en el que sufra persecución.
(4) La Convención de Ginebra y el Protocolo constituyen la piedra angular del régimen jurídico internacional de protección de refugiados.
(5) Las Conclusiones de Tampere establecen que el sistema europeo común de asilo debe incluir a corto plazo la aproximación de normas sobre el reconocimiento de los refugiados y el contenido del estatuto de refugiado.
(6) Las Conclusiones de Tampere establecen, asimismo, que las normas relativas al estatuto de refugiado deben completarse con medidas sobre formas subsidiarias de protección, que ofrezcan un estatuto apropiado a cualquier persona necesitada de tal protección.
(7) Actualmente, ha concluido la primera fase de la creación del sistema europeo común de asilo. El Consejo Europeo de 4 de noviembre de 2004 adoptó el Programa de La Haya que establece los objetivos que han de alcanzarse en materia de libertad, seguridad y justicia en el periodo 2005-2010. A este respecto, el Programa de La Haya invitó a la Comisión Europea a concluir la evaluación de los instrumentos jurídicos de la primera fase y a proponer al Consejo y al Parlamento Europeo instrumentos y medidas para la segunda fase con vistas a su adopción antes de finales de 2010. ▌
(8) En el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado los días 15 y 16 de octubre de 2008, el Consejo Europeo señaló que persistían considerables disparidades entre distintos Estados miembros en cuanto a la concesión de la protección y las formas de ésta, e instó a la adopción de nuevas iniciativas para completar el establecimiento del sistema europeo común de asilo previsto en el Programa de La Haya, a fin de ofrecer un grado de protección superior.
(8 bis) En el Programa de Estocolmo, el Consejo Europeo reiteró su compromiso con el objetivo de establecer, como muy tarde en 2012, un espacio común de protección y solidaridad, que se base en un procedimiento común de asilo y un estatuto uniforme, con arreglo al artículo 78 del TFUE, para las personas a las que se les conceda protección internacional.
(9) A la vista de los resultados de las evaluaciones realizadas, es conveniente en la fase actual confirmar los principios que subyacen a la Directiva 2004/83/CE, así como alcanzar un mayor grado de aproximación de las normas sobre el reconocimiento y el contenido de la protección internacional a partir de unos requisitos más exigentes ▌.
(10) Se movilizarán los recursos del Fondo Europeo para los Refugiados y de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) con el fin de apoyar adecuadamente los esfuerzos de los Estados miembros por aplicar las normas fijadas en la segunda fase del sistema europeo común de asilo y, en particular, a los Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas sobre sus sistemas de asilo en razón de su situación geográfica o demográfica.
(11) El principal objetivo de la presente Directiva es, por una parte, asegurar que los Estados miembros apliquen criterios comunes para la identificación de personas auténticamente necesitadas de protección internacional y, por otra parte, asegurar que un nivel mínimo de prestaciones esté disponible para dichas personas en todos los Estados miembros.
(12) La aproximación de normas sobre el reconocimiento y contenido del estatuto de refugiado y la protección subsidiaria debe ayudar a limitar los movimientos secundarios de los solicitantes de protección internacional entre los Estados miembros, cuando tales movimientos obedezcan meramente a las diferencias de normativas.
(13) ▌Los Estados miembros deben tener competencia para introducir o mantener disposiciones más favorables que las normas establecidas por la presente Directiva para los nacionales de terceros países o personas apátridas que pidan protección internacional a un Estado miembro, siempre que se entienda que tal petición se efectúa por el motivo de ser refugiados a efectos de la sección A del artículo 1 de la Convención de Ginebra, o personas con derecho a protección subsidiaria.
(14) Los nacionales de terceros países o los apátridas a los que se autorice a permanecer en el territorio de un Estado miembro por motivos que no sean la necesidad de protección internacional, sino por compasión o por motivos humanitarios y sobre una base discrecional, no están incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
(15) La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea[7]. En especial, la presente Directiva tiene por fin garantizar el pleno respeto de la dignidad humana y el derecho al asilo de los solicitantes de asilo y los miembros de su familia acompañantes, así como promover la aplicación de los artículos 1, 7, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 11, 24, 34 y 35, de la Carta, y debe aplicarse en consecuencia.
(16) En lo que se refiere al trato de las personas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros están vinculados por las obligaciones derivadas de los instrumentos del Derecho internacional en los que son parte, incluidos en particular los que prohíben la discriminación.
(17) El «interés superior del niño» debe ser una consideración prioritaria de los Estados miembros en la aplicación de la presente Directiva, de conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989. A la hora de evaluar el interés superior del niño, los Estados miembros deben prestar particular atención al principio de la unidad familiar, al bienestar y al desarrollo social del menor, a los aspectos de seguridad y al punto de vista del menor con arreglo a su edad y madurez.
(18) Es necesario ampliar el concepto de miembros de la familia teniendo en cuenta las diversas circunstancias particulares de la dependencia y prestando especial atención al interés superior del niño.
(19) La presente Directiva se entiende sin perjuicio del Protocolo sobre asilo a nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea (TUE) y al TFUE.
(20) El reconocimiento del estatuto de refugiado es un acto declaratorio.
(21) Las consultas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) pueden proporcionar a los Estados miembros una valiosa orientación para determinar el estatuto de refugiado con arreglo al artículo 1 de la Convención de Ginebra.
(22) Deben fijarse normas ▌sobre la definición y el contenido del estatuto de refugiado para guiar a los organismos nacionales competentes de los Estados miembros en la aplicación de la Convención de Ginebra.
(23) Es necesario introducir criterios comunes para reconocer a los solicitantes de asilo la calidad de refugiados en el sentido del artículo 1 de la Convención de Ginebra.
(24) En particular, es necesario introducir conceptos comunes de «necesidad de protección surgida in situ»; «fuentes de daño y protección»; «protección interna» y «persecución», incluidos los «motivos de persecución».
(25) Pueden proporcionar protección, cuando quieran o puedan ofrecerla, ya sea el Estado o partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que reúnan las condiciones de la presente Directiva, que controlen una región o una zona de cierta magnitud dentro del territorio del Estado ▌. Dicha protección debe ser efectiva y de carácter no temporal.
(26) El solicitante debe disponer efectivamente de protección interna contra la persecución o los daños graves en una parte del país de origen donde pueda viajar y ser admitido con seguridad y de forma legal y donde sea razonable esperar que pueda establecerse. En el caso de que los agentes de persecución sean el Estado o sus agentes, debe presuponerse que el solicitante no dispone de una protección eficaz. Cuando el solicitante sea un menor no acompañado, la disponibilidad de disposiciones adecuadas en materia de cuidados y tutela que respondan al interés superior del menor no acompañado debe formar parte de la evaluación para determinar si la protección es eficaz o no.
(27) Es necesario que, al valorar las solicitudes de protección internacional de menores, los Estados miembros tengan en cuenta las formas específicas de persecución infantil.
(28) Una de las condiciones para el reconocimiento del estatuto de refugiado en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, es la existencia de un nexo causal entre ▌los motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un determinado grupo social y los actos de persecución o la ausencia de protección contra tales actos.
(29) Es necesario igualmente introducir un concepto común del motivo de persecución «pertenencia a un determinado grupo social». A efectos de definir un determinado grupo social, se tendrán debidamente en cuenta, en la medida en que estén relacionadas con los temores fundados del solicitante a ser perseguido, las cuestiones relacionadas con el sexo del solicitante, incluida la identidad de género y la orientación sexual, que pueden estar vinculadas a ciertas tradiciones jurídicas y costumbres de las que puede derivarse, por ejemplo, la mutilación genital, la esterilización forzada o el aborto forzado.
(30) Los actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas se mencionan en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas y se incorporan, entre otros actos, en las Resoluciones de las Naciones Unidas relativas a las medidas adoptadas para combatir el terrorismo, en las que se declara que «los actos, métodos y prácticas terroristas son contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas» y que «financiar intencionalmente actos de terrorismo, planificarlos e incitar a su comisión también es contrario a los propósitos y principios de las Naciones Unidas».
