Documento de sesión

 

A7-0087/2012

30.3.2012

***

RECOMENDACIÓN

sobre el proyecto de Reglamento del Consejo sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea

(10222/5/2011 – C7‑0076/2012 – 2011/0070(APP) )

Comisión de Asuntos Jurídicos

Ponente: Zbigniew Ziobro

 

PR_APP

 

 

Explicación de los signos utilizados

       *     Procedimiento de consulta

   ***     Procedimiento de aprobación

  ***I     Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)

 ***II     Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

  ***III     Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el proyecto de acto.)

 

 

 

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...............5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS...................................................................................................6

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN..................................................10

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Reglamento del Consejo sobre la publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea

(10222/5/2011 – C7‑0076/2012 – 2011/0070(APP) )

(Procedimiento legislativo especial - aprobación)

El Parlamento Europeo,

–   Visto el proyecto de Reglamento del Consejo (10222/5/2011),

–   Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 352 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7‑0076/2012),

–   Visto el artículo 81, apartado 1, de su Reglamento,

–   Vista la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos ( A7-0087/2012 ),

1.  Concede su aprobación al proyecto de Reglamento del Consejo;

2.  Recuerda al Consejo que, en caso de que el requisito de la unanimidad de conformidad con el artículo 352 del Tratado FUE y los procedimientos parlamentarios internos pendientes en el Reino Unido conlleven cambios en el proyecto de acto, habrá de solicitarse nuevamente la aprobación del Parlamento;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Antecedentes

La Comisión presentó su propuesta el 4 de abril de 2011 con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica ampliando el acceso a la legislación de la UE y permitiendo a cualquier persona utilizar la versión electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea (DO) como la versión oficial, auténtica, actualizada y completa. Por consiguiente, en la propuesta se establece que la publicación electrónica equivaldrá a una publicación en debida forma del DO. No obstante, en casos excepcionales y temporales de perturbación imprevisible que afecten únicamente a la publicación electrónica, la edición impresa tendrá valor legal.

 

La propuesta de modificación tiene como antecedente una sentencia de 2007 del Tribunal de Justicia en la que se afirma que no se pueden hacer valer derechos ni exigirse el cumplimiento de obligaciones sobre la base de la versión electrónica del DO[1].

 

En la propuesta se tratan también las condiciones técnicas con arreglo a las que la publicación electrónica equivale a una publicación en debida forma, y se establecen las competencias de la Oficina de Publicaciones (OPOCE) en este ámbito.

 

De conformidad con el artículo 5 del proyecto de Reglamento, entrará en vigor el primer día del cuarto mes civil siguiente al de su adopción.

 

 

Elección del fundamento jurídico

 

El fundamento jurídico propuesto por la Comisión es el artículo 352 del Tratado FUE, denominado «cláusula de flexibilidad», que requiere la aplicación del procedimiento de aprobación con arreglo al cual el Parlamento dispone de dos opciones, a saber, puede aprobar o rechazar la propuesta. Cuando, como en el caso que nos ocupa, se solicita la aprobación de un acto legislativo propuesto, la comisión competente para el fondo puede, no obstante, optar por presentar al Parlamento un informe provisional sobre la propuesta con vistas a alcanzar un desenlace positivo del procedimiento, formulando al efecto recomendaciones relativas a la modificación o aplicación del acto propuesto (artículo 81, apartado 3).

 

La disposición anterior a la actual cláusula de flexibilidad, el artículo 308 del Tratado CE, no incluía la condición de obtener la aprobación del Parlamento. Por ello, con esta propuesta se utiliza por primera vez la cláusula de flexibilidad con la participación del Parlamento.

 

La Comisión no aporta justificación alguna del uso de la cláusula de flexibilidad en la propuesta y tampoco trata el uso de cualquiera de los nuevos fundamentos jurídicos introducidos con el Tratado de Lisboa.

 

Es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que «la elección de la base jurídica de un acto comunitario debe basarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, entre los que figuran, en especial, la finalidad y el contenido del acto»[2]. Así, la elección de un fundamento jurídico incorrecto puede justificar la anulación del acto de que se trate.

 

En consecuencia, los debates mantenidos en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la Comisión de Asuntos Constitucionales se han centrado en la cuestión relativa a la elección del fundamento jurídico correcto.

