Documento de sesión

 

A7-0320/2012

15.10.2012

***I

INFORME

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida)

( COM(2010)0748 – C7‑0433/2010 – 2010/0383(COD) )

Comisión de Asuntos Jurídicos

Ponente: Tadeusz Zwiefka

(Refundición – artículo 87 del Reglamento)

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Explicación de los signos utilizados

  *  Procedimiento de consulta

  ***  Procedimiento de aprobación

  ***I  Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)

  ***II  Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

  ***III  Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el proyecto de acto.)

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

 

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].

 

 

 

ÍNDICE

Página

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO  5

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  138

ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN  142

OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales  144

PROCEDIMIENTO  148

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida)

( COM(2010)0748 – C7‑0433/2010 – 2010/0383(COD) )

(Procedimiento legislativo ordinario - refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vistas la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo ( COM(2010)0748 ) y la evaluación de impacto llevada a cabo por la Comisión ( SEC(2010)1547 ),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 67, apartado 4, y el artículo 81, apartado 2, letras a), c) y e), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7 0433/2010),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados, en el marco del Protocolo n° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, por el Senado y la Cámara de Representantes de los Países Bajos, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 5 de mayo de 2011[1],

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos[2],

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de …, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales ( A7-0320/2012 ),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales,

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PARLAMENTO EUROPEO[3]*

a la propuesta de la Comisión

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REGLAMENTO (UE) Nº .../2012

DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

(Versión refundida)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 67, apartado 4 y su artículo 81, apartado 2, letras a), c) y e),

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión de la propuesta a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo[4],

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario[5],

Considerando lo siguiente:

(1)  El 21 de abril de 2009, la Comisión adoptó un informe[6] sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[7] ▌. En dicho informe se concluía que, en general, la aplicación del Reglamento es satisfactoria, pero que es deseable mejorar la aplicación de algunas de sus disposiciones, facilitar en mayor medida la libre circulación de las resoluciones judiciales y mejorar el acceso a la justicia. Debiéndose llevar a cabo una serie de modificaciones, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la refundición del mencionado Reglamento.

(1 bis)  El Consejo Europeo, reunido en Bruselas los días 10 y 11 de diciembre de 2009, adoptó un nuevo programa plurianual denominado «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano»[8] (en lo sucesivo, «el Programa»). En el Programa, el Consejo Europeo considera que el proceso de suprimir todas las medidas intermedias (el exequátur) debería continuar durante el período cubierto por el Programa. Al mismo tiempo, la supresión del exequátur debería ir acompañada de una serie de salvaguardas.

(2)  La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, de seguridad y de justicia que, entre otros aspectos, facilite el acceso a la justicia, en particular gracias al principio de mutuo reconocimiento de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materia civil. Para el progresivo establecimiento de dicho espacio, la Unión debe adoptar▌ medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, en particular en aquellos casos en que sea necesario para el buen funcionamiento del mercado interior.

(3)  Ciertas diferencias en las normas nacionales sobre competencia judicial y el reconocimiento de las resoluciones judiciales hacen más difícil el buen funcionamiento del mercado interior. Son indispensables, por consiguiente, disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, asegurándose un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales dictadas en un Estado miembro.

(4)  Tales disposiciones entran dentro del ámbito ▌ de la cooperación judicial en materia civil a efectos del artículo 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(5)  Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las reglas relativas a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de las resoluciones se determinen por un instrumento jurídico de la Unión vinculante y directamente aplicable.

▌  (trasladado al considerando 27 bis)

(7)  El 27 de septiembre de 1968, en el marco del cuarto guión del artículo 293 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los Estados miembros de entonces celebraron el Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, modificado posteriormente por ▌Convenios de adhesión a dicho Convenio de los nuevos Estados miembros (denominado en lo sucesivo «el Convenio de Bruselas de 1968»)[9]. El 16 de septiembre de 1988, los entonces Estados miembros de las Comunidades Europeas y determinados Estados de la AELC celebraron el Convenio de Lugano, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, «el Convenio de Lugano de 1988»)[10], paralelo al Convenio de Bruselas de 1968. El Convenio de Lugano de 1988 se aplicó a Polonia a partir del 1 de febrero de 2000.

(8)  El 22 de diciembre de 2000 ▌ el Consejo adoptó el Reglamento (CE) nº 44/2001, que sustituyó al Convenio de Bruselas de 1968 en lo relativo a los territorios de los Estados miembros cubiertos por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, entre todos los Estados miembros, excepto Dinamarca. Mediante la Decisión 2006/325/CE[11] ▌la Unión celebró un acuerdo con Dinamarca por el que se asegura la aplicación de las disposiciones del Reglamento (CE) nº 44/2001 en Dinamarca. El Convenio de Lugano de 1988 fue revisado por el Convenio ▌relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, celebrado en Lugano el 30 de octubre de 2007 por la Unión, Dinamarca, Islandia, Noruega y Suiza («en lo sucesivo, el Convenio de Lugano de 2007»). ▌

(8 bis)  El Convenio de Bruselas de 1968 sigue aplicándose en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros que entran en su ámbito de aplicación territorial y que están excluidos del presente Reglamento en virtud del artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. (antiguo considerando 30)

▌

(10)  El ámbito de aplicación material del presente Reglamento debe abarcar lo esencial de las materias civil y mercantil, salvo determinadas materias claramente determinadas, en particular las obligaciones de alimentos, que deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento a resultas de la adopción del Reglamento (CE) nº 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos[12] ▌.

(10 bis)  A efectos del presente Reglamento, se considerarán igualmente tribunales de los Estados miembros los tribunales que sean comunes a varios Estados miembros, como el Tribunal de Justicia del Benelux, cuando ejerzan su competencia en asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Por consiguiente, las resoluciones de dichas cortes o tribunales se reconocerán y ejecutarán en el marco del presente Reglamento.

(11)  El presente Reglamento no debe aplicarse al arbitraje ▌. Ningún elemento del presente Reglamento debe impedir que un tribunal de un Estado miembro, cuando conozca de un asunto respecto del cual las partes hayan celebrado un convenio de arbitraje, remita a las partes al arbitraje o bien suspenda o sobresea el procedimiento, ni que determine si el convenio de arbitraje es nulo, ineficaz o inaplicable, de conformidad con su Derecho nacional.

(11 bis)  Un fallo de un tribunal de un Estado miembro acerca de si un convenio de arbitraje es o no nulo, ineficaz o inaplicable no debe estar sujeto a las normas de reconocimiento y ejecución del presente Reglamento, con independencia de que el tribunal se haya pronunciado a ese respecto a título principal o como cuestión incidental.

(11 ter)  Por otra parte, el que un tribunal competente a tenor del presente Reglamento o del Derecho nacional haya determinado que un convenio de arbitraje es nulo, ineficaz o inaplicable no debe obstar al reconocimiento ni, en su caso, a la ejecución de la resolución del tribunal en cuanto al fondo del asunto con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento. Esta norma se entenderá sin perjuicio de la competencia de los tribunales de los Estados miembros para resolver respecto al reconocimiento y la ejecución de los laudos arbitrales a tenor de la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, celebrada en Nueva York el 10 de junio de 1958 (en lo sucesivo, «la Convención de Nueva York de 1958»), que prevalecerá sobre el presente Reglamento.

(11 quater) El presente Reglamento no debe aplicarse a las demandas ni a los procedimientos accesorios relacionados, en particular, con la creación de un tribunal arbitral, los poderes de los árbitros, el desarrollo de un procedimiento de arbitraje o cualesquiera otros aspectos de tal procedimiento, ni a las demandas o resoluciones relativas a la anulación, revisión, apelación, reconocimiento o ejecución de un laudo arbitral.

(11 quinquies) Debe existir un nexo entre los procedimientos a los que se aplique el presente Reglamento y el territorio de los Estados miembros. Por consiguiente, las reglas comunes sobre competencia judicial deben aplicarse, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en un Estado miembro.

(11 sexies) Todo demandado que no esté domiciliado en un Estado miembro debe estar sometido, por regla general, a las normas nacionales sobre competencia judicial aplicables en el territorio del Estado miembro del tribunal ante el que se haya interpuesto la demanda.

(11 septies) No obstante, para garantizar la protección de los consumidores y los trabajadores, salvaguardar la competencia de los tribunales de los Estados miembros en situaciones en las que gozan de competencia exclusiva y respetar la autonomía de las partes, determinadas normas sobre competencia judicial contempladas en el presente Reglamento deben aplicarse independientemente del domicilio del demandado.

(12)  Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado. La competencia judicial debe regir siempre conforme a este criterio, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de conexión. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.

(13)  El foro del domicilio del demandado debe completarse con otros foros alternativos a causa de la estrecha conexión existente entre el órgano jurisdiccional y el litigio o para facilitar una buena administración de justicia. La existencia de una conexión estrecha debe garantizar la seguridad jurídica evitando la posibilidad de que una persona sea demandada ante un tribunal de un Estado miembro que no hubiera podido prever razonablemente. Este aspecto reviste particular importancia en relación con los litigios relativos a obligaciones no contractuales derivadas de violaciones de la vida privada y de los derechos relativos a la personalidad, en particular la difamación.

(13 bis)  El propietario de bienes culturales, según se definen en el artículo 1, punto 1, de la Directiva 93/7/CEE, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro[13], debe poder incoar un procedimiento civil, en virtud del presente Reglamento, ante uno de los tribunales del lugar en que se encuentre el bien en el momento de presentarse la demanda, con objeto de recuperar dicho bien atendiendo a la propiedad del mismo. Dicho procedimiento se entiende sin perjuicio del procedimiento incoado con arreglo a la Directiva 93/7/CEE.

(14)  En cuanto a los contratos de seguros, a los celebrados por los consumidores ▌o a los de trabajo, es oportuno proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las reglas generalmente aplicables.

(15)  Debe respetarse la autonomía de las partes de un contrato, que no sea de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, en los que sólo se prevé una autonomía limitada en cuanto a la elección del órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de los criterios de competencia exclusiva establecidos en el presente Reglamento.

(15 bis)  La cuestión de si un acuerdo atributivo de competencia en favor de un tribunal o de tribunales de un Estado miembro es nulo y sin efecto jurídico en cuanto a su validez sustancial debe decidirse conforme al Derecho del Estado miembro del tribunal o de los tribunales designados en el acuerdo. La referencia al Derecho del Estado miembro del tribunal o de los tribunales designados debe incluir las normas sobre conflicto de leyes de dicho Estado.

▌

(18)  El funcionamiento armonioso de la justicia exige reducir al máximo la posibilidad de procedimientos paralelos y evitar que se dicten en dos Estados miembros resoluciones inconciliables. Debe establecerse un mecanismo claro y eficaz con objeto de resolver los casos de litispendencia y conexidad y de obviar los problemas derivados de las divergencias nacionales sobre la fecha en la que un asunto se considera pendiente. A efectos del presente Reglamento, es oportuno definir esta fecha de manera autónoma.

(19)  No obstante, a fin de mejorar la eficacia de los acuerdos exclusivos de elección de foro y ▌de evitar las tácticas litigiosas abusivas, es necesario prever una excepción al mecanismo general de litispendencia para resolver satisfactoriamente una situación particular en la que se den dos procedimientos paralelos. Esta situación se produce cuando conoce del asunto en primer lugar un tribunal no designado en un acuerdo exclusivo de elección de foro y, a continuación, se somete ante el tribunal designado una acción entre las mismas partes, con el mismo objeto y la misma causa. En tal caso, debe exigirse que el tribunal que conoció del asunto en primer lugar suspenda el procedimiento en cuanto la demanda se presente ante el tribunal designado y hasta que este último se declare incompetente a tenor del acuerdo de elección de foro exclusivo. Se garantiza así que, en tal situación, el tribunal designado tenga prioridad para decidir sobre la validez del acuerdo y sobre si este se aplica o no, por mor de su alcance, al litigio de que conoce. El tribunal designado debe poder actuar independientemente de que el tribunal no designado haya resuelto ya suspender el procedimiento o no.

(19 bis)  La norma descrita en el considerando 19 no debe aplicarse a aquellas situaciones en las que las partes hayan concluido acuerdos exclusivos de elección de foro conflictivos entre sí, ni cuando la demanda se haya interpuesto en primer lugar ante un tribunal designado en un acuerdo de esa índole. En tales casos debe aplicarse la norma general sobre litispendencia del presente Reglamento.

▌

(21)  El presente Reglamento debe prever un mecanismo flexible que permita a los tribunales de los Estados miembros tener en cuenta los procedimientos pendientes ante los tribunales de terceros Estados, tomando especialmente en consideración si es posible o no que una resolución de un tercer Estado sea reconocida y ejecutada en un Estado miembro determinado con arreglo a su legislación nacional, así como la buena administración de la justicia ▌.

(21 bis)  Al tener en consideración la buena administración de la justicia en las circunstancias descritas en el considerando 21,el tribunal del Estado miembro de que se trate debe valorar todas las circunstancias del asunto de que conoce. Esta valoración puede incluir los nexos entre las consideraciones de hecho del asunto y las partes y el tercer Estado de que se trate, la fase a la que han llegado los procedimientos en el tercer Estado en el momento en que se inicia el procedimiento ante el tribunal del Estado miembro, y si cabe esperar o no que el tribunal del tercer Estado dicte una resolución en un plazo razonable.

(21 ter)  En esta valoración se puede examinar asimismo si el tribunal del tercer Estado tiene competencia exclusiva para conocer del asunto de que se trate en circunstancias en las que un tribunal de un Estado miembro la habría tenido.

(22)  ▌La noción de medidas provisionales y cautelares debe incluir, entre otras, las providencias precautorias destinadas a obtener información o a conservar pruebas ▌a que se refieren los artículos 6 y 7 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual[14]. No debe incluir medidas que no sean de naturaleza cautelar, como las medidas por las que se ordena la audiencia de un testigo ▌. Esto se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (CE) nº 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil[15].