(31) Conforme a lo contemplado en el artículo 14, «estatuto» también puede incluir el estatuto de refugiado.
(32) Deben fijarse igualmente normas ▌sobre la definición y el contenido del estatuto de protección subsidiaria. La protección subsidiaria debe ser complementaria y adicional a la protección de refugiados consagrada en la Convención de Ginebra.
(33) Es necesario introducir criterios comunes para que los solicitantes de protección internacional puedan optar a la protección subsidiaria. Los criterios deben extraerse de las obligaciones internacionales impuestas por los instrumentos sobre derechos humanos y las prácticas existentes en los Estados miembros.
(34) Los riesgos a los que en general se ven expuestos la población de un país o un sector de la población no suelen suponer en sí mismos una amenaza individual que pueda calificarse como daño grave.
(35) Los miembros de la familia del refugiado, por su mera relación con éste, serán generalmente vulnerables a actos de persecuciones, lo que justifica la concesión del estatuto de refugiado.
(36) El concepto de seguridad nacional y de orden público incluye también los casos en que un nacional de un tercer país pertenece a una asociación que apoya el terrorismo internacional o la respalda.
(36 bis) Cuando se decidan los derechos a las prestaciones incluidas en la presente Directiva, los Estados miembros tendrán debidamente en cuenta el interés superior del niño, así como las circunstancias particulares de dependencia con respecto del beneficiario de la protección internacional de parientes próximos que se encuentren ya en el Estado miembro y que no sean miembros de la familia de beneficiarios de protección internacional. En circunstancias excepcionales, cuando el pariente próximo del beneficiario de la protección internacional sea un menor casado pero no acompañado por su cónyuge, puede interpretarse que el interés superior del niño reside con su familia original.
(37) ▌Al mismo tiempo que se responde al llamamiento del Programa de Estocolmo para el establecimiento de un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria, y salvo las excepciones que sean necesarias y estén objetivamente justificadas, a los beneficiarios de la protección subsidiaria se les concederán los mismos derechos y prestaciones a que tienen derecho los refugiados en virtud de la presente Directiva, y estarán sujetos a las mismas condiciones.
(38) Los Estados miembros podrán disponer, dentro de los límites establecidos por sus obligaciones internacionales, que la concesión de beneficios en materia de empleo, asistencia social, asistencia sanitaria e instrumentos de integración requiera la expedición previa de un permiso de residencia.
(39) Para garantizar a los beneficiarios de protección internacional el ejercicio efectivo de los derechos y las prestaciones establecidos en la presente Directiva, es necesario tener en cuenta sus necesidades específicas y los retos particulares de integración a que se enfrentan, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros introduzcan o mantengan normas más favorables, de lo que no debe derivarse normalmente un trato más favorable que el dispensado a los nacionales del Estado miembro.
(40) En este contexto, deberá realizarse un esfuerzo para abordar los problemas ▌que impiden a los beneficiarios de protección internacional tener un acceso efectivo a las oportunidades educativas relacionadas con el empleo y la formación profesional, entre otros los relacionados con las limitaciones económicas.
(41) La presente Directiva no se aplicará a las prestaciones económicas de los Estados miembros concedidas para promover la educación.
(42) Es necesario adoptar medidas especiales para abordar eficazmente las dificultades prácticas que encuentran los beneficiarios de protección internacional para la autenticación de sus diplomas y certificados académicos y profesionales y otras pruebas de cualificaciones oficiales expedidas en el extranjero, así como su incapacidad para sufragar los costes de los procedimientos de reconocimiento.
(43) En particular a efectos de prevenir las penalidades sociales, procede disponer en el ámbito de la asistencia social, para los beneficiarios de protección internacional, la concesión no discriminatoria de las prestaciones sociales y los medios de subsistencia adecuados. Respecto a la asistencia social, se deben determinar en virtud de la legislación nacional las modalidades y los detalles en lo tocante a la concesión de las prestaciones básicas a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria. La posibilidad de limitar las prestaciones para los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria a las prestaciones básicas debe entenderse en el sentido de que este concepto comprende al menos el apoyo a los ingresos mínimos, la asistencia en caso de enfermedad y embarazo y la asistencia parental, en la medida en que dichas prestaciones se concedan a los nacionales con arreglo a la legislación del Estado miembro en cuestión.
(44) Procede garantizar el acceso a la asistencia sanitaria, atención de la salud tanto física como psíquica, a los beneficiarios de protección internacional.
(45) Las necesidades específicas y las particularidades de la situación de los beneficiarios del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria se tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, en los programas de integración que les estén destinados, incluyendo, cuando proceda, una enseñanza de idiomas adecuada e información relativa a los derechos y las obligaciones individuales vinculados a su estatuto de protección en el Estado miembro que corresponda.
(46) Procede evaluar periódicamente la aplicación de la presente Directiva, teniendo en cuenta, en particular, la evolución de las obligaciones internacionales de los Estados miembros en materia de no devolución, la evolución de los mercados de trabajo de los Estados miembros, así como el desarrollo de principios básicos comunes para la integración.
(47) Dado que los objetivos de la presente Directiva, es decir, el establecimiento de unas normas ▌para la concesión por los Estados miembros de protección internacional a nacionales de terceros países o personas apátridas y al contenido de la protección concedida, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a la dimensión y efectos de la Directiva, a escala de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.
(47 bis) De conformidad con los artículos 1, 2 y 4 bis, apartado 1, del Protocolo (nº 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 del citado Protocolo, el Reino Unido e Irlanda no participan en la adopción de la presente Directiva, y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación.
(48) A tenor de los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al TFUE, Dinamarca no participará en la adopción de la presente Directiva y, por tanto, no estará vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación.
(49) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de la Directiva anterior. La obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de la Directiva anterior.
(50) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho nacional de la Directiva, que figuran en la parte B del anexo I.
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1
Objeto
El objeto de la presente Directiva es el establecimiento de normas ▌relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección concedida.
Artículo 2
Definiciones
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:
a) «protección internacional»: el estatuto de refugiado y de protección subsidiaria definidos en las letras e) y g);
b) «beneficiarios de protección internacional»: las personas a las que se ha concedido el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria en el sentido de las letras e) y g);
c) «Convención de Ginebra»: la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados celebrada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967;
d) «refugiado»: nacional de un tercer país que, debido a fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o apátrida que, hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los mencionados, no puede o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él, y al que no se aplica el artículo 12;
e) «estatuto de refugiado»: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como refugiado;
f) «persona con derecho a protección subsidiaria»: nacional de un tercer país o apátrida que no reúne los requisitos para ser refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su anterior residencia habitual, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplican los apartados 1 y 2 del artículo 17, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no quiere acogerse a la protección de tal país;
g) «estatuto de protección subsidiaria»: el reconocimiento por un Estado miembro de un nacional de un tercer país o de un apátrida como persona con derecho a protección subsidiaria;
h) «solicitud de protección internacional»: petición de protección presentada a un Estado miembro por un nacional de un tercer país o un apátrida que pueda presumirse aspira a obtener el estatuto de refugiado o el estatuto de protección subsidiaria, y que no pida expresamente otra clase de protección que esté fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva y pueda solicitarse por separado;
i) «solicitante»: el nacional de un tercer país o apátrida que haya presentado una solicitud de protección internacional sobre la cual todavía no se haya dictado una resolución definitiva;
j) «miembros de la familia»: los siguientes miembros de la familia del beneficiario de protección internacional que se encuentren en el mismo Estado miembro en relación con su solicitud de protección internacional, siempre que la familia existiera ya en el país de origen:
– el cónyuge del beneficiario de protección internacional o la pareja de hecho con la que mantenga una relación estable, si la legislación o la práctica del Estado miembro en cuestión otorgan a las parejas no casadas un trato comparable al de las casadas con arreglo a su normativa referente a nacionales de terceros países;
– los hijos menores de las parejas mencionadas en el primer guión o del beneficiario de protección internacional siempre que no estén casados, sin discriminación entre los matrimoniales, extramatrimoniales o adoptivos de conformidad con la legislación nacional;
▌
– el padre, la madre u otro ▌adulto que sea responsable del beneficiario de protección internacional, ya sea legalmente o con arreglo a la práctica nacional del Estado miembro en cuestión, cuando éste sea un menor no casado ▌;
▌
k) «menor»: el nacional de un tercer país o apátrida menor de 18 años;
l) «menor no acompañado»: el menor que llegue al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con arreglo a la práctica nacional del Estado miembro en cuestión, mientras tal adulto no se haga efectivamente cargo de él; se incluye al menor que deje de estar acompañado después de haber entrado en el territorio de los Estados miembros;
m) «permiso de residencia»: todo permiso o autorización expedido por las autoridades de un Estado miembro en la forma prevista en la legislación de ese Estado, que permita a un nacional de un tercer país o a un apátrida residir en su territorio;
n) «país de origen»: el país o los países de la nacionalidad o, en el caso de los apátridas, de la anterior residencia habitual.