La cláusula de flexibilidad del artículo 352 del Tratado FUE es un fundamento jurídico que ha de aplicarse como último recurso, es decir, que se puede utilizar únicamente cuando en los Tratados no se han previsto los poderes necesarios para que la Unión emprenda una acción, dentro del marco de las políticas definidas en los Tratados, con el fin de alcanzar uno de los objetivos establecidos en los mismos.

 

El DO se creó sobre la base el artículo 191 del Tratado CE mediante una decisión del Consejo en 1958[3], aplicándose la teoría de la «competencia implícita» por la que la Unión puede adoptar actos que sean necesarios para su propio funcionamiento y cuando no exista un fundamento jurídico que prevea un procedimiento legislativo. En el artículo 191 del Tratado CE simplemente se afirmaba que la legislación de la Unión había de publicarse en un diario oficial, pero no se establecía fundamento jurídico alguno. Por ello, la Decisión del Consejo de 1958 se adoptó mediante el procedimiento de toma de decisiones predominante por entonces, en virtud del cual el Consejo adoptó la decisión final. El artículo 191 del Tratado CE corresponde a los artículos 287 y 297 del Tratado FUE, manteniéndose en este último la obligación de publicar sin preverse un fundamento jurídico al respecto. Así pues, una línea de razonamiento posible consiste en que, sobre la base del precedente de 1958, la actual propuesta de la Comisión debe adoptarse basándose en la teoría de la «competencia implícita», pero utilizando el procedimiento de toma de decisiones predominante en la actualidad, a saber, el procedimiento legislativo ordinario.

 

Habida cuenta de que la existencia de una competencia implícita constituye una excepción al principio de atribución, ha de apreciarse de modo estricto y, por lo tanto, la Unión tiene derecho a recurrir a una competencia implícita únicamente cuando sea necesario para garantizar el efecto práctico de lo dispuesto en el Tratado. Además, la estrecha relación entre la competencia implícita y la competencia explícita que aquella complementa ha de demostrarse mediante pruebas objetivas que el Tribunal de Justicia puede someter a control. La disposición del Tratado en la que se prevé la competencia explícita a la que está asociada la competencia implícita determina el procedimiento de toma de decisiones que la Unión ha de seguir en el ejercicio de dicha competencia[4].

 

La OPOCE es un órgano interinstitucional cuya responsabilidad principal consiste en publicar el DO. Sus actividades están reguladas mediante la Decisión 2009/496/CE, Euratom, de 26 de junio de 2009, relativa a la organización y al funcionamiento de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea[5]. No obstante, esta Decisión no es un acto legislativo, sino un acuerdo interinstitucional en el que se indican los elementos prácticos y las modalidades de publicación del DO de acuerdo con la obligación al respecto contemplada en los artículos 287 y 297 del Tratado FUE.

 

El ponente considera que, aunque la Unión tiene la competencia explícita de publicar los actos en virtud de los artículos 287 y 297, no existe un fundamento jurídico explícito aplicable en este caso que prevea el uso de un procedimiento de toma de decisiones específico. Además, el precedente mencionado más arriba sobre la competencia implícita de 1958 ha quedado obsoleto tras las numerosas revisiones del Tratado y los cambios introducidos en los procedimientos de toma de decisiones en los más de cincuenta años transcurridos desde entonces. Dado que la publicación en el DO y las actividades conexas de la OPOCE son objetivos que han de realizarse en virtud de los Tratados, es apropiado utilizar la cláusula de flexibilidad del artículo 352 del Tratado FUE.

 

 

Control parlamentario nacional

 

La publicación electrónica del DO fue una de las prioridades de la Presidencia húngara (enero-julio de 2011) en conexión con la importancia del acceso público a la legislación de la Unión. No obstante, debido a las reservas del Consejo respecto del control parlamentario nacional, hasta el 13 de marzo de 2012 no se envió la solicitud formal del Consejo para la aprobación del Parlamento.