(23)  La confianza recíproca en la administración de justicia dentro de la Unión justifica el principio de que las resoluciones dictadas en un Estado miembro sean reconocidas sin necesidad de recurrir a procedimiento especial alguno. Además, la voluntad de reducir la duración y los costes de los litigios transfronterizos justifica la supresión del otorgamiento de la ejecución antes de la ejecución en el Estado miembro requerido. Como consecuencia de ello, cualquier resolución dictada por un tribunal de un Estado miembro debe ser tratada ▌como si se hubiera dictado en el Estado miembro requerido en el que se invoca el reconocimiento o se solicita la ejecución. ▌

(23 bis)  A efectos de la libre circulación de las resoluciones judiciales, una resolución dictada en un Estado miembro debe reconocerse y ejecutarse en otro Estado miembro incluso si se ha dictado contra una persona no domiciliada en un Estado miembro.

(23 ter)  Si una resolución contiene una medida u orden que no sea conocida conforme a la ley del Estado miembro requerido, dicha medida u orden, así como todo derecho indicado en la misma, debe, en la medida de lo posible, adaptarse a una medida u orden que, conforme a la ley de dicho Estado miembro, tenga efectos equivalentes y persiga objetivos similares. Corresponde a cada Estado miembro determinar quién debe proceder a tal adaptación y cómo.

(23 quater) La ejecución directa en el Estado miembro requerido de una resolución dictada en otro Estado miembro sin otorgamiento de la ejecución no debe comprometer el respeto de los derechos de la defensa. Por consiguiente, la persona contra la que se solicite la ejecución debe poder solicitar la denegación del reconocimiento y/o de la ejecución de la resolución si considera que concurre uno de los motivos para el no reconocimiento de la misma. Entre estos debe incluirse el hecho de no haber tenido la oportunidad de defenderse si la resolución se dictó en rebeldía del demandado en el marco de una acción civil vinculada a un procedimiento penal. También deben incluirse los motivos que podrían invocarse sobre la base de un acuerdo entre el Estado miembro requerido y un tercer Estado, celebrado conforme al artículo 59 del Convenio de Bruselas de 1968.

(23 quinquies) Cuando una parte impugne la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro, debe poder invocar en el mismo procedimiento, en la medida de lo posible y de acuerdo con el ordenamiento jurídico del Estado miembro requerido, además de los motivos de denegación previstos en el presente Reglamento, también aquellos que prevea el Derecho nacional, dentro de los plazos que tal Derecho contemple.

(23 sexies) No obstante, el reconocimiento de una resolución únicamente debe denegarse en caso de que concurran uno o más de los motivos contemplados en el presente Reglamento.

(23 septies) En caso de impugnación de la ejecución de una resolución, los tribunales del Estado miembro requerido deben poder permitir, durante todo el procedimiento de impugnación, incluido cualquier recurso, que se proceda a la ejecución, ya sea limitándola o estableciendo la constitución de una garantía.

(23 octies) Con el fin de informar a la persona contra la cual se solicita la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro, debe notificarse a dicha persona el certificado establecido en virtud del presente Reglamento, acompañado, si procede, de la resolución, con una antelación razonable respecto de la primera medida de ejecución. En este sentido se debe considerar que la primera medida de ejecución es la primera después de dicha notificación.

▌

(25)  ▌Cuando las medidas provisionales, incluidas las cautelares, sean ordenadas por un tribunal competente en cuanto al fondo del asunto, debe garantizarse su libre circulación en virtud del presente Reglamento. No obstante, las medidas provisionales y cautelares ordenadas por tal tribunal sin que el demandado haya sido citado a comparecer no deben reconocerse ni ejecutarse en virtud del presente Reglamento, a no ser que la resolución que contenga la medida se haya notificado al demandado antes de su ejecución. Esto no debe obstar al reconocimiento y ejecución de tales medidas en virtud del Derecho nacional. Cuando las medidas provisionales, incluidas las cautelares sean ordenadas por un tribunal de un Estado miembro que no es competente en cuanto al fondo del asunto, su efecto debe circunscribirse, en virtud del presente Reglamento, al territorio del Estado miembro de que se trate. ▌

(26)  Procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas de 1968, el Reglamento (CE) nº 44/2001 y el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968 y del Reglamento que lo sustituye ▌.

(26 bis)  El respeto de los compromisos internacionales contraídos por los Estados miembros justifica que el presente Reglamento no afecte a los convenios en los que son parte los Estados miembros y se refieren a materias especiales. (antiguo considerando 32)

(26 ter)  Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros con arreglo a los Tratados, el presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de convenios o acuerdos bilaterales entre terceros Estados y los Estados miembros celebrados antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 44/2001 que se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento.

(26 quater) A fin de garantizar la actualización de los certificados empleados en relación con el reconocimiento o ejecución de resoluciones judiciales, documentos públicos con fuerza ejecutiva y transacciones judiciales conforme al presente Reglamento, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a las modificaciones de los anexos I y II del presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

 

(27)  El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular el derecho a una tutela judicial efectiva y ▌a un juez imparcial consagrado en su artículo 47. ▌

(27 bis) Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.

(28)  De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda ▌ que figura en anexo al Tratado de la Unión Europea y al entonces Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, estos Estados participaron en la adopción y aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001. De conformidad con el artículo 3 del Protocolo (nº 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento ▌.

(29)  De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (nº 22) sobre la posición de Dinamarca que figura en anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento ▌y no está sujeta al mismo ni este le es aplicable, sin perjuicio de la posibilidad de que aplique las modificaciones introducidas en el Reglamento (CE) nº 44/2001, en virtud del artículo 3 del Acuerdo ▌entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil[16], celebrado el 19 de octubre de 2005.

▌

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

1.  El presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No se aplicará, en particular, a las materias fiscal, aduanera y administrativa ni a la responsabilidad del Estado por actos u omisiones en el ejercicio de su autoridad soberana («acta iure imperii»).

2.  Se excluirá del ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a)  el estado y la capacidad de las personas físicas, los regímenes matrimoniales o los que regulen las relaciones que, con arreglo a la ley aplicable, tengan efectos comparables al matrimonio;

b)  la quiebra, los convenios entre quebrado y acreedores y demás procedimientos análogos;

c)  la seguridad social;

d)  el arbitraje ▌;

e)  las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia, de parentesco, de matrimonio o de afinidad;

f)  los testamentos y sucesiones, incluidas las obligaciones de alimentos por causa de muerte.

▌

Artículo 2

A los efectos del presente Reglamento:

a)  ▌por «resolución», se entenderá cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro, con independencia de la denominación que reciba, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquide las costas del proceso.

A los efectos del capítulo III, el término «resolución» engloba las medidas provisionales o las medidas cautelares ordenadas por un tribunal competente, en virtud del presente Reglamento, para conocer sobre el fondo del asunto. No se incluyen las medidas provisionales y cautelares que se ordenan sin que el demandado sea citado a comparecer, a no ser que la resolución haya sido notificada al demandado antes de su ejecución;

▌

d)  por «transacción judicial», un pacto aprobado por un tribunal de un Estado miembro o concluido ante un tribunal de un Estado miembro en el curso del procedimiento;

e)  por «instrumento público con fuerza ejecutiva» se entenderá un documento formalizado o registrado oficialmente como acto auténtico en el Estado miembro del origen y cuya autenticidad:

i)  atañere a la firma y al contenido del instrumento, y

ii)  hubiere sido establecida por un poder público u otra autoridad habilitada al efecto.

f)  ▌«Estado miembro de origen», el Estado miembro en que se haya dictado la resolución, se haya aprobado o concluido la transacción judicial, o se haya formalizado o registrado oficialmente el documento público con fuerza ejecutiva, según el caso;

g)  ▌«Estado miembro requerido», el Estado miembro en el que se invoque el reconocimiento de la resolución o, según el caso, se solicite la ejecución de la resolución, la transacción judicial o el documento público con fuerza ejecutiva;

h)  ▌«tribunal de origen», el tribunal que haya dictado la resolución cuyo reconocimiento se invoque y/o cuya ejecución se solicite.

Artículo 2 bis

A efectos del presente Reglamento tendrán la consideración de «tribunales» las siguientes autoridades, en la medida en que tengan competencia en asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento:

a)  en Hungría, en los procedimientos simplificados relativos a requerimientos de pago (fizetési meghagyásos eljárás), el notario (közjegyzö),

b)  en Suecia, en los procedimientos simplificados relativos a requerimientos de pago (betalningsföreläggande) y asistencia (handräckning), el Servicio de Cobro Ejecutivo (kronofogdemyndigheten).

CAPÍTULO II

COMPETENCIA

Sección 1

Disposiciones generales

Artículo 3

1.  Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

2.  A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.

Artículo 4

1.  Las personas domiciliadas en un Estado miembro sólo podrán ser demandadas ante los tribunales de otro Estado miembro en virtud de las reglas establecidas en las secciones 2 a 7 del presente capítulo.

2.  No serán aplicables a las personas a que se refiere el apartado, en particular, las reglas de competencia nacionales que los Estados miembros notifiquen a la Comisión de conformidad con lo establecido en el artículo 88, apartado 1, letra a).

Artículo 4 bis

1.  Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia de los tribunales de cada Estado miembro se determinará, a reserva de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 1, el artículo 19, apartado 2, y los artículos 22 y 23, con arreglo a la legislación del Estado miembro correspondiente.

2.  Toda persona, sea cual sea su nacionalidad, domiciliada en el territorio de un Estado miembro, podrá invocar contra dicho demandado, del mismo modo que los nacionales de ese Estado miembro, las reglas nacionales de competencia judicial vigentes en el mismo y, en particular, las notificadas a la Comisión por los Estados miembros, de conformidad con lo establecido en el artículo 88, apartado 1, letra a).

Sección 2

Competencias especiales

Artículo 5

Una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro:

1.  a)  en materia contractual, ante el tribunal del lugar en el que se haya cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a la demanda;

b)  a efectos de la presente disposición, y salvo pacto en contrario, dicho lugar será:

–cuando se tratare de una compraventa de mercaderías, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser entregadas las mercaderías;

–cuando se tratare de una prestación de servicios, el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestados los servicios;

c)  cuando la letra b) no fuere aplicable, se aplicará la letra a).

2.  En materia delictual o cuasidelictual, ante el tribunal del lugar donde se hubiere producido o hubiere podido producirse el hecho dañoso.

▌

4.  Si se tratare de acciones por daños y perjuicios o de acciones de restitución fundamentadas en un acto que diere lugar a un procedimiento penal, ante el tribunal que conociere de dicho proceso, en la medida en que, de conformidad con su ley, dicho tribunal pudiere conocer de la acción civil.

4 bis.  Por lo que se refiere a las acciones civiles, basadas en el derecho de propiedad, dirigidas a recuperar un bien cultural según se define en el artículo 1, punto 1, de la Directiva 93/7/CEE, e incoadas por la persona que reclama el derecho a recuperar dicho bien, ante el tribunal del lugar en que se encuentre el bien cultural en el momento de presentarse la demanda;

5.  Si se tratare de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el tribunal del lugar en que se hallaren sitos.

6.  Si se trata de litigios entablados contra el fundador, trustee o beneficiario de un trust constituido ya en aplicación de la ley, ya por escrito o por un acuerdo verbal confirmado por escrito, ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio esté domiciliado el trust;

7.  Si se trata de un litigio relativo al pago de la remuneración reclamada en razón del auxilio o el salvamento de los que se haya beneficiado un cargamento o un flete, ante el tribunal en cuya jurisdicción dicho cargamento o flete:

a)  hubiere sido embargado para garantizar dicho pago; o

b)  hubiere podido ser embargado a tal fin, pero se haya prestado una caución o cualquier otra garantía.

Esta disposición solo se aplicará cuando se pretenda que el demandado tiene un derecho sobre el cargamento o el flete, o que tenía tal derecho en el momento de dicho auxilio o salvamento.

Artículo 6

Una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada:

1.  si ▌hay varios demandados, ante el tribunal del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables de juzgarse los asuntos separadamente;

2.  si se tratare de una demanda sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso, ante el tribunal que estuviere conociendo de la demanda principal, salvo que ésta se hubiere formulado con el único objeto de provocar la intervención de un tribunal distinto del correspondiente al demandado;

3.  si se tratare de una reconvención derivada del contrato o hecho en que se fundamentare la demanda inicial, ante el tribunal que estuviere conociendo de esta última,

4.  en materia contractual, si la acción pudiere acumularse con otra en materia de derechos reales inmobiliarios dirigida contra el mismo demandado, ante el tribunal del Estado miembro en el que estuviere sito el inmueble.

Artículo 7

Cuando, en virtud del presente Reglamento, un tribunal de un Estado miembro fuere competente para conocer de acciones de responsabilidad derivadas de la utilización o la explotación de un buque, dicho tribunal o cualquier otro que le sustituyere en virtud de la ley interna de dicho Estado miembro conocerá también de la demanda relativa a la limitación de esta responsabilidad.

Sección 3

Competencia en materia de seguros

Artículo 8

En materia de seguros, se determinará la competencia con arreglo a las disposiciones de la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 bis y en el artículo 5, apartado 5.

Artículo 9

1.  Un asegurador domiciliado en un Estado miembro podrá ser demandado:

a)  ante los tribunales del Estado miembro en el que tuviere su domicilio; o

b)  en otro Estado miembro, cuando se trate de acciones entabladas por el tomador del seguro, el asegurado o un beneficiario, ante el tribunal del lugar donde tuviere su domicilio el demandante; o

c)  si se tratare de un coasegurador, ante los tribunales del Estado miembro que entendieren de la acción entablada contra el primer firmante del coaseguro.

2.  Cuando el asegurador no estuviere domiciliado en un Estado miembro pero tuviere sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro se le considerará, para los litigios relativos a su explotación, domiciliado en dicho Estado miembro.