Artículo 3
Normas más favorables
Los Estados miembros podrán introducir o mantener normas más favorables para determinar quién reúne los requisitos para ser reconocido como refugiado o persona con derecho a protección subsidiaria, y para determinar el contenido de la protección internacional, siempre que tales normas sean compatibles con la presente Directiva.
CAPÍTULO II
Evaluación de las solicitudes de protección internacional
Artículo 4
Valoración de hechos y circunstancias
1. Los Estados miembros podrán considerar que es obligación del solicitante presentar lo antes posible todos los elementos necesarios para fundamentar su solicitud de protección internacional. Los Estados miembros tendrán el deber de valorar, con la cooperación del solicitante, los elementos pertinentes de la solicitud.
2. Los elementos mencionados en la primera frase del apartado 1 consistirán en las declaraciones del solicitante y en toda la documentación de la que disponga sobre su edad, pasado, incluido el de parientes relacionados, identidad, nacionalidad(es) y lugares de anterior residencia, solicitudes de asilo previas, itinerarios de viaje, documentos ▌de viaje y motivos por los que solicita protección internacional.
3. La evaluación de una solicitud de protección internacional se efectuará de manera individual e implicará que se tengan en cuenta:
a) todos los hechos pertinentes relativos al país de origen en el momento de resolver sobre la solicitud, incluidas las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes del país de origen y el modo en que se aplican;
b) las declaraciones y la documentación pertinentes presentadas por el solicitante, incluida la información sobre si el solicitante ha sufrido o puede sufrir persecución o daños graves;
c) la situación particular y las circunstancias personales del solicitante, incluidos factores tales como su pasado, sexo y edad, con el fin de evaluar si, dadas las circunstancias personales del solicitante, los actos a los cuales se haya visto o podría verse expuesto puedan constituir persecución o daños graves;
d) si las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó su país de origen obedecieron al único o principal propósito de crear las condiciones necesarias para presentar una solicitud de protección internacional, con el fin de evaluar si tales actividades expondrán al solicitante a persecución o daños graves en caso de que volviera a dicho país;
e) si sería razonable esperar que el solicitante se acogiese a la protección de otro país del que pudiese reclamar la ciudadanía.
4. El hecho de que un solicitante ya haya sufrido persecución o daños graves o recibido amenazas directas de sufrir tal persecución o tales daños constituirá un indicio serio de los fundados temores del solicitante a ser perseguido o del riesgo real de sufrir daños graves, salvo que existan razones fundadas para considerar que tal persecución o tales daños graves no se repetirán.
5. Cuando los Estados miembros apliquen el principio según el cual el solicitante ha de fundamentar la solicitud de protección internacional y si las declaraciones del solicitante presentan aspectos que no están avalados por pruebas documentales o de otro tipo, tales aspectos no requerirán confirmación si se cumplen las siguientes condiciones:
a) el solicitante ha realizado un auténtico esfuerzo para fundamentar su petición;
b) se han presentado todos los elementos pertinentes de que dispone el solicitante y se ha dado una explicación satisfactoria en relación con la falta de otros elementos pertinentes;
c) las declaraciones del solicitante se consideren coherentes y verosímiles y no contradigan la información específica de carácter general disponible que sea pertinente para su caso;
d) el solicitante ha presentado con la mayor rapidez posible su solicitud de protección internacional, a menos que pueda demostrar la existencia de razones fundadas para no haberla presentado así, y
e) se ha comprobado la credibilidad general del solicitante.
Artículo 5
Necesidades de protección internacional surgidas in situ
1. Los fundados temores a ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves podrán basarse en acontecimientos que hayan tenido lugar desde que el solicitante dejó el país de origen.
2. Los fundados temores a ser perseguido o el riesgo real de sufrir daños graves podrán basarse en las actividades en que haya participado el solicitante desde que dejó el país de origen, en particular si se demuestra que las actividades en que se basen constituyen la expresión y continuación de convicciones u orientaciones mantenidas en el país de origen.
3. Sin perjuicio de la Convención de Ginebra, los Estados miembros podrán determinar que al solicitante que presente una solicitud posterior no se le concederá el estatuto de refugiado si el riesgo de persecución está basado en circunstancias creadas por el solicitante por decisión propia tras abandonar el país de origen.
Artículo 6
Agentes de persecución o causantes de daños graves
Agentes de persecución o causantes de daños graves podrán ser, entre otros:
a) el Estado;
b) partidos u organizaciones que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio;
c) agentes no estatales, si puede demostrarse que los agentes mencionados en las letras a) y b), incluidas las organizaciones internacionales, no pueden o no quieren proporcionar la protección contra la persecución o los daños graves definida en el artículo 7.
Artículo 7
Agentes de protección
1. La protección contra la persecución o los daños graves ▌sólo la podrán proporcionar:
a) el Estado; o
b) partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internacionales, que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio, siempre que quieran y puedan ofrecer protección con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.
2. Esta protección deberá ser efectiva y de carácter no temporal. En general se entenderá que existe esta protección ▌cuando los agentes mencionados en el apartado 1, letras a) y b), tomen medidas razonables para impedir la persecución o el sufrimiento de daños graves, entre otras la disposición de un sistema jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones constitutivas de persecución o de daños graves, y el solicitante tenga acceso a dicha protección.
3. Al valorar si una organización internacional controla un Estado o una parte considerable de su territorio y proporciona la protección descrita en el apartado 2, los Estados miembros tendrán en cuenta la orientación que pueda desprenderse de los actos pertinentes del Consejo.
Artículo 8
Protección interna
1. Al evaluar la solicitud de protección internacional, los Estados miembros podrán establecer que un solicitante no necesita protección internacional si en una parte del país de origen éste:
a) no tiene temores fundados a ser perseguido o no existe un riesgo real de sufrir daños graves, o
b) tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves tal como se define en el artículo 7 ▌,
y ▌puede viajar con seguridad y legalmente a esa parte del país, ser admitido en ella y es razonable esperar que se establezca allí.
2. Al examinar si un solicitante tiene temores fundados a ser perseguido o corre un riesgo real de sufrir daños graves, o tiene acceso a la protección contra la persecución o los daños graves en una parte del país de origen según lo establecido en el apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta las circunstancias generales reinantes en esa parte del país y las circunstancias personales del solicitante en el momento de resolver la solicitud, de conformidad con el artículo 4. A este fin, los Estados miembros garantizarán que se obtenga información exacta y actualizada de ▌fuentes pertinentes como el ACNUR y la OEAA.
CAPÍTULO III
Requisitos para ser refugiado
Artículo 9
Actos de persecución
1. Para ser considerados actos de persecución en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra, los actos deberán:
a) ser suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos que no puedan ser objeto de excepciones al amparo del apartado 2 del artículo 15 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o bien
b) ser una acumulación de varias medidas, incluidas las violaciones de los derechos humanos, que sea lo suficientemente grave como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en la letra a).