 

De conformidad con una sentencia de 2009 del Tribunal Constitucional alemán[6] sobre el Tratado de Lisboa, el legislador alemán (el Bundestag y el Bundesrat) tendría que pronunciarse sobre el uso de la cláusula de flexibilidad cuando existiese la posibilidad de que la propuesta en cuestión ampliase los poderes de la UE fuera del marco de los Tratados, y el representante alemán en el Consejo puede no dar su aprobación formal en nombre de Alemania respecto de una propuesta de la Comisión basada en el artículo 352 del Tratado FUE mientras que no se cumplan estas condiciones previas fijadas constitucionalmente.

 

En consecuencia, la delegación alemana en el Consejo formuló una reserva sobre el control parlamentario, razón por la cual se suspendió el procedimiento a la espera de que se retirase dicha reserva una vez finalizados los procedimientos internos en Alemania. Las delegaciones de la República Checa y del Reino Unido en el Consejo también formularon reservas similares. Mientras que Alemania y la República Checa retiraron sus reservas a finales de 2011, en el momento de redactar la presente recomendación el Reino Unido no había retirado aún su reserva. No obstante, dicho país ha afirmado que puede aceptar el contenido de la propuesta dependiendo del desenlace de los procedimientos parlamentarios nacionales, y entretanto ha dado su acuerdo a la solicitud de aprobación por el Parlamento Europeo.

 

 

Justificación de la concesión de la aprobación

 

El ponente estima que el texto del Consejo ofrece la posibilidad de reformar debidamente la manera en que se publica el DO, dado que aporta una mayor seguridad jurídica y facilita a los ciudadanos un mejor acceso a los actos jurídicos de la Unión Europea. En la actualidad, prácticamente todos las personas consultan los actos jurídicos de la UE únicamente en formato electrónico. El hecho de que las versiones electrónicas de los actos jurídicos no sean jurídicamente vinculantes es inaceptable en sí mismo y crea inseguridad respecto del contenido exacto de los actos jurídicos de la UE disponibles actualmente en la base de datos EUR-LEX. Además, consultar las versiones en papel del Diario Oficial lleva tiempo y es costoso, y solo lo hacen muy pocos usuarios. Por ello, la reforma incrementará la seguridad jurídica y reducirá los costes que conlleva el acceso a los actos para los ciudadanos y las empresas. Todas las reformas de este tipo deberían tener una excelente acogida en la UE.

 

Los cambios propuestos son de carácter puramente técnico y no implican posibles opciones políticas sobre las que el Parlamento Europeo debería adoptar una posición en calidad de colegislador. Por consiguiente, debe concederse la aprobación para esta propuesta de Reglamento del Consejo a fin de que entre en vigor cuanto antes.

 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN

Fecha de aprobación

27.3.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

21

0

0

Miembros presentes en la votación final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt

 

 

[1] Sentencia en el asunto C-161/06, Skoma-Lux [2007] Rec. p. I-10841, apartado 48. 
[2] Asunto C-45/86, Comisión/Consejo (Preferencias arancelarias generalizadas) [1987] Rec. p. 1439, apartado 5; Asunto C-440/05 Comisión/ Consejo [2007] Rec. p. I-9097; Asunto C-411/06, Comisión/Parlamento y Consejo (8 de septiembre de 2009) (DO C 267 de 7.11.2009, p. 8). 
[3] Decisión por la que se crea el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, DO 17 de 6.10.1958, p. 390. Este es el texto completo de la Decisión: EL CONSEJO DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA,Visto el artículo 191 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea; Vistas las propuestas formuladas por el presidente del Parlamento Europeo, los presidentes de la Alta Autoridad, de la Comisión de la Comunidad Económica Europea y de la Comisión de la Comunidad Europea de la Energía Atómica;Considerando que conviene que la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, dispongan de un diario oficial común,DECIDE:crear, como diario oficial de la Comunidad a tenor del artículo 191 del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea, el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 15 de septiembre de 1958.Por el ConsejoEl PresidenteERHARD» 
[4] Véase Lenaerts & Van Nuffel, European Union Law, Third Edition, Sweet & Maxwell 2011, p. 120-121. 
[5] Decisión 2009/496/CE, Euratom del Parlamento Europeo, del Consejo, de la Comisión, del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social Europeo y del Comité de las Regiones, de 26 de junio de 2009, relativa a la organización y al funcionamiento de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea (DO L 168 de 30.6.2009, p. 41). 
[6] Sentencia de 30 de junio de 2009, disponible en inglés en la siguiente dirección: http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html.