Artículo 10

El asegurador podrá, además, ser demandado ante el tribunal del lugar en que se hubiere producido el hecho dañoso cuando se tratare de seguros de responsabilidad o de seguros relativos a inmuebles. La misma regla será de aplicación cuando se tratare de seguros que se refieren a inmuebles y a bienes muebles cubiertos por una misma póliza y afectados por el mismo siniestro.

Artículo 11

1.  En materia de seguros de responsabilidad civil, el asegurador podrá ser demandado igualmente ante el tribunal que conociere de la acción de la persona perjudicada contra el asegurado, cuando la ley de este tribunal lo permitiere.

2.  Las disposiciones de los artículos 8, 9 y 10 serán aplicables en los casos de acción directa entablada por la persona perjudicada contra el asegurador cuando la acción directa fuere posible.

3.  El mismo tribunal será competente cuando la ley reguladora de esta acción directa previere la posibilidad de demandar al tomador del seguro o al asegurado.

Artículo 12

1.  Salvo lo dispuesto en el artículo 11, apartado 3, la acción del asegurador sólo podrá ser ejercitada ante los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio estuviere domiciliado el demandado, ya sea tomador del seguro, asegurado o beneficiario.

2.  Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.

Artículo 13

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos:

1.  posteriores al nacimiento del litigio; o

2.  que permitieren al tomador del seguro, al asegurado o al beneficiario formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección; o

3.  que, habiéndose celebrado entre un tomador de seguro y un asegurador, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren, aunque el hecho dañoso se hubiere producido en el extranjero, competencia a los tribunales de dicho Estado miembro, a no ser que la ley de éste prohibiere tales acuerdos; o

4.  celebrados con un tomador de seguro que no estuviere domiciliado en un Estado miembro, a no ser que se tratare de un seguro obligatorio o se refiriere a un inmueble sito en un Estado miembro; o

5.  que se refirieren a un contrato de seguro que cubriere uno o varios de los riesgos enumerados en el artículo 14.

Artículo 14

Los riesgos contemplados en el artículo 13, apartado 5 son los siguientes:

1.  todo daño a:

a)  buques de navegación marítima, instalaciones costeras y en alta mar o aeronaves, causado por hechos sobrevenidos en relación con su utilización para fines comerciales;

b)  mercancías distintas de los equipajes de los pasajeros, durante un transporte realizado por dichos buques o aeronaves, bien en su totalidad o bien en combinación con otros modos de transporte,

2.  toda responsabilidad, con excepción de la derivada de los daños corporales a los pasajeros o de los daños a sus equipajes

a)  resultante de la utilización o la explotación de los buques, instalaciones o aeronaves, de conformidad con el apartado 1, letra a), cuando la ley del Estado miembro en el que estuviere matriculada la aeronave no prohibiere los acuerdos atributivos de competencia en el aseguramiento de tales riesgos;

b)  por las mercancías durante uno de los transportes contemplados en el apartado 1, letra b),

3.  toda pérdida pecuniaria ligada a la utilización o a la explotación de buques, instalaciones o aeronaves de conformidad con el apartado 1, letra a), en particular la del flete o el beneficio del fletamento;

4.  todo riesgo accesorio a cualquiera de los contemplados en los apartados 1 a 3;

5.  no obstante lo dispuesto en los anteriores puntos 1 a 4, todos los «grandes riesgos» industriales y comerciales, tal como se enumeran en la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)[17].

Sección 4

Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores

Artículo 15

1.  En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 bis y 5, apartado 5:

a)  cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías; o

b)  cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes; o

c)  en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerciere actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas actividades.

2.  Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho Estado miembro.

3.  La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el caso de los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento.

Artículo 16

1.  La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que esté domiciliada dicha parte o, sea cual sea el domicilio de la otra parte, ante el tribunal del lugar en que esté domiciliado el consumidor.

2.  La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliado el consumidor.

3.  El presente artículo no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.

Artículo 17

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos:

1.  posteriores al nacimiento del litigio; o

2.  que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección; o

3.  que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, ambos domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, tenga el efecto de atribuir la competencia a los tribunales de dicho Estado miembro, a no ser que la ley de éste prohibiere tales acuerdos.

Sección 5

Competencia en materia de contratos individuales de trabajo

Artículo 18

1.  En materia de contratos individuales de trabajo, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 bis, el artículo 5, apartado 5, y, en caso de demanda interpuesta contra un empresario, el artículo 6, apartado 1.

2.  Cuando un trabajador celebrare un contrato individual de trabajo con un empresario que no tuviere su domicilio en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará, para todos los litigios derivados de la explotación de la sucursal, agencia o establecimiento, que tiene su domicilio en dicho Estado miembro.

Artículo 19

1.  Los empresarios domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados:

a)  ante los tribunales del Estado miembro en el que tuvieren su domicilio; o

b)  en otro Estado miembro:

i)  ante el tribunal del lugar en el que o desde el que el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo o ante el tribunal del último lugar en que lo hubiere desempeñado; o

ii)  si el trabajador no desempeñare o no hubiere desempeñado habitualmente su trabajo en un único Estado, ante el tribunal del lugar en que estuviere o hubiere estado situado el establecimiento que hubiere empleado al trabajador.

2.  Los empresarios que no estén domiciliados en un Estado miembro podrán ser demandados ante el tribunal de un Estado miembro de conformidad con lo establecido en el apartado 1, letra b).

Artículo 20

1.  Los empresarios sólo podrán demandar a los trabajadores ante el tribunal del Estado miembro en el que estos últimos tuvieren su domicilio.

2.  Lo dispuesto en la presente sección no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.

Artículo 21

Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos:

1.  posteriores al nacimiento del litigio; o

2.  que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección.

Sección 6

Competencias exclusivas

Artículo 22

Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio de las partes, los tribunales de los Estados miembros que se indican a continuación:

1.  en materia de derechos reales inmobiliarios y de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, los tribunales del Estado miembro donde el inmueble se hallare sito. ▌

No obstante, en materia de contratos de arrendamiento de bienes inmuebles celebrados para un uso particular durante un plazo máximo de seis meses consecutivos, serán igualmente competentes los tribunales del Estado miembro donde esté domiciliado el demandado, siempre que el arrendatario sea una persona física y que propietario y arrendatario estén domiciliados en el mismo Estado miembro ▌;

▌

2.  en materia de validez, nulidad o disolución de sociedades y personas jurídicas, ▌o de validez de las decisiones de sus órganos, los tribunales del Estado miembro en que la sociedad o persona jurídica estuviere domiciliada; para determinar dicho domicilio, el tribunal aplicará sus reglas de Derecho internacional privado,

3.  en materia de validez de las inscripciones en los registros públicos, los tribunales del Estado miembro en que se encontrare el registro,

4.  en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, independientemente de que la cuestión se hubiere suscitado por vía de acción o por vía de excepción, los tribunales del Estado en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento de la Unión o en algún convenio internacional.

Sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes según el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich el 5 de octubre de 1973, los tribunales de cada Estado miembro serán los únicos competentes ▌en materia de registro o validez de una patente europea expedida para el Estado miembro de que se trate;

5.  en materia de ejecución de las resoluciones judiciales, los tribunales del Estado miembro del lugar de ejecución.

Sección 7

Prórroga de la competencia

Artículo 23

1.  Si las partes, sin consideración de su domicilio, han acordado que un tribunal o los tribunales de un Estado miembro sean competentes para conocer de cualquier litigio que haya surgido o que pueda surgir con ocasión de una determinada relación jurídica, tal tribunal o tales tribunales serán competentes, a menos que el acuerdo sea nulo y sin efecto jurídico en cuanto a su validez sustancial según el Derecho de dicho Estado miembro. Esta competencia será exclusiva, salvo pacto en contrario entre las partes. El acuerdo atributivo de competencia deberá celebrarse:

a)  por escrito o verbalmente con confirmación escrita; o

b)  en una forma que se ajustare a los hábitos que las partes tuvieren establecido entre ellas; o

c)  en el comercio internacional, en una forma conforme a los usos que las partes conocieren o debieren conocer y que, en dicho comercio, fueren ampliamente conocidos y regularmente observados por las partes en los contratos del mismo tipo en el sector comercial considerado.

2.  Se considerará hecha por escrito toda transmisión efectuada por medios electrónicos que proporcione un registro duradero del acuerdo.

3.  El tribunal o los tribunales de un Estado miembro a los que el documento constitutivo de un trust hubiere atribuido competencia serán exclusivamente competentes para conocer de una acción contra el fundador, el trustee o el beneficiario de un trust si se tratare de relaciones entre estas personas o de sus derechos u obligaciones en el marco del trust.

4.  No surtirán efecto los acuerdos atributivos de competencia ni las estipulaciones similares de documentos constitutivos de un trust si fueren contrarios a las disposiciones de los artículos 13, 17 y 21 o si excluyeren la competencia de tribunales exclusivamente competentes en virtud del artículo 22.

4 bis.  Un acuerdo de atribución de competencia que forme parte de un contrato será considerado como un acuerdo independiente de las demás cláusulas del contrato.

La validez del acuerdo de atribución de competencia no podrá ser impugnada por la sola razón de que el contrato no sea válido.

Artículo 24

1.  Con independencia de los casos en los que su competencia resultare de otras disposiciones del presente Reglamento, será competente el tribunal de un Estado miembro ante el que compareciere el demandado. Esta regla no será de aplicación si la comparecencia tuviere por objeto impugnar la competencia o si existiere otra jurisdicción exclusivamente competente en virtud del artículo 22.

2.  En las materias contempladas en las secciones 3, 4 y 5, si el demandado es el tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro o la parte perjudicada, el consumidor o el trabajador, el tribunal se asegurará, antes de asumir la competencia en virtud del apartado 1, de que se ha informado al demandado de su derecho a impugnar la competencia y de las consecuencias de presentarse, o no, a comparecer.

▌

Sección 9

Comprobación de la competencia judicial y de la admisibilidad

Artículo 27

El tribunal de un Estado miembro que conozca a título principal de una demanda para la que los tribunales de otro Estado miembro sean exclusivamente competentes en virtud del artículo 22 se declarará de oficio incompetente.

Artículo 28

1.  Cuando una persona domiciliada en un Estado miembro sea demandada ante un tribunal de otro Estado miembro y no comparezca, dicho tribunal se declarará de oficio incompetente si su competencia no está fundamentada en las disposiciones del presente Reglamento.

1 bis.  El tribunal estará obligado a suspender el procedimiento en tanto no se acreditare que el demandado ha podido recibir el escrito de demanda o documento equivalente con tiempo suficiente para defenderse o que se ha tomado toda diligencia a tal fin.

2.  El artículo 19 ▌del Reglamento (CE) nº 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo[18] será de aplicación en lugar ▌ del apartado 1 bis del presente artículo si el escrito de demanda o documento equivalente ha de ser remitido de un Estado miembro a otro en virtud de dicho Reglamento.

3.  Cuando no sea aplicable ▌el Reglamento (CE) n° 1393/2007, se aplicará el artículo 15 del Convenio de La Haya ▌ relativo a la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial, celebrado el 15 de noviembre de 1965, si el escrito de demanda o documento equivalente ha tenido que ser transmitido al extranjero de conformidad con dicho Convenio.

Sección 10

Litispendencia y conexidad

Artículo 29

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 2, cuando se formularen demandas con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes ante tribunales de Estados miembros distintos, el tribunal ante el que se formulare la segunda demanda suspenderá de oficio el procedimiento en tanto no se declare competente el tribunal ante el que se interpuso la primera.

2.  En los casos contemplados en el apartado 1, ▌a instancia de un tribunal ante el que se haya sometido el asunto, cualquier otro tribunal ante el que se haya sometido el asunto ▌informará sin demora al primero de la fecha en que se interpuso la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.

3.  Cuando el tribunal ante el que se interpuso la primera demanda se declarare competente, el tribunal ante el que se interpuso la segunda se inhibirá en favor de aquel.

▌

Artículo 30

1.  Cuando demandas conexas estuvieren pendientes ante tribunales de Estados miembros diferentes, el tribunal ante el que se hubiere presentado la demanda posterior podrá suspender el procedimiento.

2.  Cuando la demanda presentada en primer lugar esté pendiente en primera instancia, cualquier otro tribunal podrá de igual modo inhibirse, a instancia de una de las partes, a condición de que el tribunal ante el que se presentó la primera demanda sea competente para conocer de las demandas de que se trate y de que su ley permita su acumulación.

3.  Se considerarán conexas, a los efectos del presente artículo, las demandas vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que sería oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser inconciliables si los asuntos fueren juzgados separadamente.

▌

Artículo 32

1.  Cuando en demandas sobre un mismo asunto los tribunales de varios Estados miembros se declararen exclusivamente competentes, el desistimiento se llevará a cabo en favor del tribunal ante el que se hubiere presentado la primera demanda.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24, si se presenta una demanda ante un tribunal de un Estado miembro que tenga competencia exclusiva en virtud de un acuerdo contemplado en el artículo 23, cualquier tribunal ▌de otro Estado miembro suspenderá el procedimiento hasta que el tribunal ante el que se presentó la demanda en virtud del acuerdo de que se trate se declare incompetente a tenor del acuerdo.

2 bis.  Cuando el tribunal designado en el acuerdo se declare competente en virtud de dicho acuerdo, los tribunales de los demás Estados miembros deberán inhibirse en su favor.

2 ter.  Los apartados 2 y 2 bis no se aplicarán a las materias a que se refieren las secciones 3, 4 y 5 si la demanda ha sido interpuesta por el tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro o la parte perjudicada, el consumidor o el trabajador, y el acuerdo no es válido en virtud de dichas secciones.

Artículo 33

1.  A efectos de la presente sección, se considerará que un tribunal conoce de un litigio:

a)  desde el momento en que se le hubiere presentado el escrito de demanda o documento equivalente, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para que se entregare al demandado la cédula de emplazamiento, o

b)  si dicho documento hubiere de notificarse al demandado antes de su presentación al tribunal, en el momento en que lo recibiere la autoridad encargada de la notificación, a condición de que posteriormente el demandante no hubiere dejado de tomar todas las medidas que se le exigieren para presentar el documento al tribunal.