2. Los actos de persecución definidos en el apartado 1 podrán revestir, entre otras, las siguientes formas:
a) actos de violencia física o psíquica, incluidos los actos de violencia sexual;
b) medidas legislativas, administrativas, policiales o judiciales que sean discriminatorias en sí mismas o se apliquen de manera discriminatoria;
c) procesamientos o penas que sean desproporcionados o discriminatorios;
d) denegación de tutela judicial de la que se deriven penas desproporcionadas o discriminatorias;
e) procesamientos o penas por la negativa a cumplir el servicio militar en un conflicto en el que el cumplimiento del servicio militar conllevaría delitos o actos comprendidos en las cláusulas de exclusión establecidas en el artículo 12, apartado 2;
f) actos de naturaleza sexual que afecten a adultos o a niños.
3. De conformidad con lo previsto en el artículo 2, letra d), los motivos mencionados en el artículo 10 y los actos de persecución definidos en el apartado 1,o la ausencia de protección contra los mismos, deberán estar relacionados.
Artículo 10
Motivos de persecución
1. Al valorar los motivos de persecución, los Estados miembros tendrán en cuenta los siguientes elementos:
a) el concepto de raza comprenderá, en particular, consideraciones de color, origen o pertenencia a un determinado grupo étnico;
b) el concepto de religión comprenderá, en particular, la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, la participación o la abstención de participar en cultos formales en privado o en público, ya sea individualmente o en comunidad, así como otros actos o expresiones de opinión de carácter religioso, o formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por ésta;
c) el concepto de nacionalidad no se limitará a la ciudadanía o a su falta, sino que comprenderá, en particular, la pertenencia a un grupo determinado por su identidad cultural, étnica o lingüística, sus orígenes geográficos o políticos comunes o su relación con la población de otro Estado;
d) se considerará que un grupo constituye un determinado grupo social si, en particular:
– los miembros de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes comunes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamental para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y
– dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferente por la sociedad que lo rodea.
En función de las circunstancias imperantes en el país de origen, podría incluirse en el concepto de grupo social determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual. No podrá entenderse la orientación sexual en un sentido que comporte actos considerados delictivos por la legislación nacional de los Estados miembros. Los aspectos relacionados con el sexo de la persona, incluida la identidad de género, se tendrán debidamente en cuenta a efectos de determinar la pertenencia a un determinado grupo social o de la identificación de una característica de dicho grupo.
e) el concepto de opiniones políticas comprenderá, en particular, la profesión de una opinión, idea o creencia sobre un asunto relacionado con los agentes potenciales de persecución mencionados en el artículo 6 y con sus políticas o métodos, independientemente de que el solicitante haya o no obrado de acuerdo con tal opinión, idea o creencia.
2. En la valoración de si un solicitante tiene fundados temores a ser perseguido será indiferente el hecho de que posea realmente la característica racial, religiosa, nacional, social o política que suscita la acción persecutoria, a condición de que el agente de persecución atribuya al solicitante tal característica.
Artículo 11
Cesación
1. Los nacionales de terceros países y los apátridas dejarán de ser refugiados en caso de que:
a) se hayan acogido de nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad, o bien
b) habiendo perdido su nacionalidad, la hayan recobrado voluntariamente, o bien
c) hayan adquirido una nueva nacionalidad y disfruten de la protección del país de su nueva nacionalidad, o bien
d) se hayan establecido de nuevo, voluntariamente, en el país que habían abandonado o fuera del cual habían permanecido por temor de ser perseguidos, o bien
e) ya no puedan continuar negándose a acogerse a la protección del país de su nacionalidad por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados;
f) puedan regresar al país de su anterior residencia habitual por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados.
2. Al considerar lo dispuesto en las letras e) y f) del apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para dejar de considerar fundados los temores del refugiado a ser perseguido.
3. Las letras e) y f), del apartado 1, no se aplicarán al refugiado que pueda invocar razones imperiosas derivadas de una persecución anterior para negarse a aceptar la protección del país de su nacionalidad o, en el caso de un apátrida, del país donde tuvo su residencia habitual anterior.
Artículo 12
Exclusión
1. Los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser refugiados en caso de que:
a) estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la sección D del artículo 1 de la Convención de Ginebra en lo relativo a la protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del ACNUR. Cuando esta protección o asistencia haya cesado por cualquier motivo, sin que la suerte de tales personas se haya solucionado definitivamente con arreglo a las resoluciones aprobadas sobre el particular por la asamblea general de las Naciones Unidas, esas personas tendrán, ipso facto, derecho a los beneficios del régimen de la presente Directiva;
b) las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia les hayan reconocido los derechos y obligaciones que son inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país, o derechos y obligaciones equivalentes a ellos.
2. Los nacionales de terceros países o los apátridas quedarán excluidos de ser refugiados en caso de que existan motivos fundados para considerar que:
a) han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b) han cometido un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitidos como refugiados; es decir, antes de la expedición de un permiso de residencia basado en la concesión del estatuto de refugiado; los actos especialmente crueles, incluso si su comisión persigue un supuesto objetivo político, podrán catalogarse como delitos comunes graves;
c) se han hecho culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la carta de las Naciones Unidas.
3. El apartado 2 se aplicará a las personas que inciten a la comisión de los delitos o actos mencionados en él, o bien participen en su comisión.
CAPÍTULO IV
Estatuto de refugiado
Artículo 13
Concesión del estatuto de refugiado
Los Estados miembros concederán el estatuto de refugiado a los nacionales de terceros países o apátridas que reúnan los requisitos para ser refugiados con arreglo a los capítulos II y III.
Artículo 14
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto
1. Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después de la entrada en vigor de la Directiva 2004/83/CE, los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado concedido a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, en caso de que dichas personas hayan dejado de ser refugiados de conformidad con el artículo 11.
2. Sin perjuicio del deber del refugiado, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 4, de proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido el estatuto de refugiado establecerá en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de ser o nunca ha sido refugiado de conformidad con el apartado 1 del presente artículo.
3. Los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado de un nacional de un tercer país o de un apátrida, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, si, una vez que se le haya concedido dicho estatuto, el Estado miembro de que se trate comprueba que:
a) debería haber quedado excluido o está excluido de ser refugiado con arreglo al artículo 12;
b) la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, fueron decisivos para la concesión del estatuto de refugiado.
4. Los Estados miembros podrán revocar el estatuto concedido a un refugiado por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo, en caso de que:
a) existan motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra;
b) habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.
5. En las situaciones descritas en el apartado 4, los Estados miembros podrán decidir que se deniegue el estatuto en caso de que la decisión no se haya tomado aún.
6. Las personas a las que se apliquen los apartados 4 o 5 gozarán de los derechos contemplados en los artículos 3, 4, 16, 22, 31, 32 y 33 de la Convención de Ginebra o de derechos similares a condición de que se encuentren en el Estado miembro.
CAPÍTULO V
Requisitos para obtener protección subsidiaria
Artículo 15
Daños graves
Constituirán daños graves:
a) la condena a la pena de muerte o su ejecución, o bien
b) la tortura o las penas o tratos inhumanos o degradantes de un solicitante en su país de origen, o bien
c) las amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno.
Artículo 16
Cesación
1. Los nacionales de terceros países o los apátridas dejarán de ser personas con derecho a protección subsidiaria si las circunstancias que condujeron a la concesión del estatuto de protección subsidiaria han dejado de existir o han cambiado de tal forma que la protección ya no es necesaria.
2. En la aplicación del apartado 1, los Estados miembros tendrán en cuenta si el cambio de circunstancias es lo suficientemente significativo, sin ser de carácter temporal, como para que la persona con derecho a protección subsidiaria ya no corra un riesgo real de sufrir daños graves.
3. El apartado 1 no se aplicará al refugiado que pueda invocar razones imperiosas derivadas de una persecución anterior para negarse a aceptar la protección del país de su nacionalidad o, en el caso de un apátrida sin nacionalidad, la del país donde tuvo su residencia habitual anterior.
Artículo 17
Exclusión
1. Los nacionales de terceros países o los apátridas no se considerarán personas con derecho a protección subsidiaria si existen motivos fundados para considerar que:
a) han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales elaborados para adoptar disposiciones respecto de tales delitos;
b) han cometido un delito grave;
c) sean culpables de actos contrarios a las finalidades y a los principios de las Naciones Unidas establecidos en el Preámbulo y en los artículos 1 y 2 de la carta de las Naciones Unidas;
d) constituyen un peligro para la comunidad o para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentran.
2. El apartado 1 se aplicará a las personas que inciten a la comisión de los delitos o actos mencionados en él, o bien participen en su comisión.
3. Los Estados miembros podrán excluir a un nacional de un tercer país o a un apátrida del derecho a protección subsidiaria si, antes de su admisión en el Estado miembro de que se trate, hubiese cometido uno o varios delitos no contemplados en el apartado 1 que serían sancionables con una pena privativa de libertad de haberse cometido en tal Estado miembro y si hubiese dejado su país de origen únicamente para evitar las sanciones derivadas de tales delitos.
CAPÍTULO VI
Estatuto de protección subsidiaria
Artículo 18
Concesión del estatuto de protección subsidiaria
Los Estados miembros concederán el estatuto de protección subsidiaria a los nacionales de terceros países o apátridas que puedan obtener la protección subsidiaria con arreglo a los capítulos II y V.
Artículo 19
Revocación, finalización o denegación de la renovación del estatuto de protección subsidiaria
1. Por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional presentadas después de la entrada en vigor de la ▌Directiva 2004/83/CE, los Estados miembros revocarán el estatuto de refugiado concedido a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, en caso de que dichas personas hayan dejado de tener derecho a solicitar protección subsidiaria con arreglo al artículo 16.
2. Los Estados miembros podrán revocar el estatuto de refugiado concedido a los nacionales de terceros países o apátridas por un organismo gubernamental, administrativo, judicial o cuasi judicial, o disponer la finalización de dicho estatuto o negarse a renovarlo en el caso de que, no obstante habérseles concedido el estatuto de protección subsidiaria, hubiera debido excluirse a dichas personas del derecho a protección subsidiaria con arreglo al apartado 3 del artículo 17.
3. Los Estados miembros revocarán el estatuto de protección subsidiaria concedido a un nacional de un tercer país o un apátrida, o dispondrán la finalización de dicho estatuto o se negarán a renovarlo, si:
a) una vez que se le haya concedido dicho estatuto, hubiera debido excluirse o se hubiera excluido a esa persona del derecho a protección subsidiaria con arreglo a los apartados 1 y 2 del artículo 17;
b) la tergiversación u omisión de hechos por su parte, incluido el uso de documentos falsos, hubieran sido decisivos para la concesión del estatuto de protección subsidiaria.
4. Sin perjuicio del deber de los nacionales de terceros países o apátridas conforme al apartado 1 del artículo 4 de proporcionar todos los hechos pertinentes y presentar toda la documentación pertinente que obre en su poder, el Estado miembro que haya concedido el estatuto de protección subsidiaria demostrará en cada caso que la persona de que se trate ha dejado de tener derecho o no tiene derecho a protección subsidiaria de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo.
CAPÍTULO VII
Contenido de la protección
Artículo 20
Normas generales
1. El presente capítulo no afectará a los derechos establecidos en la Convención de Ginebra.
2. El presente capítulo se aplicará tanto a los refugiados como a las personas con derecho a protección subsidiaria, salvo indicación en contrario.
3. Al aplicar las disposiciones del presente capítulo, los Estados miembros tendrán en cuenta la situación específica de personas vulnerables como los menores, los menores no acompañados, las personas discapacitadas, los ancianos, las mujeres embarazadas, los padres solos con hijos menores, las víctimas de trata de seres humanos, las personas con trastornos mentales y las personas que hayan padecido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual.
4. El apartado 3 será aplicable únicamente a las personas que tengan necesidades especiales comprobadas tras una evaluación individual de su situación.
5. Al aplicar las disposiciones del presente capítulo que se refieren a los menores, el interés superior del niño será una consideración primordial de los Estados miembros.
Artículo 21
Protección contra la devolución
1. Los Estados miembros respetarán el principio de no devolución con arreglo a sus obligaciones internacionales.
2. Cuando no esté prohibido por las obligaciones internacionales mencionadas en el apartado 1, los Estados miembros podrán devolver a un refugiado, reconocido formalmente o no, si:
a) existan motivos razonables para considerar que dicha persona constituye un peligro para la seguridad del Estado miembro en el que se encuentra; o
b) habiendo sido condenado por sentencia firme por un delito de especial gravedad, constituye un peligro para la comunidad de dicho Estado miembro.
3. Los Estados miembros podrán revocar o poner fin al permiso de residencia, o negarse a renovarlo o a concederlo a un refugiado al que se aplique el apartado 2.
Artículo 22
Información
Los Estados miembros proporcionarán a los beneficiarios de protección internacional, tan pronto como sea posible después de la concesión del correspondiente estatuto de protección, acceso a la información sobre los derechos y las obligaciones relacionados con dicho estatuto, en una lengua que entiendan o que se suponga razonablemente que entienden.
Artículo 23
Mantenimiento de la unidad familiar
1. Los Estados miembros velarán por que pueda mantenerse la unidad familiar.
2. Los Estados miembros velarán por que los miembros de la familia del beneficiario de protección internacional que no cumplan individualmente las condiciones para acogerse a dicha protección tengan derecho a solicitar las prestaciones previstas en los artículos 24 a 35, con arreglo a los procedimientos nacionales y en la medida en que ello sea compatible con la condición jurídica personal del miembro de la familia de que se trate.
3. Los apartados 1 y 2 no serán aplicables cuando el miembro de la familia esté o deba estar excluido de la protección internacional de conformidad con los capítulos III y V.
4. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2, los Estados miembros podrán denegar, reducir o retirar las prestaciones que en los mismos se mencionan por motivos de seguridad nacional o de orden público.
5. Los Estados miembros podrán decidir que el presente artículo se aplique también a otros familiares cercanos que vivieran juntos como parte de la familia en el momento de abandonar el país de origen y que estuvieran total o principalmente a cargo del beneficiario de la protección internacional en dicho momento.
Artículo 24
Permisos de residencia
1. Tan pronto como sea posible después de la concesión de la protección internacional, salvo en caso de que se opongan a ello motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público, y sin perjuicio del apartado 3 del artículo 21, los Estados miembros expedirán a los beneficiarios de dicha protección un permiso de residencia válido como mínimo por tres años y renovable.
Sin perjuicio del apartado 1 del artículo 23, el permiso de residencia que se expida a los miembros de la familia del beneficiario del estatuto de refugiado podrá tener una validez inferior a tres años, renovable.
2. Tan pronto como sea posible después de la concesión de la protección internacional, los Estados miembros expedirán a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria y a los miembros de su familia un permiso de residencia renovable que deberá ser válido como mínimo por un año y, en caso de renovación, por dos años como mínimo, salvo cuando se opongan a ello motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público.
Artículo 25
Documento de viaje
1. Los Estados miembros expedirán a los beneficiarios del estatuto de refugiado documentos de viaje conformes a lo dispuesto en el anexo de la Convención de Ginebra que les permitan viajar fuera de su territorio, salvo en caso de que se opongan a ello motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público.
2. Los Estados miembros expedirán a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria que no puedan obtener un pasaporte nacional documentos que les permitan viajar fuera de su territorio, salvo en caso de que se opongan a ello motivos imperiosos de seguridad nacional u orden público.
Artículo 26
Acceso al empleo
1. Inmediatamente después de conceder la protección internacional, los Estados miembros autorizarán a los beneficiarios de la protección a realizar actividades económicas por cuenta ajena o por cuenta propia con arreglo a las normas aplicadas de forma general a la actividad profesional de que se trate y a los empleos en la administración pública.