La autoridad encargada de la notificación a que se refiere la letra b) será la primera autoridad que hubiere recibido los documentos que fueren a notificarse.

2.  Los tribunales o las autoridades encargadas de la notificación a que se refiere el apartado 1 consignarán ▌ la fecha ▌de presentación del escrito de la demanda o el documento equivalente o la recepción de los documentos que debieren notificarse.

▌

Artículo 34

1.  Cuando la competencia se base en el artículo 3 y en los artículos 5 a 7 y esté pendiente ante un tribunal de un tercer Estado una acción en el momento en que se somete a un tribunal en un Estado miembro un asunto con el mismo objeto y la misma causa entre las mismas partes que la acción en el tercer Estado, el tribunal del Estado miembro podrá suspender el procedimiento si:

▌

b)  cabe esperar que el tribunal del tercer Estado dicte ▌una resolución susceptible de ser reconocida y, en caso pertinente, ejecutada en ese Estado miembro; y

c)  el tribunal considera necesaria la suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de justicia.

▌

3.  El tribunal del Estado miembro podrá continuar con el procedimiento en cualquier momento ▌ si▌:

a)  la acción ante el tribunal del tercer Estado ha sido objeto de suspensión o inhibición; o

b)  el tribunal del Estado miembro estima poco probable que la acción ante el tribunal del tercer Estado pudiera concluirse en un tiempo razonable; o

c)  la continuación de la acción se considera necesaria para la buena administración de justicia.

4.  El tribunal del Estado miembro desestimará la acción ▌ si el procedimiento ante el tribunal del tercer Estado hubiere concluido y hubiere culminado en una resolución ▌susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecución en el Estado miembro del tribunal ante el cual se hubiere interpuesto la demanda.

4 bis.  El tribunal del Estado miembro ante el que se hubiere interpuesto la demanda aplicará el presente artículo a petición de una de las partes o, cuando ello sea posible en virtud del Derecho nacional, de oficio.

Artículo 34 bis

1.  Cuando la competencia se base en el artículo 3 y en los artículos 5 a 7 y, estando pendiente un procedimiento ante los tribunales de un tercer Estado, se interponga también ante un tribunal de un Estado miembro una acción relacionada con la presentada en el tercer Estado, el tribunal del Estado miembro podrá suspender el procedimiento si:

a)  es conveniente oír y resolver conjuntamente las acciones relacionadas, para evitar el riesgo de resoluciones inconciliables derivadas de procesos separados,

b)  cabe esperar que el tribunal del tercer Estado dicte una resolución susceptible de ser reconocida y, en caso pertinente, ejecutada en ese Estado miembro; y

c)  el tribunal considera necesaria una suspensión del procedimiento en aras de la buena administración de justicia.

2.  El tribunal del Estado miembro podrá continuar con el procedimiento en cualquier momento si:

a)  considera que ya no existe riesgo de resoluciones inconciliables; o

b)  la acción ante el tribunal del tercer Estado ha sido objeto de suspensión o inhibición; o

c)  el tribunal estimare poco probable que la acción ante el tribunal del tercer Estado pudiera concluirse en un tiempo razonable; o

d)  la continuación de la acción se considera necesaria para la buena administración de justicia.

3.  El tribunal del Estado miembro podrá desestimar la acción si el procedimiento ante el tribunal del tercer Estado hubiere concluido y hubiere culminado en una resolución susceptible de reconocimiento y, en su caso, de ejecución en el Estado miembro del tribunal ante el cual se hubiere interpuesto la demanda.

4.  El tribunal del Estado miembro ante el que se hubiere interpuesto la demanda aplicará el presente artículo a petición de una de las partes o, cuando ello sea posible en virtud del Derecho nacional, de oficio.

Sección 11

Medidas provisionales y cautelares

▌

Artículo 36

Podrán solicitarse medidas provisionales o cautelares previstas por la ley de un Estado miembro a las autoridades judiciales de dicho Estado miembro, incluso si un tribunal de otro Estado miembro ▌es competente para conocer sobre el fondo.

 

CAPÍTULO III

RECONOCIMIENTO ▌ Y EJECUCIÓN

▌

Sección 1

Reconocimiento

▌

Artículo 38 bis

1.  Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno.

2.  Cualquier parte interesada podrá, de conformidad con el procedimiento previsto en la subsección 2 de la sección 2 bis, solicitar una resolución en la que se indique que no existen motivos para denegar el reconocimiento con arreglo al artículo 48.

3.  Si la denegación de reconocimiento se invoca como cuestión incidental de la que depende la conclusión de un procedimiento ante un tribunal de un Estado miembro, dicho tribunal será competente para entender de dicha cuestión.

Artículo 39

1. La parte que desee invocar en un Estado miembro el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro ▌deberá presentar:

a)  una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

b)  el certificado expedido conforme a lo dispuesto en el artículo 64 bis.

2.  El tribunal o autoridad ante el cual se invoque el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá, en caso necesario, requerir a la parte que la haya invocado que presente ▌ de conformidad con el artículo 69, una traducción y una transcripción del contenido del certificado mencionado en el apartado 1. El tribunal o autoridad podrá requerir a la parte que facilite la traducción de la resolución, en lugar de la traducción del contenido del certificado, si no puede continuar sus diligencias sin ella.

▌

Artículo 39 bis

El tribunal o autoridad ante el cual se invoque el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro podrá suspender el procedimiento, en todo o en parte:

a)  si se impugna la resolución en el Estado miembro de origen; o

b)  si se solicita una resolución en la que se indique que no existen motivos para denegar el reconocimiento con arreglo al artículo 48, o una resolución en el sentido de que debe denegarse el reconocimiento por tales motivos.

Sección 2

Ejecución

Artículo 39 ter

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que sean ejecutorias en ese Estado miembro gozarán de fuerza ejecutoria en los demás Estados miembros sin que sea exigible el otorgamiento de la ejecución.

▌

Artículo 40

Toda resolución ejecutoria implicará de oficio la facultad de aplicar las medidas cautelares previstas en la legislación del Estado miembro requerido.

Artículo 41

1.  A reserva de lo dispuesto en la presente sección, el procedimiento de ejecución de las resoluciones dictadas en otro Estado miembro se regirá por el Derecho del Estado miembro requerido. Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que tengan fuerza ejecutoria en el Estado miembro requerido serán ejecutadas en este en las mismas condiciones que si se hubieran dictado en el Estado miembro requerido.

2.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los motivos de denegación o de suspensión de la ejecución con arreglo a la ley del Estado miembro requerido ▌serán aplicables en la medida en que no sean incompatibles con los motivos mencionados en el artículo 48.

2 bis.  No se exigirá que la parte que solicita la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro tenga una dirección postal en el Estado miembro requerido. Tampoco se exigirá que esta parte tenga un representante autorizado en el Estado miembro requerido, a menos que dicho representante sea obligatorio independientemente de la nacionalidad o del domicilio de las partes.

Artículo 42

1.  A efectos de la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Estado miembro ▌, el solicitante facilitará a las autoridades de ejecución competentes:

a)  una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

b)  el certificado ▌expedido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 bis, que acredite que la resolución es ejecutiva e indique, cuando proceda, en qué condiciones, y que contenga ▌un extracto de la resolución, así como, en su caso, información pertinente sobre las costas recuperables del procedimiento y el cálculo de los intereses.

2.  A efectos de la ejecución en un Estado miembro de una resolución dictada en otro Estado miembro ▌que ordene una medida provisional o cautelar, el solicitante facilitará a las autoridades de ejecución competentes:

a)  una copia de la resolución que cumpla las condiciones necesarias de autenticidad; y

b)  el certificado ▌expedido con arreglo a lo dispuesto en el artículo 64 bis, con una descripción de la medida y que acredite:

i)  que el tribunal es competente en cuanto al fondo del asunto; ▌

ii)  que la resolución es ejecutable en el Estado miembro de origen e indique, si procede, en qué condiciones; y

c)  en caso de que la medida se haya ordenado sin que se citara a comparecer al demandado, la prueba que acredite la notificación de la resolución.

3.  Si ha lugar, la autoridad de ejecución competente podrá exigir al solicitante, de conformidad con el artículo 69, que facilite una traducción o transcripción del contenido del certificado contemplado en la letra b) de los apartados 1 y 2 ▌.

4.  La autoridad de ejecución competente ▌podrá exigir al solicitante que presente una traducción de la resolución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 si no puede continuar sus diligencias sin ella. ▌

Artículo 42 bis

1.  Cuando se solicite la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro, el certificado expedido en virtud del artículo 64 bis se notificará a la persona contra quien se solicita la ejecución antes de la ejecución de la primera medida. El certificado deberá ir acompañado de la resolución, si todavía no se le ha notificado a dicha persona.

2.  En caso de que la persona contra la que se solicite la ejecución esté domiciliada en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, podrá solicitar una traducción de la resolución con el fin de impugnar la ejecución de la misma en caso de que esta no esté redactada en alguna de las siguientes lenguas o no vaya acompañada de una traducción a alguna de ellas:

a)  una lengua que comprenda, o

b)  la lengua oficial del Estado miembro en que tenga su domicilio o, si este tiene varias lenguas oficiales, en la lengua oficial o en una de las lenguas oficiales del lugar en que tenga su domicilio.

Si se solicita una traducción de la resolución a tenor del párrafo primero, no podrán adoptarse medidas de ejecución distintas de medidas cautelares hasta que se haya suministrado la traducción a la persona contra la que se solicita la ejecución.

El presente apartado no se aplicará en caso de que ya se haya notificado la resolución a la persona contra la que se solicita la ejecución en alguna de las lenguas mencionadas en el párrafo primero o acompañada de una traducción a una de esas lenguas.

3.  El presente artículo no será aplicable a la ejecución de medidas cautelares de una resolución o cuando el solicitante de la ejecución requiera medidas cautelares con arreglo al artículo 40.

▌

Artículo 44

1.  En caso de solicitud de denegación de ejecución de una resolución al amparo de la subsección 2 de la sección 2 bis, el tribunal del Estado miembro requerido podrá, a instancia de la persona contra la que se solicita la ejecución:

a)  limitar el procedimiento de ejecución a medidas cautelares; o

b)  condicionar la ejecución a la constitución de una garantía que determinará dicha autoridad; o

c)  suspender, en todo o en parte, el procedimiento de ejecución.

2.  A instancia de la persona contra la que se solicita la ejecución, la autoridad competente del Estado miembro requerido suspenderá el procedimiento de ejecución en caso de que se suspenda la fuerza ejecutiva de la resolución en el Estado miembro de origen.

Sección 2 bis

Denegación de reconocimiento y ejecución

Subsección 1

Denegación de reconocimiento

▌

Artículo 48

1.  A instancia de cualquier parte interesada, se denegará el reconocimiento de la resolución:

a)  si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido,

b)  cuando la resolución se hubiere dictado en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma tal y con tiempo suficiente para que pudiere defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo,

c)  si la resolución es inconciliable con una resolución dictada entre las mismas partes en el Estado miembro requerido;

d)  si la resolución es inconciliable con una resolución dictada con anterioridad en otro Estado miembro o un Estado tercero entre las mismas partes en un litigio que tenga el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última resolución reúna las condiciones necesarias para su reconocimiento en el Estado miembro requerido,

e)  en caso de conflicto de la resolución con lo dispuesto en:

i)  las secciones 3, 4 y 5 del capítulo II, en el supuesto de que el demandado fuere el tomador del seguro, el asegurado, un beneficiario del contrato de seguro o la parte perjudicada, el consumidor o el trabajador; o

ii)  la sección 6 del capítulo II.

2.  En la apreciación de los criterios de competencia mencionados en el apartado 1, letra e), el tribunal ante el que se presente la solicitud quedará vinculado por las apreciaciones de hecho sobre las que el tribunal del Estado miembro de origen haya fundamentado su competencia.

3.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, letra e), no podrá procederse a la fiscalización de la competencia del tribunal de origen. No se podrá aplicar el criterio de compatibilidad con el orden público contemplado en el apartado 1, letra a), a las reglas relativas a la competencia judicial.

4.  La solicitud de denegación de reconocimiento se efectuará de acuerdo con los procedimientos previstos en la subsección 2, y, en su caso, en la sección 4.

▌

Subsección 2

Denegación de ejecución

Artículo 50 bis

La ejecución de una resolución se denegará, a instancia de la persona contra la que se haya solicitado la ejecución, por cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 48.

Artículo 51

1.  La solicitud de denegación de la ejecución se presentará ante los tribunales ▌del Estado miembro requerido que hayan sido comunicados a la Comisión por dicho Estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, letra d).

2.  En la medida en que no estén establecidas en el presente Reglamento, las modalidades de denegación de la ejecución se determinarán con arreglo a la ley del Estado miembro requerido.

2 bis.  El solicitante deberá presentar al tribunal una copia de la resolución y, cuando sea necesario, una traducción o transcripción de la misma.

  El tribunal podrá prescindir de la presentación de los documentos mencionados en el párrafo primero si ya los tiene o si considera irrazonable requerir al solicitante que los presente. En este último caso, el tribunal podrá requerir a la otra parte que proporcione estos documentos.

2 ter.  No se exigirá que la parte que solicita la denegación de ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro tenga una dirección postal en el Estado miembro requerido. Tampoco se exigirá que esta parte tenga un representante autorizado en el Estado miembro requerido, a menos que dicho representante sea obligatorio independientemente de la nacionalidad o del domicilio de las partes.

▌

Artículo 54

El tribunal adoptará sin demora una resolución sobre la solicitud de denegación de ejecución.

▌

Artículo 56

1.  La resolución sobre la solicitud de denegación de ejecución podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.

2.  El recurso se interpondrá ante el tribunal del Estado miembro requerido y será comunicado por dicho Estado miembro a la Comisión de conformidad con el artículo 87, letra e).