2. Los Estados miembros velarán por que se ofrezcan a los beneficiarios de protección internacional, en condiciones equivalentes a las de los nacionales, posibilidades de formación ocupacional, formación profesional, incluidos cursos de formación para la mejora de las cualificaciones, y trabajo en prácticas.
3. Los Estados miembros facilitarán a los beneficiarios de protección internacional el pleno acceso a las actividades de formación ▌mencionadas en el apartado 2▌.
4. Se aplicará la legislación nacional en materia de remuneración, acceso a los sistemas de seguridad social correspondientes a las actividades por cuenta propia o ajena y otras condiciones de trabajo.
Artículo 27
Acceso a la educación
1. Los Estados miembros darán pleno acceso al sistema de educación a todos los menores a quienes se haya concedido protección internacional, en las mismas condiciones que a los nacionales.
2. Los Estados miembros permitirán que los adultos a quienes se haya concedido la protección internacional accedan al sistema de educación general, formación continua o capacitación en las mismas condiciones que los nacionales de terceros países que residen legalmente en su territorio.
Artículo 28
Acceso a los procedimientos de reconocimiento de cualificaciones
1. Los Estados miembros garantizarán la igualdad de trato entre los beneficiarios de protección internacional y los nacionales en el marco de los procedimientos vigentes de reconocimiento de diplomas y certificados académicos y profesionales, y otras pruebas de cualificaciones oficiales expedidas en el extranjero.
2. Los Estados miembros facilitarán el pleno acceso a los beneficiarios de protección internacional que no puedan aportar documentos justificativos de sus cualificaciones a sistemas adecuados de evaluación, convalidación y certificación de los estudios que hayan cursado. Las medidas que adopten al respecto deberán atenerse a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 2, y el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales[8].
▌
Artículo 29
Asistencia social
1. Los Estados miembros velarán por que los beneficiarios de protección internacional reciban, en el Estado miembro que les haya concedido tal protección, la ayuda necesaria en términos de asistencia social, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado miembro.
2. Como excepción a la norma general establecida en el apartado 1, los Estados miembros podrán limitar la asistencia social concedida a los beneficiarios del estatuto de protección subsidiaria a las prestaciones básicas, que, en dicho caso, se ofrecerán en el mismo grado y con arreglo a los mismos requisitos que a los nacionales.
Artículo 30
Atención sanitaria
1. Los Estados miembros velarán por que los beneficiarios de protección internacional tengan acceso a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los nacionales del Estado miembro que les haya concedido tal protección.
2. Los Estados miembros prestarán la asistencia sanitaria adecuada incluido, si fuera necesario, el tratamiento de los trastornos mentales, a los beneficiarios de protección internacional que tengan necesidades especiales, como las mujeres embarazadas, las personas discapacitadas, las personas que hayan sufrido tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual o los menores que hayan sido víctimas de cualquier forma de maltrato, negligencia, explotación, tortura, trato cruel, inhumano o degradante o de conflictos armados, en las mismas condiciones que rigen para los nacionales del Estado miembro que les haya concedido la protección.
Artículo 31
Menores no acompañados
1. Tan pronto como sea posible después de la concesión de la protección internacional, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar la representación de los menores no acompañados mediante una tutela legal o, en caso necesario, mediante una organización encargada del cuidado y bienestar del menor o cualquier otro tipo de representación adecuada, incluida la que fijen las disposiciones legales o una resolución judicial.
2. Al aplicar la presente Directiva, los Estados miembros adoptarán las disposiciones necesarias para garantizar que el tutor o representante designado del menor atenderá debidamente a las necesidades de éste. Las autoridades competentes efectuarán evaluaciones sobre el particular de forma periódica.
3. Los Estados miembros velarán por que los menores no acompañados sean acomodados, ya sea:
a) con parientes adultos; o
b) con una familia de acogida; o
c) en centros especializados en el alojamiento de menores; o
d) en otros alojamientos adecuados para menores.
A este respecto, se tendrá en cuenta la opinión del menor, atendiendo a su edad y grado de madurez.
4. En la medida de lo posible, se mantendrá unidos a los hermanos, atendiendo al interés superior del menor de que se trate y, en particular, a su edad y al grado de madurez. Se limitarán al mínimo los cambios de residencia de los menores no acompañados.
5. En caso de que se conceda protección internacional a un menor no acompañado y no se haya iniciado la identificación de miembros de la familia, los Estados miembros empezarán a identificar a los miembros de la familia del menor no acompañado lo antes posible tras la concesión de la protección internacional, atendiendo al mismo tiempo al interés superior del menor no acompañado. Cuando se haya iniciado la identificación de los miembros de la familia, los Estados miembros continuarán dicho proceso cuando proceda. En caso de que pueda existir una amenaza para la vida o la integridad del menor o de sus parientes próximos, sobre todo si éstos han permanecido en el país de origen, habrá que garantizar que la recogida, tratamiento y comunicación de la información referente a estas personas se realice de forma confidencial.
6. Las personas que se ocupen de los menores no acompañados deberán tener y seguir recibiendo la formación adecuada sobre sus necesidades.
Artículo 32
Acceso a la vivienda
1. Los Estados miembros velarán por que los beneficiarios de protección internacional tengan acceso a la vivienda en condiciones equivalentes a las de los otros nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros.
2. Aun permitiendo la práctica de dispersión de los beneficiarios de protección internacional por el territorio nacional, los Estados miembros procurarán aplicar políticas encaminadas a prevenir la discriminación de los beneficiarios de protección internacional y a garantizar la igualdad de oportunidades de acceso a la vivienda.
Artículo 33
Libertad de circulación en el Estado miembro
Los Estados miembros permitirán en su territorio la libre circulación de los beneficiarios de protección internacional en las mismas condiciones y con las mismas restricciones que rigen para los otros nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de los Estados miembros.
Artículo 34
Acceso a instrumentos de integración
▌Con el fin de facilitar la integración de los beneficiarios de protección internacional en la sociedad, los Estados miembros garantizarán el acceso a los programas de integración que consideren oportunos a fin de tener en cuenta las necesidades específicas de los beneficiarios del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria o crearán condiciones previas que garanticen el acceso a dichos programas.
▌
Artículo 35
Repatriación
Los Estados miembros podrán prestar asistencia a los beneficiarios de protección internacional que deseen repatriarse.
CAPÍTULO VIII
Cooperación administrativa
Artículo 36
Cooperación
Cada Estado miembro designará un punto nacional de contacto y comunicará su dirección a la Comisión. La Comisión transmitirá esta información a los demás Estados miembros.
Los Estados miembros adoptarán, en colaboración con la Comisión, todas las medidas pertinentes para establecer una cooperación directa y un intercambio de información entre las autoridades competentes.
Artículo 37
Personal
Los Estados miembros velarán por que las autoridades y otras organizaciones responsables de la aplicación de la presente Directiva reciban la formación necesaria y estén vinculadas por el principio de confidencialidad, tal como se defina en la legislación nacional, en relación con toda información que obtengan como consecuencia de su trabajo.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Artículo 38
Informes
1. A más tardar el …[9]*, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y propondrá, en su caso, las modificaciones necesarias. Las propuestas de modificación se referirán prioritariamente a los artículos 2 y 7. Los Estados miembros enviarán a la Comisión toda la información pertinente para la elaboración de dicho informe a más tardar el …[10]**.
2. Tras la presentación del informe, la Comisión informará, como mínimo cada cinco años, al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la presente Directiva.
Artículo 39
Transposición
1. Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 a más tardar el …[11]*. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre dichas disposiciones y la presente Directiva.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que las referencias hechas, en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, a la Directiva derogada por la presente Directiva se entenderán hechas a la presente Directiva. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia y el modo en que se formule la mención.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho interno en el ámbito regulado por la presente Directiva ▌.