▌

Artículo 57

La resolución sobre el recurso solo podrá ser impugnada mediante un recurso si el tribunal que conoce del recurso ulterior ha sido comunicado por el Estado miembro interesado a la Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87, letra f).

▌

Artículo 59

1.  El tribunal al que se haya presentado una solicitud de denegación de ejecución o el tribunal que conozca del recurso ▌presentado conforme a los artículos 56 o 57 podrá suspender el procedimiento si se ha presentado un recurso ordinario contra la resolución en el Estado miembro de origen o si el plazo para interponerlo no ha expirado. En el último caso, el tribunal podrá especificar el plazo para ello.

2.  Cuando la resolución se haya dictado en Irlanda, Chipre o el Reino Unido, cualquier recurso previsto en el Estado miembro en el que se dictó será considerado recurso ordinario a los efectos de la aplicación del apartado 1.

▌

Sección 3

Disposiciones comunes

Artículo 64

La resolución dictada en un Estado miembro en ningún caso podrá ser objeto de una revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro requerido.

Artículo 64 bis

A petición de cualquier parte interesada, el tribunal de origen expedirá el certificado utilizando el formulario cuyo modelo figura en el anexo I.

▌

Artículo 66

1.  Si una resolución contiene una medida o una orden que no es conocida conforme a la ley del Estado miembro requerido, la medida o la orden se adaptará, en la medida de lo posible, a una conocida conforme a la ley de dicho Estado miembro que tenga efectos equivalentes y persiga objetivos e intereses similares.

La adaptación no tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado miembro de origen.

1 bis.  Cualquiera de las partes podrá impugnar la adaptación de la medida u orden ante un tribunal.

1 ter.  Si fuera necesario, se podrá exigir a la parte que solicite el reconocimiento o la ejecución que presente una traducción o una transcripción de la resolución.

Artículo 67

Las resoluciones dictadas en un Estado miembro que condenen al pago de multas coercitivas podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido solamente si la cuantía del pago ▌ha sido fijada definitivamente por el tribunal ▌de origen.

Artículo 68

A la parte que instare en un Estado miembro la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro no podrá exigírsele caución o depósito alguno, sea cual fuere su denominación, por su condición de extranjero o por no estar domiciliado o no ser residente en el Estado miembro requerido.

Artículo 69

1.  Cuando se exija una traducción o una transcripción ▌en virtud del presente Reglamento, dicha traducción o transcripción ▌se hará en la lengua oficial del Estado miembro concernido o, si este tiene varias lenguas oficiales, en la lengua o en una de las lenguas oficiales de los procedimientos judiciales del lugar en que se invoque el reconocimiento de una resolución dictada en otro Estado miembro o se presente una solicitud, conforme al Derecho de dicho Estado miembro.

2.  A efectos de los formularios contemplados en los artículos 64 bis y 71 bis, las traducciones o transcripciones ▌podrán hacerse igualmente en cualquier otra lengua o lenguas oficiales de las instituciones de la Unión que el Estado miembro concernido haya indicado que puede aceptar.

3.  Las traducciones hechas en virtud del presente Reglamento deberán ser efectuadas por personas cualificadas para realizar traducciones en uno de los Estados miembros.

CAPÍTULO IV

DOCUMENTOS PÚBLICOS CON FUERZA EJECUTIVA Y TRANSACCIONES JUDICIALES

Artículo 70

1.  Los documentos públicos que tengan fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen se ejecutarán en los demás Estados miembros ▌. La ejecución de un documento público con fuerza ejecutiva solo podrá denegarse en caso de que sea manifiestamente contraria al orden público en el Estado miembro requerido.

Las disposiciones de la sección 2, de la sección 2, subsección 2 bis, y de la sección 3 del capítulo III se aplicarán a documentos públicos con fuerza ejecutiva cuando sea adecuado.

2.  El documento público con fuerza ejecutiva presentado deberá reunir las condiciones necesarias para establecer su autenticidad en el Estado miembro de origen. ▌

▌

Artículo 71

Las transacciones judiciales que sean ejecutorias en el Estado miembro de origen serán ejecutadas en los demás Estados miembros en las mismas condiciones que los documentos públicos con fuerza ejecutiva. ▌

Artículo 71 bis

La autoridad competente del Estado miembro de origen expedirá, a instancia de cualquier parte interesada, el certificado utilizando el formulario que figura en el anexo II con un resumen de la obligación ejecutoria consignada en el documento público con fuerza ejecutiva o del acuerdo entre las partes consignado en la transacción judicial.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 72

No se exigirá legalización ni formalidad similar alguna para los documentos expedidos en un Estado miembro en el contexto del presente Reglamento.

Artículo 73

1.  Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal aplicará su ley interna.

2.  Cuando una parte no estuviere domiciliada en el Estado miembro cuyos tribunales conocieren del asunto, el tribunal, para determinar si dicha parte lo está en otro Estado miembro, aplicará la ley de dicho Estado miembro.

Artículo 74

1.  A efectos del presente Reglamento, se entenderá que una sociedad u otra persona jurídica está domiciliada en el lugar en que se encuentre:

a)  su sede estatutaria;

b)  su administración central;

c)  su centro de actividad principal.

2.  Para Irlanda, Chipre y el Reino Unido ▌, la expresión «sede estatutaria» se equiparará al registered office y, en caso de que en ningún lugar exista un registered office, al place of incorporation (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legislación se hubiere efectuado la formation (creación) de la sociedad o persona jurídica.

3.  Para determinar si un trust está domiciliado en el Estado contratante cuyos tribunales conocen del asunto, el tribunal aplicará las reglas de su Derecho internacional privado.

Artículo 75

Sin perjuicio de las disposiciones nacionales más favorables, las personas domiciliadas en un Estado miembro y perseguidas por infracciones involuntarias ante los órganos jurisdiccionales sancionadores de otro Estado miembro del que no fueren nacionales podrán, aunque no comparecieren personalmente, defenderse por medio de las personas autorizadas a tal fin. No obstante, el tribunal que conociere del asunto podrá ordenar la comparecencia personal; si ésta no tuviere lugar, la resolución dictada sobre la acción civil sin que la persona encausada hubiere tenido la posibilidad de defenderse podrá no ser reconocida ni ejecutada en los demás Estados miembros.

Artículo 76

1.  La competencia judicial prevista en el artículo 6, apartado 2 y en el artículo 11 respecto de las demandas sobre obligaciones de garantía o para la intervención de terceros en el proceso solo podrá ser invocada en los Estados miembros a los que se hace referencia en la lista elaborada por la Comisión de conformidad con el artículo 88, apartado 1, letra b) y el artículo 88, apartado 2 en la medida en que lo permita el Derecho nacional. Una persona domiciliada en otro Estado miembro podrá ser invitada a comparecer en el procedimiento ante los tribunales de dichos Estados miembros de conformidad con las normas ▌sobre la litis denuntiatio a las que se hace referencia en la lista mencionada.

▌

2.  Las resoluciones dictadas en un Estado miembro en virtud del artículo 6, apartado 2, y el artículo 11 se reconocerán y ejecutarán ▌con arreglo a lo dispuesto en el capítulo III en cualquier otro Estado miembro. Los efectos producidos a terceros conforme al apartado 1 por resoluciones dictadas ▌en los Estados miembros contemplados en la lista mencionada en el apartado 1 con arreglo al Derecho de dichos Estados miembros se reconocerán en todos los Estados miembros.

2 bis.  Los Estados miembros mencionados en la lista contemplada en el apartado 1 proporcionarán información, en el marco de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada por la Decisión del Consejo 2001/470/CE[19] (en lo sucesivo «la Red Judicial Europea»), sobre la forma de determinar, de conformidad con el Derecho nacional, los efectos de las resoluciones mencionados en la segunda frase del apartado 2.

CAPÍTULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 77

1.  Las disposiciones del presente Reglamento solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas, a los documentos formalizados o registrados oficialmente como documentos públicos con fuerza ejecutiva y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir de ▌la fecha de aplicación del presente Reglamento.

2.  No obstante lo dispuesto en el artículo 92, el Reglamento (CE) n.° 44/2001 continuará rigiendo los procedimientos judiciales incoados, los documentos formalizados o registrados oficialmente como documentos públicos con fuerza ejecutiva y las transacciones judiciales aprobadas o celebradas antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento e incluidas en el ámbito de aplicación del mismo.

CAPÍTULO VII

RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS

Artículo 78

El presente Reglamento no prejuzgará la aplicación de las disposiciones que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones contenidas en los actos de la Unión o en las legislaciones nacionales armonizadas en ejecución de dichos actos.

Artículo 79

1.  El presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miembros, a las disposiciones del Convenio de Bruselas de 1968, salvo en lo que respecta a los territorios de los Estados miembros comprendidos en el ámbito de aplicación territorial de dicho Convenio y que están excluidos del presente Reglamento en virtud del artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2.  En la medida en que el presente Reglamento sustituye entre los Estados miembros a las disposiciones del Convenio de Bruselas, se entenderá que toda remisión a dicho Convenio se refiere al presente Reglamento.

Artículo 80

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 81 y 82, el presente Reglamento sustituirá, entre los Estados miembros, a los Convenios que regulan las mismas materias a las que se aplica el presente Reglamento. En particular, son sustituidos por el presente Reglamento los Convenios contemplados en la lista elaborada por la Comisión en virtud del artículo 88, apartado 1, letra c) y el artículo 88, apartado 2.

Artículo 81

1.  Los Convenios mencionados en el artículo 80 continuarán surtiendo sus efectos en las materias a las que no se aplicare el presente Reglamento.

2.  Dichos Convenios continuarán surtiendo sus efectos en lo relativo a las resoluciones dictadas, los documentos públicos con fuerza ejecutiva formalizados o registrados oficialmente, y las transacciones judiciales aprobadas o celebradas antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 44/2001.

Artículo 82

1.  El presente Reglamento no afectará a los convenios en que los Estados miembros fueren parte y que, en materias particulares, regularen la competencia judicial, el reconocimiento o la ejecución de las resoluciones.

2.  Con el fin de asegurar su interpretación uniforme, el apartado 1 se aplicará como sigue:

a)  el presente Reglamento no impedirá que un tribunal de un Estado miembro que sea parte en un convenio relativo a una materia particular ▌ejerza su competencia de conformidad con dicho convenio, aunque el demandado esté domiciliado en un Estado miembro que no sea parte en tal convenio. El tribunal que conociere del asunto aplicará, en todo caso, el artículo 28 del presente Reglamento;

b)  las resoluciones dictadas en un Estado miembro por un tribunal que hubiere fundado su competencia en un convenio relativo a una materia particular serán reconocidas y ejecutadas en los demás Estados miembros con arreglo al presente Reglamento.

Cuando un convenio relativo a una materia particular en el que fueren parte el Estado miembro de origen y el Estado miembro requerido estableciere las condiciones para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, se aplicarán dichas condiciones. En todo caso, podrán aplicarse las disposiciones del presente Reglamento relativas al reconocimiento y la ejecución de resoluciones.

Artículo 83

El presente Reglamento no afectará a los acuerdos por los que los Estados miembros, ▌antes de ▌la entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 44/2001, se hubieran comprometido en virtud del artículo 59 del Convenio de Bruselas de 1968, a no reconocer una resolución dictada en otro Estado contratante del citado Convenio contra un demandado que tenga su domicilio o su residencia habitual en un tercer Estado cuando, en los casos previstos en el artículo 4 del citado Convenio, la resolución solo hubiera podido fundamentarse en un criterio de competencia contemplado en el apartado 2 del artículo 3 de dicho Convenio.

Artículo 84

1.  El presente Reglamento no afectará a la aplicación del Convenio de Lugano de 2007 ▌.

1 bis.  El presente Reglamento no afectará a la aplicación de la Convención de Nueva York de 1958.

1 ter.  El presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios y acuerdos bilaterales entre terceros Estados y los Estados miembros que se hubieran celebrado antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) nº 44/2001 y que se refieran a materias reguladas por el presente Reglamento.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

▌

Artículo 86

Los Estados miembros preverán, dentro del marco de la Red Judicial Europea ▌, con objeto de poner la información a disposición del público, una descripción de las normas y procedimientos nacionales referentes a la ejecución, incluidas las autoridades competentes para la ejecución e información sobre cualquier restricción a la ejecución, en especial las normas de protección del deudor, y los plazos de prescripción y caducidad.

Los Estados miembros mantendrán actualizada esa información en todo momento.

Artículo 87

A más tardar el ...[20]*, los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

▌

d)  los tribunales ante los que se presentará la solicitud de denegación de ejecución de conformidad con el artículo 51, apartado 1;

e)  los tribunales ante los cuales se ha de interponer un recurso contra la decisión sobre la solicitud de denegación de ejecución de conformidad con el artículo 56, apartado 2;

f)  los tribunales ante los cuales se ha de interponer cualquier recurso posterior de conformidad con el artículo 57;

g)  las lenguas aceptadas para las traducciones de los formularios a que se refiere el artículo 69, apartado 2.

La Comisión hará pública la información a través de cualquier medio apropiado, en especial a través de la Red Judicial Europea.

Artículo 88

1.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión:

a)  las normas de competencia nacional mencionadas en el artículo 4, apartado 2, y en el artículo 4 bis, apartado 2,

b)  las normas de notificación a terceros mencionadas en el artículo 76, y

c)  los convenios mencionados en el artículo 80.

2.  La Comisión, en virtud de las notificaciones de los Estados miembros, elaborará las listas correspondientes.

3.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier modificación posterior de dichas listas. La Comisión modificará la lista en consecuencia.

4.  La Comisión publicará las listas y cualquier modificación posterior en el Diario Oficial de la Unión Europea.

5.  La Comisión pondrá toda la información notificada de conformidad con los apartados 1 y 3 a disposición del público a través de cualquier otro medio adecuado, en particular a través de la Red Judicial Europea.

Artículo 89

La Comisión estará facultada para adoptar los actos delegados previstos en el artículo 90 en relación con la modificación de los anexos I y II.

Artículo 90

-1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

-1 bis.  Los poderes para adoptar actos delegados a que se refiere el artículo 89 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del…[21]*

1.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 89 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o el Consejo. Una decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de la publicación de la decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. ▌

1 bis.  La Comisión, tan pronto como adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

1 ter.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 89 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

▌

Artículo 91 bis

A más tardar el ...[22]*, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. Este informe incluirá una evaluación de la posible necesidad de una mayor ampliación de las normas sobre competencia a los demandados que no estén domiciliados en un Estado miembro, atendiendo al funcionamiento del presente Reglamento y a la posible evolución de la situación en el plano internacional. Si procede, el informe irá acompañado de una propuesta de enmiendas al presente Reglamento.

Artículo 92

▌  El presente Reglamento deroga el Reglamento (CE) nº 44/2001. Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento y se leerán con arreglo a la tabla de correspondencias que figura en el anexo III.

▌

Artículo 93

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del …[23]*, con excepción de los artículos 87 y 88, que serán aplicables a partir del …[24]***.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en ▌los Estados miembros con arreglo a los Tratados.

▌

Hecho en

Por el Parlamento Europeo      Por el Consejo

El Presidente      El Presidente

ANEXO I

CERTIFICADO RELATIVO A UNA RESOLUCIÓN EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL ▌

Artículo 64 bis, del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

 

1.  Tribunal de origen

1.1.  Nombre:

1.2  Dirección: Calle y número/apartado de correos:

1.2.1.  Calle y número/apartado de correos:

1.2.2.  Localidad y código postal:

1.2.3.  Estado miembro:

AT □ BE □ BG □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

1.3.  Teléfono ▌:

1.4.  Fax:

1.5.  Correo electrónico (de haberlo):

2.  Demandante(s)[25]

2.1.  Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización:

2.2.  Número de identificación (si procede y de haberlo):

2.3.  Fecha (dd/mm/aaaa) y lugar de nacimiento o, en caso de persona jurídica, de constitución/creación/registro (si procede y de haberlo):

2.4.  Dirección: Calle y número/apartado de correos:

2.4.1.  Calle y número/apartado de correos:

2.4.2.  Localidad y código postal:

2.4.3.  País:

AT □ BE □ BG □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □ Otros (precísese el código ISO)

2.5.  Correo electrónico (de haberlo):

3.  Demandado(s)[26]

3.1.  Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización:

3.2.  Número de identificación (si procede y de haberlo):

3.3.  Fecha (dd/mm/aaaa) y lugar de nacimiento o, en caso de persona jurídica, de constitución/creación/registro (si procede y de haberlo):

3.4.  Dirección: Calle y número/apartado de correos:

3.4.1.  Calle y número/apartado de correos:

3.4.2.  Localidad y código postal:

3.4.3.  País:

AT □ BE □ BG □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □ Otros (precísese el código ISO)

3.5.  Correo electrónico (de haberlo):

4.  Resolución

4.1.  Fecha (dd/mm/aaaa) de la resolución

4.2.  Número de referencia de la resolución:

▌

4.3.  La resolución se ha dictado en rebeldía:

4.3.1.  □  No

4.3.2.  □  Sí (indíquese la fecha (dd/mm/aaaa) en la que se ha notificado al demandado el escrito de demanda o documento equivalente):

4.4.  La resolución es ejecutiva en el Estado miembro de origen sin necesidad de que se cumplan otras condiciones:

4.4.1.  □  Sí (indíquese la fecha (dd/mm/aaaa) en la que la resolución ha sido declarada ejecutiva, si procede):

▌

4.4.2.  □  Sí, pero solo contra las personas siguientes (especifíquense):

▌

4.4.3.  □  Sí, pero solo para alguna(s) parte(s) de la resolución (especifíquense):

▌

4.4.4.  □  La resolución no contiene una obligación ejecutoria

▌

4.5.  En la fecha de expedición del certificado, la resolución ha sido notificada al (a los) demandado(s):

4.5.1.  □  Sí (indíquese la fecha (dd/mm/aaaa) de notificación (si se conoce):

4.5.1.1.  La resolución ha sido notificada en la(s) lengua(s) siguiente(s):

BG □ ES □ CS □ DE □ ET □ EL □ EN □ FR □ GA □ IT □ LV □ LT □ HU □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SK □ SL □ FI □ SV □ Otros (precísese el código ISO) □

▌

4.5.2.  □  No consta al tribunal[27]

4.6.  Términos de la resolución e intereses:

4.6.1.  Resolución relativa a una demanda pecuniaria[28]

4.6.1.1.  Breve descripción del objeto del asunto:

4.6.1.2.  El tribunal ha condenado a

………………. (apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización)[29]

a efectuar un pago a:

………….. Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización

4.6.1.2.1.  Si varias personas son consideradas responsables de una misma y única demanda, se podrá exigir a cualquiera de ellas la totalidad del importe:

4.6.1.2.1.1. □  Sí

4.6.1.2.1.2. □  No

4.6.1.3.  Moneda:

□ Euro (EUR) □ Lev búlgaro (BGN) □ Corona checa (CZK) □ Forint húngaro (HUF) □ Litas lituano (LTU) □ Lats letón (LVL) □ Zloty polaco (PLN) □ Libra esterlina (GBP) □ Leu rumano (RON) □ Corona sueca (SEK) □ Otras (precísese el código ISO):

4.6.1.4.  Importe del principal:

4.6.1.4.1.  □  A abonar íntegramente en un único pago

4.6.1.4.2.  □  A abonar a plazos[30]

Fecha de vencimiento (dd/mm/aaaa)

Importe

 

 

 

 

4.6.1.4.3.  □  A abonar con periodicidad

4.6.1.4.3.1.  □  diaria

4.6.1.4.3.2.  □  semanal

4.6.1.4.3.3.  □  otra (indíquese la periodicidad):

4.6.1.4.3.4.  A partir de … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento):

4.6.1.4.3.5.  En su caso, hasta … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento):

4.6.1.5.  Intereses, si procede

4.6.1.5.1.  Intereses:

4.6.1.5.1.1.  □  No especificados en la resolución

4.6.1.5.1.2.  □  Sí, especificados en la resolución como sigue:

4.6.1.5.1.2.1.  Importe:

o

4.6.1.5.1.2.2.  Tipo … %

4.6.1.5.1.2.3.  Intereses adeudados desde … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento) hasta … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento)[31]

4.6.1.5.2.  □  Intereses legales (si procede) calculados con arreglo a (especifíquese la ley aplicable):

4.6.1.5.2.1.  Intereses adeudados desde … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento) hasta … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento)1

4.6.1.5.3.  □  Capitalización de intereses (si procede, especifíquese):

4.6.2.  Resolución que ordene una medida provisional o cautelar:

4.6.2.1.  Breve descripción del objeto del asunto y de la medida ordenada:

4.6.2.2.  La medida ha sido ordenada por un tribunal competente en cuanto al fondo del asunto

4.6.2.2.1.  □  Sí

4.6.3.  Otro tipo de resolución:

4.6.3.1. Breve descripción del objeto del asunto y del fallo del tribunal:

4.7.  Costas[32]

4.7.1.  Moneda:

□ Euro (EUR) □ Lev búlgaro (BGN) □ Corona checa (CZK) □ Forint húngaro (HUF) □ Litas lituano (LTU) □ Lats letón (LVL) □ Zloty polaco (PLN) □ Libra esterlina (GBP) □ Leu rumano (RON) □ Corona sueca (SEK) □ Otras (precísese el código ISO):

4.7.2.  Se ha condenado a soportar las costas a la(s) siguiente(s) persona(s) contra la(s) que se ha solicitado la ejecución:

4.7.2.1.  Apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización[33]:  

4.7.2.2.  Si se ha condenado a soportar las costas a varias personas, se podrá exigir a cualquiera de ellas la totalidad del importe:

4.7.2.2.1.  □  Sí

4.7.2.2.2.  □  No

4.7.3.  Las costas cuyo cobro se solicita son las siguientes[34]:

4.7.3.1.  □  Las costas han sido fijadas en la resolución en forma de importe global (especifíquese el importe):

4.7.3.2.  □  Las costas han sido fijadas en la resolución en forma de porcentaje de las costas totales (especifíquese el porcentaje del total):

4.7.3.3.  □  La responsabilidad por las costas se ha determinado en la resolución y los importes exactos son los siguientes:

4.7.3.3.1.  □  Tasas judiciales:

4.7.3.3.2.  □  Honorarios de abogados:

4.7.3.3.3.  □  Costes relativos a la notificación de documentos:

4.7.3.3.4.  □  Otros:

4.7.3.4.  □  Otros (especifíquese):

4.7.4.  Intereses sobre las costas:

4.7.4.1.  □  No procede

4.7.4.2.  □  Intereses especificados en la resolución

4.7.4.2.1.  □  Importe:

o

4.7.4.2.2.  □  Tipo … %

4.7.4.2.2.1.  Intereses adeudados desde … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento) hasta … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento)[35]

4.7.4.3.  □  Intereses legales (si procede) calculados con arreglo a (especifíquese la ley aplicable):

4.7.4.3.1.  Intereses adeudados desde … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento) hasta … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento)[36]

4.7.4.4.  □  Capitalización de intereses (si procede, especifíquese):

 

▌

Hecho en: …

Firma y/o sello del tribunal de origen:

▌

ANEXO II

CERTIFICADO RELATIVO A UN DOCUMENTO PÚBLICO CON FUERZA EJECUTIVA / UNA TRANSACCIÓN JUDICIAL[37] EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL ▌

Artículo 71 bis del Reglamento ___ del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil

1.  Tribunal o autoridad competente que expide el certificado

1.1.  Nombre:

1.2.  Dirección: Calle y número/apartado de correos:

1.2.1.  Calle y número/apartado de correos:

1.2.2.  Localidad y código postal:

1.2.3.  Estado miembro:

AT □ BE □ BG □ CY □ CZ □ DE □ EE □ EL □ ES □ FI □ FR □ HU □ IE □ IT □ LT □ LU □ LV □ MT □ NL □ PL □ PT □ RO □ SE □ SI □ SK □ UK □

1.3.  Teléfono ▌:

1.4.  Fax:

1.5.  Correo electrónico (de haberlo):

2.  documento público con fuerza ejecutiva ▌

2.1.  Autoridad que ha redactado el documento público con fuerza ejecutiva (caso de ser distinta de la autoridad que expide el certificado)

2.1.1.    Nombre y designación de la autoridad:

2.1.2.    Dirección: Calle y número/apartado de correos:

2.2.  Fecha (dd/mm/aaaa) en la que el documento público con fuerza ejecutiva ha sido redactado por la autoridad contemplada en el punto 2.1:

▌

2.3.  Número de referencia del documento público con fuerza ejecutiva (si procede):

2.4.  Fecha (dd/mm/aaaa) en la que el documento público con fuerza ejecutiva ha sido registrado en el Estado miembro de origen (complétese únicamente si la fecha de registro determina el efecto jurídico del documento público y esta fecha es distinta de la indicada en el punto 2.2):

2.4.1.  Número de referencia en el registro (si procede):

3.  transacción judicial

3.1.  Tribunal que ha aprobado la transacción judicial o en el que se ha celebrado la transacción judicial (caso de ser distinto del tribunal que expide el certificado)

3.1.1.  Nombre del tribunal:

3.1.2.  Dirección:

3.2.  Fecha (dd/mm/aaaa) de la transacción judicial:

3.3.  Número de referencia de la transacción judicial:

4.  Partes en el documento público con fuerza ejecutiva / la transacción judicial:

4.1.  Nombre(s) y apellido(s) del (de los) acreedor(es) /nombre de la empresa u organización[38]:

4.1.1.  Número de identificación (si procede y de haberlo):

4.1.2.  Fecha (dd/mm/aaaa) y lugar de nacimiento o, en caso de persona jurídica, de constitución/creación/registro (si procede y de haberlo):

4.2.  Nombre(s) y apellido(s) del (de los) deudor(es)/nombre de la empresa u organización[39]:

4.2.1.  Número de identificación (si procede y de haberlo):

4.2.2.  Fecha (dd/mm/aaaa) y lugar de nacimiento o, en caso de persona jurídica, de constitución/creación/registro (si procede y de haberlo):

4.3.  Nombre de otras partes, en su caso (apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización)[40]

4.3.1.  Número de identificación (si procede y de haberlo):

4.3.2.  Fecha (dd/mm/aaaa) y lugar de nacimiento o, en caso de persona jurídica, de constitución/creación/registro (si procede y de haberlo):

5.  fuerza ejecutiva del documento público con fuerza ejecutiva / la transacción judicial en el Estado miembro de origen

5.1.  El documento público con fuerza ejecutiva / la transacción judicial tiene fuerza ejecutiva en el Estado miembro de origen

5.1.1.  □  Sí

5.2.  Términos del documento público con fuerza ejecutiva / la transacción judicial e intereses

5.2.1.  Documento público con fuerza ejecutiva / transacción judicial relativos a una demanda pecuniaria

5.2.1.1.  Breve descripción del objeto:

5.2.1.2.  En virtud del documento público con fuerza ejecutiva / de la transacción judicial:

………………. (apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización)[41]

  debe efectuar un pago a:

  ………….. (apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización)

5.2.1.2.1.  Si varias personas son consideradas responsables de una misma y única demanda, se podrá exigir a cualquiera de ellas la totalidad del importe:

5.2.1.2.1.1. □  Sí

5.2.1.2.1.2. □  No

5.2.1.3.  Moneda:

□ Euro (EUR) □ Lev búlgaro (BGN) □ Corona checa (CZK) □ Forint húngaro (HUF) □ Litas lituano (LTU) □ Lats letón (LVL) □ Zloty polaco (PLN) □ Libra esterlina (GBP) □ Leu rumano (RON) □ Corona sueca (SEK) □ Otras (precísese el código ISO):