Artículo 40
Derogación
Queda derogada, para los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, la Directiva 2004/83/CE con efectos a partir del [día siguiente a la fecha que figura en el artículo 39, apartado 1, párrafo primero, de la presente Directiva], sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros relativas al plazo de transposición al Derecho nacional de la Directiva, que figura en la parte B del anexo I.
Para los Estados miembros vinculados por la presente Directiva, las referencias a la Directiva derogada se entenderán hechas a la presente Directiva y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo II.
Artículo 41
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Los artículos 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 serán aplicables a partir de [el día siguiente a la fecha establecida en el artículo 39, apartado 1, párrafo primero].
Artículo 42
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en
Por el Parlamento Europeo Por el Consejo
El Presidente El Presidente
ANEXO I
Parte A
Directiva derogada
(a que se refiere el artículo 40)
Directiva 2004/83/CE del Consejo | (DO L 304 de 30.9.2004, p. 12) |
Parte B
Plazo de transposición al Derecho nacional
(a que se refiere el artículo 39)
Directiva | Plazo de transposición |
2004/83/CE | 10 de octubre de 2006 |
ANEXO II
Tabla de correspondencias
Directiva 2004/83/CE | la presente Directiva |
Artículo 1 | Artículo 1 |
Artículo 2, palabras introductorias | Artículo 2, palabras introductorias |
Artículo 2, letra a) | Artículo 2, letra a) |
- | Artículo 2, letra b) |
Artículo 2, letras b) a g) | Artículo 2, letras c) a h) |
- | Artículo 2, letra i) |
Artículo 2, letra h) - | Artículo 2, letra j), primer y segundo guiones Artículo 2, letra j), primer, cuarto y quinto guiones |
- | Artículo 2, letra k) |
Artículo 2, letra i) | Artículo 2, letra l) |
Artículo 2, letra j) | Artículo 2, letra m) |
Artículo 2, letra k) | Artículo 2, letra n) |
Artículo 3 | Artículo 3 |
Artículo 4 | Artículo 4 |
Artículo 5 | Artículo 5 |
Artículo 6 | Artículo 6 |
Artículo 7 | Artículo 7 |
Artículo 8, apartados 1 y 2 | Artículo 8, apartados 1 y 2 |
Artículo 8, apartado 3 | - |
Artículo 9 | Artículo 9 |
Artículo 10 | Artículo 10 |
Artículo 11, apartados 1 y 2 | Artículo 11, apartados 1 y 2 |
- | Artículo 11, apartado 3 |
Artículo 12 | Artículo 12 |
Artículo 13 | Artículo 13 |
Artículo 14 | Artículo 14 |
Artículo 15 | Artículo 15 |
Artículo 16, apartados 1 y 2 | Artículo 16, apartados 1 y 2 |
- | Artículo 16, apartado 3 |
Artículo 17 | Artículo 17 |
Artículo 18 | Artículo 18 |
Artículo 19 | Artículo 19 |
Artículo 20, apartados 1 a 5 | Artículo 20, apartados 1 a 5 |
Artículo 20, apartados 6 y 7 | - |
Artículo 21 | Artículo 21 |
Artículo 22 | Artículo 22 |
Artículo 23, apartado 1 | Artículo 23, apartado 1 |
Artículo 23, apartado 2, párrafo primero | Artículo 23, apartado 2, párrafo primero |
Artículo 23, apartado 2, párrafo segundo | - |
Artículo 23, apartado 2, párrafo tercero | - |
Artículo 23, apartados 3 a 5 | Artículo 23, apartados 3 a 5 |
Artículo 24, apartado 1 | Artículo 24, apartado 1 |
Artículo 24, apartado 2 | - |
Artículo 25 | Artículo 25 |
Artículo 26, apartados 1 a 3 | Artículo 26, apartados 1 a 3 |
Artículo 26, apartado 4 | - |
Artículo 26, apartado 5 | Artículo 26, apartado 4 |
Artículo 27, apartados 1 y 2 | Artículo 27, apartados 1 y 2 |
Artículo 27, apartado 3 | Artículo 28, apartado 1 |
- | Artículo 28, apartados 2 y 3 |
Artículo 28, apartado 1 | Artículo 29, apartado 1 |
Artículo 28, apartado 2 | - |
Artículo 29, apartado 1 | Artículo 30, apartado 1 |
Artículo 29, apartado 2 Artículo 29, apartado 3 | - Artículo 30, apartado 2 |
Artículo 30 | Artículo 31 |
Artículo 31 | Artículo 32 |
Artículo 32 | Artículo 33 |
Artículo 33 | Artículo 34 |
Artículo 34 | Artículo 35 |
Artículo 35 | Artículo 36 |
Artículo 36 | Artículo 37 |
Artículo 37 | Artículo 38 |
Artículo 38 | Artículo 39 |
- | Artículo 40 |
Artículo 39 | Artículo 41 |
Artículo 40 | Artículo 42 |
– | Anexo I |
– | Anexo II |
Or. en
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La propuesta de la Comisión de refundición de la Directiva 2004/83/CE original se enmarca en el proceso evolutivo que debe llevar a una política europea común de asilo para 2012. Mientras que el Parlamento Europeo tan solo fue consultado en el caso de la Directiva inicial, ahora, tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, tiene poder de codecisión. La propuesta que se presenta al Pleno es el resultado de seis diálogos a tres bandas informales, que se espera conduzcan a un acuerdo en primera lectura.
La Directiva actual contiene dos elementos clave: los motivos por los que una persona es susceptible de obtener el estatuto de refugiado o una protección subsidiaria y el contenido de esta protección en términos de residencia, empleo y derechos sociales en el territorio del Estado miembro responsable de la protección.
La Comisión presentó la propuesta de refundición ( COM(2009)0551 final 2) como consecuencia de la revisión que se exigía en la Directiva anterior y de la evolución de la jurisprudencia a este respecto. No cabe duda de que en la práctica existen considerables diferencias en la forma de aplicar la presente Directiva en los distintos Estados miembros. Estas disparidades conducen a enormes variaciones en el porcentaje de aceptación y pone en peligro la continuación de movimientos secundarios por parte de los solicitantes. Si bien algunas de las diferencias pueden abordarse mediante una mejora de la cooperación, en la que la nueva Oficina Europea de Apoyo al Asilo deberá desempeñar un papel importante, es necesario aclarar el marco legislativo (la propia Directiva) para establecer un marco más riguroso y claro para el procedimiento de aplicación.
Una de las principales modificaciones propuestas consiste en aproximar más estrechamente las dos categorías de protección y, de este modo, hacer referencia de manera general a los «beneficiarios de protección internacional». Esto recordará a las autoridades de ejecución que las dos categorías de protección son complementarias: la protección subsidiaria no es menos importante para las personas que corren el riesgo de sufrir daños graves en caso de regresar a su país de origen. La propuesta también tiene por objeto aproximar los derechos derivados del contenido de la protección, siendo el acceso al mercado laboral tal vez el más importante. La mayoría de los Estados miembros ya hacen muy poca diferencia entre los dos grupos. No obstante, todavía es posible aplicar tratamientos diferenciados en tres ámbitos: el bienestar social (lo cual refleja el status quo; la seguridad social se contempla en el considerando correspondiente), las medidas de integración y los permisos de residencia, aunque se ha avanzado un poco en lo tocante a estos últimos, al establecerse que la renovación, después de un año, para las personas con derecho a protección subsidiaria debe ser por dos años como mínimo (hoy en día, son pocos los Estados miembros que aplican otras normas). El PE opinó que este aspecto era importante para la integración y para dar un mayor sentido de estabilidad a las personas.
También se ha avanzado en los aspectos relacionados con el sexo y la identidad de género. Estos aspectos se mencionan ahora explícitamente en los artículos relativos a los grupos sociales que corren peligro de persecución. También se ha añadido en los considerandos una referencia a «tradiciones jurídicas y costumbres» que puedan tener consecuencias perjudiciales como la mutilación genital.
Por lo que respecta al «interés superior del niño», resultó difícil encontrar una definición para los artículos, por lo que se acordaron algunos principios que se incluyen en el considerando 17. La enmienda propuesta al artículo 8, apartado 2, que trata específicamente del cuidado de los menores no acompañados, figura ahora en el considerando correspondiente. La continuidad del cuidado de esos menores es un elemento que debe perseguirse en todo el sistema europeo común de asilo, de ahí los cambios aportados al artículo 31, apartado 5, que deben garantizar la continuidad necesaria de la identificación de los miembros de la familia.
La opinión del PE sobre la ampliación de la definición de familia resultó inaceptable para el Consejo, aunque se han hecho pequeños progresos en lo tocante a la adición de ambos padres u otro pariente del beneficiario cuando ya estén presentes. Queda por ver si el hecho de que no se incluya a los menores casados constituye una laguna en materia de protección, motivo por el que se incluye el artículo 2 en la cláusula de revisión. No obstante la formulación extremadamente explícita de este artículo y su relación con las necesidades de protección, algunos Estados miembros desean mantener una definición muy estrecha de la familia, ya que temen solicitudes futuras de reunificación familiar, pese a que la Directiva establece claramente las normas aplicables a los refugiados. Los menores casados se mencionan ahora en el considerando 36 bis en relación con las prestaciones.
El artículo 7 hace referencia a los agentes de protección. En el PE existe la firme convicción de que, en principio, solo los Estados pueden ser considerados agentes de protección: los organismos internacionales carecen de los atributos propios de un Estado y no pueden ser parte de convenciones internacionales. La pequeña modificación del artículo original tiene por objeto reforzar los requisitos que se exigen de los agentes no estatales para que se les pueda considerar aptos para ofrecer una protección eficaz y duradera (convertida ahora en «no temporal»). El artículo 7 también figura en la cláusula de revisión debido a la continua inclusión de organismos no estatales.
El artículo 8 hace referencia a la protección interna en el territorio del país del que se huye. En este caso, el Consejo optó por mantenerse más fiel a la formulación de la Comisión, aunque se incorporan algunas partes de enmiendas del PE en los considerandos, en particular las relativas a una posición firme contra la protección interna cuando el agente de persecución sea el Estado.
Las tablas de correspondencias siguen presentando dificultades, pero el ponente recomienda al Pleno que acepte el contenido del acuerdo propuesto, que representa un avance en comparación con la Directiva actual, ofrece una mayor seguridad a los beneficiarios de la protección internacional y más claridad a los Estados miembros, y se espera que reduzca las disparidades existentes en la oferta de un sistema justo y eficaz.
ANEXO: CARTA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
COMISIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
PRESIDENTE
Ref.: D(2010)5206
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR
Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
ASP 11G306
Bruselas
Asunto: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección concedida
COM(2009)0551 final de 21.10.2009 - 2009/0164 (COD)
Señor Presidente:
La Comisión de Asuntos Jurídicos, que tengo el honor de presidir, ha examinado la propuesta de referencia, de conformidad con el artículo 87 relativo a la refundición, incluido en el Reglamento del Parlamento
El apartado 3 de dicho artículo reza como sigue:
«Si la comisión competente para asuntos jurídicos considera que la propuesta no incluye más modificaciones de fondo que las que se han determinado como tales, informará de ello a la comisión competente para el fondo.
En este caso, además de las condiciones establecidas por los artículos 156 y 157, la comisión competente para el fondo sólo admitirá enmiendas a las partes de la propuesta que comporten modificaciones.
No obstante, si, de conformidad con el punto 8 del Acuerdo interinstitucional, la comisión competente para el fondo también tuviere intención de presentar enmiendas a las partes codificadas de la propuesta, lo notificará inmediatamente al Consejo y a la Comisión, y esta última deberá informar a la comisión, antes de que se produzca la votación conforme al artículo 54, de su posición sobre las enmiendas y de si tiene o no intención de retirar la propuesta de refundición.»
De acuerdo con el dictamen del Servicio Jurídico, cuyos representantes participaron en las reuniones del Grupo consultivo que examinó la propuesta de refundición, y siguiendo las recomendaciones del ponente, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que la propuesta de referencia no contiene ninguna modificación de fondo que no se haya definido como tal en la propuesta o en el dictamen del Grupo consultivo, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones no modificadas de los actos jurídicos anteriores, la propuesta representa una codificación de los textos existentes sin ninguna modificación sustancial de los mismos.
Asimismo, de conformidad con el artículo 87, la Comisión de Asuntos Jurídicos considera que las adaptaciones técnicas propuestas en el dictamen del Grupo consultivo mencionado más arriba son necesarias para velar por que la propuesta cumpla las normas en materia de refundición.
En conclusión, tras debatir el asunto en su reunión del 27 enero de 2010, la Comisión de Asuntos Jurídicos decidió, por 22 votos a favor y sin abstenciones[12], recomendar a la comisión que usted preside, en calidad de comisión competente para el fondo, que proceda al examen de la propuesta arriba mencionada siguiendo las sugerencias y de conformidad con el artículo 87.
Le saluda muy atentamente,
Klaus-Heiner LEHNE
Anexo: Dictamen del Grupo consultivo
ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN
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GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS |
Bruselas, 23 de noviembre de 2009
DICTAMEN
A LA ATENCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSEJO
DE LA COMISIÓN
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección concedida
(refundición)
COM(2009)0551 de 21.10.2009 – 2009/0164(COD)
Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y especialmente su punto 9, el grupo consultivo compuesto por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión celebró, el 29 de octubre de 2009, una reunión para examinar, entre otras, la propuesta de referencia, presentada por la Comisión.
En dicha reunión[13], como consecuencia del examen de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de refundición de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida, el grupo consultivo constató, de común acuerdo, lo siguiente:
1) En el artículo 9, apartado 3, la formulación inicial «De conformidad con lo previsto en el artículo 2, letra c)» debe sustituirse por «De conformidad con el artículo 2, letra d)».
2) En el artículo 19, apartado 1, los términos «después de la entrada en vigor de la presente Directiva» deben sustituirse por «después de la entrada en vigor de la Directiva 2004/83/CE».
3) En el artículo 23, apartado 2, la referencia a «los artículos 24 a 34» debe sustituirse por una referencia a «los artículos 24 a 27 y 29 a 35».
4) En el artículo 39, apartado 1, párrafo primero, la frase final «Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva» hubiera debido marcarse con el sombreado utilizado por lo general para marcar las modificaciones de contenido en los textos refundidos.
5) En el artículo 39, apartado 2, las últimas palabras «y una tabla de correspondencias entre esas disposiciones y la presente Directiva» hubieran debido marcarse con sombreado.
6) En el artículo 42 deberían introducirse de nuevo las últimas palabras del artículo 40 de la Directiva 2004/83/CE del Consejo («de conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea»).
7) En el anexo II, parte B, la fecha de 10 de octubre de 2006 debe sustituirse por el 9 de octubre de 2006.
En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al Grupo consultivo determinar de común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la misma o en el presente dictamen. El Grupo consultivo ha constatado asimismo que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la propuesta contiene una codificación pura y simple de las mismas, sin ninguna modificación de sus aspectos sustantivos.
C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsulto Jurisconsulto Director General
PROCEDIMIENTO
Título | Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección concedida (refundición) | |||
Referencias | COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD) | |||
Fecha de la presentación al PE | 21.10.2009 |
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Comisión competente para el fondo Fecha del anuncio en el Pleno | LIBE 12.11.2009 |
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Comisión(es) competente(s) para emitir opinión Fecha del anuncio en el Pleno | JURI 12.11.2009 |
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Ponente(s) Fecha de designación | Jean Lambert 11.1.2010 |
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Examen en comisión | 24.5.2011 | 12.7.2011 |
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Fecha de aprobación | 12.7.2011 |
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Resultado de la votación final | +: –: 0: | 46 3 1 | ||
Miembros presentes en la votación final | Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Gerard Batten, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber, Tatjana Ždanoka | |||
Suplente(s) presente(s) en la votación final | Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström | |||
Fecha de presentación | 14.7.2011 | |||