5.2.1.4.  Importe del principal:

5.2.1.4.1.  □  A abonar íntegramente en un único pago

5.2.1.4.2.  □  A abonar a plazos[42]

 

Fecha de vencimiento (dd/mm/aaaa)

Importe

 

 

 

 

 

5.2.1.4.3.  □  A abonar con periodicidad

5.2.1.4.3.1.  □  diaria

5.2.1.4.3.2.  □  semanal

5.2.1.4.3.3.  □  otra (indíquese la periodicidad):

5.2.1.4.3.4.  A partir de … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento):

5.2.1.4.3.5.  En su caso, hasta … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento):

5.2.1.5.  Intereses, si procede

5.2.1.5.1.  Intereses:

5.2.1.5.1.1.  □  No especificados en el documento público con fuerza ejecutiva / la transacción judicial

5.2.1.5.1.2.  □  Sí, especificados en el documento público con fuerza ejecutiva / la transacción judicial

5.2.1.5.1.2.1.  Importe:

o

5.2.1.5.1.2.2.  Tipo … %

5.2.1.5.1.2.3.  Intereses adeudados desde … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento) hasta … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento)[43]

5.2.1.5.2.  □  Intereses legales (si procede) calculados con arreglo a (especifíquese la ley aplicable):

5.2.1.5.2.1.  Intereses adeudados desde … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento) hasta … (fecha (dd/mm/aaaa) o acontecimiento)1

5.2.1.5.3.  □ Capitalización de intereses (si procede, especifíquese):

5.2.2.  Documento público con fuerza ejecutiva / transacción judicial relativos a una obligación ejecutoria no pecuniaria

5.2.2.1.  Breve descripción de la obligación ejecutoria

5.2.2.2.  La obligación contemplada en el punto 5.2.2.1 es ejecutiva contra la(s) siguiente(s) persona(s)[44] (apellido(s) y nombre(s)/nombre de la empresa u organización):

Hecho en: …

Firma y/o sello del tribunal o de la autoridad competente que expide el certificado:

 

▌

ANEXO III

Tabla de correspondencias

Reglamento (CE) no 44/2001

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1

Artículo 1, apartado 1

Artículo 1, apartado 2, frase introductoria

Artículo 1, apartado 2, frase introductoria

Artículo 1, apartado 2, letras (a) a (d)

Artículo 1, apartado 2, letras a) a d)

________

Artículo 1, apartado 2, letra e)

________

Artículo 1, apartado 2, letra f)

Artículo 1, apartado 3

▌ ________

________

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4 bis

▌

▌

▌

________

Artículo 5, frase introductoria

Artículo 5, frase introductoria

Artículo 5, apartado 1

Artículo 5, apartado 1

Artículo 5, apartado 2

________

Artículo 5, apartados 3 y 4

Artículo 5, apartados 3 y 4

________

Artículo 5, apartado 4 bis

Artículo 5, apartados 5 a 7

Artículo 5, apartados 5 a 7

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 18

Artículo 19, apartados 1 y 2

Artículo 19, apartado 1

________

Artículo 19, apartado 2

Artículo 20

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 21

Artículo 22 ▌

Artículo 22 ▌

Artículo 23, apartados 1 y 2

Artículo 23, apartados 1 y 2

________

▌

▌

▌

▌

▌

Artículo 23, apartado 3

________

Artículo 23, apartados 4 y 5

Artículo 23, apartados 3 y 4

▌ ________

Artículo 23, apartado 5

Artículo 24

Artículo 24, apartado 1

________

Artículo 24, apartado 2

________

▌

Artículo 25

Artículo 27

Artículo 26

Artículo 28

▌

▌

Artículo 27, apartado 1

Artículo 29, apartado 1

________

Artículo 29, apartado 2

Artículo 27, apartado 2

Artículo 29, apartado 3

________

▌

Artículo 28

Artículo 30

________

▌

Artículo 29

Artículo 32, apartado 1

________

Artículo 32, apartado 2

________

Artículo 32, apartado 2 bis

________

Artículo 32, apartado 2 ter

Artículo 30

Artículo 33, apartado 1, letras a) y b)

________

Artículo 33, apartado 1, párrafo segundo

________

Artículo 33, apartado 2 ▌

________

Artículo 34

________

Artículo 34 bis

Artículo 31

Artículo 36

Artículo 32

Artículo 2, letra a)

Artículo 33

Artículo 38 bis

________

▌

________

Artículo 39

________

Artículo 39 ter

________

Artículo 40

________

Artículo 41

________

Artículo 42

________

Artículo 42 bis

________

Artículo 44

Artículo 34

Artículo 48, apartado 1, letras a) a d)

Artículo 35, apartado 1

Artículo 48, apartado 1, letra e)

Artículo 35, apartado 2

Artículo 48, apartado 2

Artículo 35, apartado 3

Artículo 48, apartado 3

▌

Artículo 48, apartado 4

Artículo 36

Artículo 64

Artículo 37, apartado 1

Artículo 39 bis, letra a)

Artículo 38

________

Artículo 39

▌________

Artículo 40

________

Artículo 41

▌________

Artículo 42

▌________

Artículo 43

▌________

Artículo 44

▌________

Artículo 45

▌________

Artículo 46

▌________

Artículo 47

▌________

Artículo 48

▌________

▌________

Artículo 50 bis

▌________

Artículo 51

________

Artículo 54

▌________

Artículo 56

▌________

Artículo 57

▌________

Artículo 59

▌________

Artículo 66

Artículo 49

Artículo 67

Artículo 50

▌________

Artículo 51

Artículo 68

Artículo 52

▌________

Artículo 53

▌________

Artículo 54

Artículo 64 bis

Artículo 55, apartado 1

▌________

Artículo 55, apartado 2

Artículo 39, apartado 2, artículo 51, apartado 2 bis y artículo 69

▌________

▌________

Artículo 56

Artículo 72

Artículo 57, apartado 1

Artículo 70, apartado 1

Artículo 57, apartado 2

________

Artículo 57, apartado 3

Artículo 70, apartado 2

Artículo 57, apartado 4

Artículo 70, apartado 3, y artículo 71 bis

Artículo 58

Artículo 71, y artículo 71 bis

Artículo 59

Artículo 73

▌________

_______

Artículo 60

Artículo 74

Artículo 61

Artículo 75

Artículo 62

Artículo 2 bis

Artículo 63

_______

Artículo 64

_______

Artículo 65

Artículo 76, apartados 1 y 2

_______

Artículo 76, apartado 2 bis

▌________

▌________

Artículo 66

Artículo 77

Artículo 67

Artículo 78

Artículo 68

Artículo 79

Artículo 69

Artículo 80

Artículo 70

Artículo 81

Artículo 71

Artículo 82

Artículo 72

Artículo 83

_______

Artículo 84

Artículo 73

Artículo 91 bis

Artículo 74, apartado 1

Artículo 87, primer párrafo, letras d), e) y f), y artículo 88, apartado 1, letra a)

Artículo 74, apartado 2

Artículo 89

_______

▌________

▌________

▌________

▌________

▌________

_______

▌________

_______

Artículo 90

_______

▌________

_______

Artículo 92

Artículo 75

_______

Artículo 76

Artículo 93

Anexo V

Anexo I y anexo II

Anexo VI

Anexo II

_______

Anexo III

▌________

▌________

▌________

▌________

▌________

▌________

Or. en

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento nº 44/2001 —junto con el Convenio de Bruselas, su predecesor— es uno de los actos legislativos de la UE que más éxito ha cosechado; ha sentado los cimientos de un espacio judicial europeo, ha prestado un útil servicio a los ciudadanos y a las empresas al dotar de seguridad jurídica y previsibilidad a las resoluciones judiciales y sirve de referencia y herramienta para otros instrumentos. Por lo tanto, la refundición de este Reglamento reviste una importancia considerable. El ponente expresa su satisfacción por el acuerdo a que se ha llegado con el colegislador en torno a las líneas siguientes.

 

1. Supresión del exequátur

 

En lugar del exequátur, la Comisión propone que una resolución judicial que sea ejecutiva en el Estado miembro de origen sea ejecutiva y ejecutada en el resto de la UE previa presentación de una copia auténtica y un certificado en la forma prescrita emitido por el tribunal de origen, sin procedimiento intermedio alguno. A continuación, debe procederse a la ejecución como si la resolución la hubieran dictado los tribunales del Estado miembro de ejecución.

 

Si la parte contra la que se solicita la ejecución no compareciese en los procedimientos conducentes a la resolución judicial, puede dirigirse a los tribunales del Estado miembro de origen para que se revise la resolución, alegando que a) no se le notificó la cédula de emplazamiento con tiempo suficiente y de forma tal que pudiera organizar su defensa, o b) no pudo impugnar la demanda por «causa de fuerza mayor o debido a circunstancias extraordinarias, ajenas a su responsabilidad», a menos que no hubiere impugnado la resolución cuando le era posible hacerlo.

 

Además, la parte contra la que se solicita la ejecución puede solicitar a los tribunales del Estado miembro de ejecución una denegación de la ejecución cuando dicha ejecución no estuviere permitida por los principios fundamentales subyacentes al derecho a un juicio justo.

 

La Comisión propone suprimir el derecho vigente de recurrir el reconocimiento o la ejecución de una resolución de un Estado miembro debido a incompatibilidad manifiesta con el orden público del Estado miembro de ejecución/reconocimiento y sustituirlo por el limitado criterio relativo al «juicio justo». Además, no se permitiría, con una excepción muy restringida, ninguna revisión de la competencia judicial del tribunal de origen, incluso en las limitadas circunstancias previstas actualmente en el Reglamento Bruselas I (incumplimiento de los requisitos relativos a los consumidores, los seguros o la competencia exclusiva).

 

La comisión considera que sigue siendo necesaria una excepción relativa al orden público sustantivo o procesal. Es posible que esta excepción siga siendo exigible por razón de las obligaciones internacionales de los Estados miembros y, además, tanto el Reglamento Roma I como el Reglamento Roma II incluyen excepciones relativas al orden público y disposiciones de policía. Los Estados miembros ante los que se incoen procedimientos tienen derecho a preservar sus valores fundamentales; por lo tanto, lo mismo debe aplicarse también a aquellos Estados miembros en los que se requiera la ejecución de una resolución.

 

No obstante, la Comisión propone que haya dos categorías de resolución en las que la parte ejecutora deba seguir obteniendo un otorgamiento de la ejecución, que deberá notificarse a la parte contraria, con sujeción al derecho de recurso de esta última por motivos limitados idénticos a los recogidos actualmente en el artículo 34 del Reglamento Bruselas I vigente, en particular, resoluciones relativas a obligaciones extracontractuales que se deriven de la violación de la intimidad o de los derechos relacionados con la personalidad, incluida la difamación, y las resoluciones relativas a acciones indemnizatorias colectivas que se refieran a la indemnización de los daños ocasionados por prácticas comerciales ilegales, en las que se cumplan determinadas condiciones.

 

La Comisión de Asuntos Jurídicos considera que, en aras de la seguridad jurídica, sería mejor que no hubiera excepciones. Esta posición también ha encontrado apoyo en el Consejo.

 

2.   Ampliación de las normas sobre competencia judicial a litigios en que estén involucrados demandados domiciliados fuera de la UE

 

La Comisión propone que las normas sobre competencia judicial del Reglamento se apliquen obligatoriamente a demandados de terceros países, sustituyendo así los criterios de competencia en vigor de los Estados miembros en tales casos. Para compensar la reducción del acceso a los tribunales resultante en muchos Estados miembros y la no disponibilidad del criterio de competencia general basado en el domicilio, la Comisión propone también que los tribunales de un Estado miembro en que estén sitos los bienes muebles pertenecientes al demandado sean competentes, si 1) ningún otro tribunal de un Estado miembro fuere competente en virtud de las normas precedentes del Reglamento, 2) «el valor de los bienes no fuere desproporcionado en relación con la cuantía de la demanda», y 3) el litigio tuviere una «vinculación suficiente» con el Estado miembro del tribunal al que se somete el asunto.

 

A título excepcional, se propone la existencia de un forum necessitatis, es decir, el derecho de incoar procedimientos ante un tribunal de un Estado miembro con el que el litigio guarde una «vinculación sustancial», si «el derecho a un juez imparcial o el derecho a una tutela judicial efectiva así lo requirieren», y si ningún otro tribunal de un Estado miembro fuere competente en virtud de las normas precedentes del Reglamento. En particular, los procedimientos pueden incoarse bajo estas circunstancias, a) si resultare imposible o no pudiere razonablemente incoarse o llevarse a cabo una acción en un tercer Estado con el cual el litigio guardare estrecha conexión, o b) si una resolución dictada en un tercer Estado no pudiere ser objeto de reconocimiento y ejecución en el Estado miembro del tribunal al que se hubiere interpuesto la demanda y dicho reconocimiento y dicha ejecución fueren necesarios para el respeto de los derechos del demandante.

 

La comisión apoya la posición expresada en la Resolución del Parlamento relativa al Libro Verde, en el sentido de que la cuestión de si deben ampliarse las normas del Reglamento de esta forma requiere amplias consultas y un debate político. Por tanto, en esta situación se propone incluir en el Reglamento normas para introducir un efecto de reciprocidad solo parcial para los litigios en los ámbitos del empleo, el consumo y los contratos de seguros, con el fin de proteger a la parte más débil en estas situaciones.

 

3.  Acuerdos de elección de foro

 

El aumento de la eficacia de los acuerdos de elección de foro mediante la disposición de que el tribunal elegido por las partes para resolver su litigio siempre debe tener prioridad, independientemente de si se le ha sometido el asunto en primer o en segundo lugar, parece una solución viable. El artículo 32, apartado 2, dispone que cuando un acuerdo contemplado en el artículo 23 confiriere competencia exclusiva a un tribunal o a los tribunales de un Estado miembro, los tribunales de otros Estados miembros no tendrán competencia alguna sobre el litigio hasta que el tribunal o los tribunales designados en el acuerdo se declaren incompetentes. Además, la disposición relativa a la litispendencia establecida en el artículo 29 del Reglamento propuesto debe entenderse, según dispone dicho artículo, sin perjuicio del artículo 32, apartado 2. El considerando 19 hace referencia a la necesidad de mejorar la eficacia de los acuerdos de elección de foro a fin de «evitar las tácticas litigiosas abusivas», añadiendo posteriormente que «conviene pues que el presente Reglamento dé prioridad al tribunal designado en el acuerdo para decidir sobre su competencia, independientemente de si se le somete el asunto en primer o en segundo lugar». Además, el artículo 23, apartado 1, permite ahora la atribución de competencia al tribunal elegido, especificando que esto sucederá «a menos que el acuerdo fuere nulo y sin efecto jurídico en cuanto a su validez sustancial según el Derecho de dicho Estado miembro».

 

4.  Convenios de arbitraje

 

La Comisión considera que debe mejorarse la eficacia de los convenios de arbitraje, a fin de dar pleno efecto a la voluntad de las partes. Así debería suceder, en particular, cuando la sede de arbitraje convenida o designada se encuentra en un Estado miembro. Recomienda la inclusión de normas especiales destinadas a evitar los procedimientos paralelos y las tácticas litigiosas abusivas en esas circunstancias.

 

En este contexto, la comisión apoya la posición expresada por el Parlamento en su Resolución relativa al Libro Verde: el arbitraje está regido satisfactoriamente por la Convención de Nueva York de 1958 y el Convenio de Ginebra sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1961, de los que son parte todos los Estados miembros; por tal motivo, debe conservarse la exclusión del arbitraje del ámbito de aplicación del Reglamento. Los considerandos 11 y siguientes lo aclaran.

 

5.  Otras cuestiones

 

La comisión reconoce que parece que se han realizado mejoras respecto de las medidas preliminares.

 

La comisión puede apoyar la propuesta de permitir a los tribunales de los Estados miembros suspender el procedimiento en casos de litispendencia en que se someta en primer lugar a un tribunal de un tercer Estado una acción entre las mismas partes, con el mismo objeto y la misma causa.

 

6.  Conclusión

En conclusión, la Comisión de Asuntos Jurídicos está satisfecha con la transacción que se ha alcanzado con el Consejo, pues corresponde a la posición del Parlamento en todos los puntos principales. El Reglamento refundido resuelve algunas de las dificultades que han surgido a lo largo de la última década en este ámbito, y la supresión del exequátur para todas las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil es un importante paso adelante en lo que se refiere al acceso a la justicia de los ciudadanos y las empresas.

ANEXO: DICTAMEN DEL GRUPO CONSULTIVO DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

 

 

 

grupo consultivo

de los servicios jurídicos

Bruselas, 8 de marzo de 2011

OPINIÓN

  A LA ATENCIÓN  EL PARLAMENTO EUROPEO

    EL CONSEJO

    LA COMISIÓN

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (versión refundida)

COM(2010)0748 de 14.12.2010 – 2010/0383(COD)

Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos, y en particular su punto 9, el Grupo consultivo integrado por los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión se reunió el 13 de enero y el 11 de febrero de 2011 para examinar la propuesta mencionada presentada por la Comisión.

 

En dichas reuniones[45], a raíz del examen de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de refundición del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, el Grupo consultivo determinó de común acuerdo lo siguiente:

 

1)  De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Interinstitucional (artículo 6, letra a), inciso iii), la exposición de motivos debió haber indicado qué disposiciones del acto jurídico permanecen inalteradas en la propuesta.

 

2)  Los siguientes pasajes del texto refundido debieron señalarse mediante los caracteres sobre fondo sombreado utilizados para resaltar las modificaciones de fondo:

–  en el primer visto, las palabras «y e)»;

–  la segunda frase del considerando 10;

–  en el artículo 47, apartado 1, «en relación con las materias contempladas en el artículo 37, apartado 3».

 

3)  En el artículo 28, apartado 2, la referencia «lo dispuesto en el apartado 2» debe sustituirse por la referencia «lo dispuesto en el apartado 1».

 

4)  En el artículo 47, apartado 2, la referencia a «los artículos 50 a 63» debe sustituirse por la referencia «los artículos 50 a 65, 67, 68 y 72».

 

5)  En el artículo 64, las palabras «dictada en un Estado miembro» y «en el Estado miembro en que se hubiere solicitado el reconocimiento, la fuerza ejecutiva o la ejecución» debían haberse identificado con flechas de adaptación.

 

En consecuencia, el examen de la propuesta ha permitido al Grupo consultivo determinar de común acuerdo que la propuesta no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la misma o en el presente dictamen. El Grupo consultivo ha constatado asimismo que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los textos existentes, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones sustanciales.

 

 

 

 

C. PENNERA        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsulto        Jurisconsulto      Director General

10.11.2011

OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida)

( COM(2010)0748 – C7‑0433/2010 – 2010/0383(COD) )

Ponente: Evelyn Regner

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN

Solicita que se incluya en el Reglamento el requisito de una nueva sección sobre competencia judicial en materia de acciones sindicales. Los asuntos ante el TJE, especialmente el Asunto Viking, han demostrado que existe la posibilidad de búsqueda del foro más favorable en el caso de competencia judicial. Debido a la falta de competencia judicial en las acciones sindicales, se designó un tribunal británico para entender de la acción colectiva emprendida en Finlandia. Los tribunales en los Estados miembros sin relación con estas acciones sindicales deciden con arreglo al Derecho civil. Ello es contrario al espíritu y a los objetivos del presente Reglamento. Los tribunales de los Estados miembros con el vínculo más estrecho con la acción colectiva —es decir, obviamente el Estado miembro en el que se produce o se ha producido la acción colectiva— deben tener competencia para decidir en esos casos.

Pide la supresión de la exigencia de exequátur, pero considera que antes de suprimir el exequátur se ha de garantizar que esta supresión vaya acompañada de salvaguardias estrictas que puedan proteger de modo suficiente los derechos del deudor condenado y garanticen que se respeten plenamente los derechos fundamentales;

Considera que, hasta entonces, las normas de la Comunidad sobre competencia exclusiva respecto de los derechos reales inmobiliarios o contratos de arrendamiento de bienes inmuebles se podrían ampliar a los procedimientos iniciados en un tercer Estado; las reglas de competencia en materia de consumidores y trabajadores también deben ser aplicables en relación con empresas de terceros Estados.

ENMIENDAS

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

 

Enmienda    1

Propuesta de Reglamento

Considerando 1 bis (nuevo)

 

Texto de la Comisión

Enmienda

(1 bis) El Reglamento (CE) nº 44/2001 entró en vigor en marzo de 2002. Ocho años más tarde, la Comisión ha examinado su funcionamiento en la práctica y ha considerado necesario introducir una serie de modificaciones. Esta refundición mejora el acceso a la justicia, entre otras cosas, haciendo posible que los trabajadores interpongan acciones contra varios demandados en el ámbito laboral, de conformidad con el artículo 6, apartado 1. Esa posibilidad existía de conformidad con el Convenio de Bruselas de 1968. Su reintegración en el Reglamento beneficiará a los trabajadores que desean ejercitar una acción contra sus coempleadores establecidos en Estados miembros diferentes.

 

Enmienda    2

Propuesta de Reglamento

Considerando 1 ter (nuevo)

 

Texto de la Comisión

Enmienda

(1 ter) Se crea la competencia judicial en asuntos relativos a la acción colectiva con el fin de evitar la búsqueda del foro más favorable y para garantizar la coherencia con el Reglamento (CE) nº 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II )1; el tribunal competente debe ser el tribunal del Estado miembro en el que haya tenido lugar la acción.

 

1 DO L 199 de 31.7.2007, p. 40.

 

Enmienda    3

Propuesta de Reglamento

Artículo 22 – punto 1 – letra a bis (nueva)

 

Texto de la Comisión

Enmienda

 

a bis) en materia de acciones sindicales que tengan lugar en un Estado miembro determinado, serán competentes los tribunales de dicho Estado miembro,

Justificación

Con arreglo al considerando 7 del Reglamento Roma II, debe existir coherencia entre los instrumentos del Derecho de la Unión que regulan la legislación aplicable y la competencia judicial. Debe incluirse en Bruselas I una competencia que se corresponda con el artículo 9 del Roma II para evitar la búsqueda del foro más favorable. En el caso de diversos demandados (acción colectiva) una empresa puede elegir todavía el tribunal competente que parece más favorable a sus intereses, lo que no es coherente con los objetivos de Bruselas I.

 

 

PROCEDIMIENTO

Título

Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida)

Referencias

COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD)

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

JURI

18.1.2011

 

 

 

Comisión(es) competente(s) para emitir opinión

       Fecha del anuncio en el Pleno

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Ponente(s)

       Fecha de designación

Evelyn Regner

7.7.2011

 

 

 

Examen en comisión

12.9.2011

5.10.2011

7.11.2011

 

Fecha de aprobación

7.11.2011

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

20

15

0

Miembros presentes en la votación final

Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Frank Engel, Richard Falbr, Marian Harkin, Roger Helmer, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa, Veronica Lope Fontagné, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Edite Estrela, Julie Girling, Richard Howitt, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Emilie Turunen

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Catherine Bearder

 

 

 

PROCEDIMIENTO

Título

Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Versión refundida)

Referencias

COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD)

Fecha de la presentación al PE

14.12.2010

 

 

 

Comisión competente para el fondo

       Fecha del anuncio en el Pleno

JURI

18.1.2011

 

 

 

Comisión(es) competente(s) para emitir opinión

       Fecha del anuncio en el Pleno

EMPL

15.9.2011

 

 

 

Ponente(s)

       Fecha de designación

Tadeusz Zwiefka

28.2.2011

 

 

 

Examen en comisión

24.5.2011

11.7.2011

22.11.2011

 

Fecha de aprobación

11.10.2012

 

 

 

Resultado de la votación final

+:

–:

0:

20

0

0

Miembros presentes en la votación final

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Gerald Häfner, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Suplente(s) presente(s) en la votación final

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Axel Voss

Suplente(s) (art. 187, apdo. 2) presente(s) en la votación final

Sylvie Guillaume, Salvatore Tatarella

Fecha de presentación

15.10.2012

 

 

[1] DO C 218 de 23.7.2011, p. 78.
[2] DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
[3]* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.
[4] DO C 218 de 23.7.2011, p. 78.
[5] Posición del Parlamento Europeo de ... [(DO ...)] [(pendiente de publicación en el DO)] y Decisión del Consejo de ...
[6] Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, relativo a la competencia judicial, al reconocimiento y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ( COM(2009)0174 ).
[7] DO L 12 de 16.1.2001, p. 1.
[8] DO C 115 de 4.5.2010, p. 1.
[9] DO L 299 de 31.12.1972, p. 32, DO L 304 de 30.10.1978, p. 1, DO L 388 de 31.12.1982, p. 1, DO L 285 de 3.10.1989, p. 1, DO C 15 de 15.1.1997, p. 1. Para la versión consolidada, véase el DO C 27 de 26.1.1998, p. 1.
[10] DO L 319 de 25.11.1988, p. 9.
[11] DO L 120 de 5.5.2006, p. 22.
[12] DO L 7 de 10.1.2009, p. 1.
[13] DO L 74 de 27.3.1993, p. 74.
[14] DO L 157 de 30.4.2004, p. 45.
[15] DO L 174 de 27.6.2001, p. 1.
[16] DO L 299 de 16.11.2005, p. 62.
[17] DO L 335 de 17.12.2009, p. 1.
[18] DO L 324 de 10.12.2007, p. 79.
[19] DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.
[20]* DO: Insértese la fecha: 12 meses antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento.
[21]* DO: Insértese la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. 
[22]* DO: Insértese la fecha: siete años después de la fecha de aplicación del presente Reglamento. 
[23]* DO: Insértese la fecha: 24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
[24]** DO: Insértese la fecha: 12 meses antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento. 
[25] ‑{}‑Añada el número necesario de demandantes si la resolución se refiere a más de un demandante.‑{}‑ 
[26] Añada el número necesario de demandados si la resolución se refiere a más de un demandado.
[27] Si la resolución no ha sido notificada a la(s) persona(s) contra la(s) que se solicita la ejecución entre la fecha de expedición del certificado y la fecha en la que se inicie el procedimiento de ejecución en el Estado miembro requerido, la resolución debe acompañar al certificado cuando, de conformidad con el artículo 42 bis, este sea notificado a la(s) persona(s) contra la(s) que se solicita la ejecución.
[28] Si la resolución se refiere únicamente a costes relacionados con una demanda objeto de una resolución anterior, deje en blanco el punto 4.6.1 y pase al punto 4.7.
[29] Añada el número necesario de personas si se ha condenado a más de una persona a efectuar un pago.
[30] Añádase el número de plazos necesario.
[31] Añádase el número de períodos necesario en caso de que haya más de uno.
[32] Este punto también incluye aquellas situaciones en las que la condena a costas haya sido objeto de una resolución específica.
[33] Añádase el número de personas necesario.
[34] Si las costas se pueden cobrar a varias personas, añádase el desglose necesario para cada una de ellas.
[35] Añádase el número de períodos necesario en caso de que haya más de uno.
[36] Añádase el número de períodos necesario en caso de que haya más de uno.
[37] Táchese lo que no proceda en todo el certificado.
[38] Añádase el número de acreedores necesario.
[39] Añádase el número de deudores necesario.
[40] Añádase, en su caso, el número de otras partes necesario.
[41] Añada el número necesario de personas si se ha condenado a más de una persona a efectuar un pago.
[42] Añádase el número de plazos necesario. 
[43] Añádase el número de períodos necesario en caso de que haya más de uno.
[44] Añádase el número de personas necesario si hay más de una.
[45] El Grupo consultivo disponía de las versiones inglesa, francesa y alemana de la propuesta y trabajó partiendo de la versión inglesa, que es la versión original del documento objeto de examen.