Enmienda

(-1)  La política de protección de los consumidores de la Unión se rige por el artículo 4, apartado 2, letra f), el artículo 12, el artículo 114, apartado 3, y el artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), así como el artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Enmienda

(-1 bis)  El artículo 169 del TFUE estipula que la política de protección de los consumidores de la Unión tiene como objetivo promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protección. Para lograrlo, la Unión debe contribuir a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses.

Enmienda

(-1 ter)  El artículo 197 del TFUE relativo a la cooperación administrativa reconoce que la aplicación efectiva del Derecho de la Unión por los Estados miembros es esencial para el buen funcionamiento de la Unión y fija los límites dentro de los cuales la Unión y los Estados miembros han de actuar en este sentido.

Enmienda

(1)  El Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo58 dispone la armonización de las normas y procedimientos para facilitar la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores. El artículo 21 bis del Reglamento (CE) n.º 2006/2004 prevé una revisión de la eficacia y los mecanismos operativos de dicho Reglamento y, con arreglo a dicho artículo, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 no es suficiente para hacer frente eficazmente a los retos del mercado único, incluido el mercado único digital.

__________________

58 Reglamento (CE) n.° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (DO L 364 de 9.12.2004, p. 1).

Enmienda

(2)  La Estrategia para el Mercado Único Digital, adoptada por la Comisión el 6 de mayo de 2015, definió como una de sus prioridades la necesidad de reforzar la confianza de los consumidores mediante una aplicación más rápida y coherente de la legislación relativa a la protección de los consumidores. La Estrategia del Mercado Único, adoptada por la Comisión el 28 de octubre de 2015, reiteró que la aplicación de las leyes de la Unión que protegen los intereses de los consumidores debería reforzarse mediante la reforma del Reglamento (CE) n.º 2006/2004.

Enmienda

(3)  Las ineficaces medidas de ejecución de las leyes para prevenir las infracciones transfronterizas, también en el entorno digital, permiten a los comerciantes deslocalizar su actividad dentro de la Unión, lo que da lugar a una distorsión de la competencia para los comerciantes respetuosos de la ley que operan (ya sea en línea o fuera de línea) en el interior de sus países o en zonas transfronterizas y perjudica así directa y seriamente al mercado único y a los consumidores, socavando su confianza en las transacciones transfronterizas y el mercado único. Es necesario, por tanto, un mayor nivel de armonización que garantice una cooperación efectiva y eficaz entre las autoridades públicas competentes, con el fin de detectar, investigar, ordenar e imponer el cese de las infracciones.

Enmienda

(4)  El Reglamento (CE) n.º 2006/2004 establece una red de autoridades públicas competentes en toda la Unión. Es necesaria una coordinación eficaz entre las diferentes autoridades competentes que participan en la red, así como con otras autoridades públicas de los Estados miembros. La labor de coordinación de la oficina de enlace única debe confiarse a una autoridad pública en cada Estado miembro que tenga facultades suficientes y los recursos necesarios para desempeñar esa función clave.

Enmienda

(5)  También debe protegerse a los consumidores contra las infracciones por un período breve de tiempo, pero cuyos efectos perjudiciales pueden continuar mucho después de que la infracción haya cesado. Las autoridades competentes deben disponer de las facultades necesarias para investigar y ordenar el cese de tales infracciones, a fin de garantizar la protección de los consumidores.

Enmienda

(5 bis)  A fin de garantizar la seguridad jurídica y la eficacia de las medidas adoptadas contra las infracciones que ya hayan cesado en un contexto transfronterizo y con miras a evitar un trato diferenciado para los consumidores y los comerciantes en el mercado único, es necesario introducir un plazo de prescripción. Ello implica la definición de un plazo preciso durante el cual las autoridades competentes, en su facultad de ejecución de la normativa que regula las infracciones de carácter transfronterizo, puedan imponer sanciones, ordenar la indemnización de los consumidores u ordenar la restitución del beneficio obtenido como resultado de las infracciones.

Enmienda

(6)  Las autoridades competentes deben disponer de un conjunto coherente de facultades de investigación y ejecución con el fin de aplicar el presente Reglamento, cooperar entre sí de forma más rápida y eficiente y disuadir a los comerciantes de cometer infracciones. Estas facultades deben ser suficientes para afrontar de forma eficaz los retos del comercio electrónico y el entorno digital e impedir que los comerciantes infractores aprovechen las lagunas en el sistema de ejecución de la normativa mediante el traslado de su actividad a otros Estados miembros cuyas autoridades competentes no estén equipadas para hacer frente a las prácticas ilegales. Dichas facultades deben garantizar que la información y las pruebas puedan ser válidamente intercambiadas entre las autoridades competentes para lograr una ejecución eficaz al mismo nivel en todos los Estados miembros.

Enmienda

(7)  El presente Reglamento no afectará a la libertad de los Estados miembros para elegir el sistema de ejecución que consideren más apropiado. Los Estados miembros podrán decidir determinar el reparto de competencias más adecuado entre las autoridades nacionales competentes, siempre que se pueda utilizar cada competencia de forma eficaz para tratar cualquier infracción. Los Estados miembros podrán también decidir si las autoridades competentes ejercerán esas facultades directamente, en virtud de su propia autoridad, o bien con asistencia de otras autoridades públicas o bajo la supervisión de las autoridades judiciales, o previo requerimiento a los órganos jurisdiccionales competentes. Si los Estados miembros deciden que las autoridades competentes ejerzan sus facultades previo requerimiento a los órganos jurisdiccionales competentes, los Estados miembros deberán velar por que dichas competencias puedan ejercerse de manera efectiva y oportuna, y por que el coste del ejercicio de esas competencias sea proporcionado y no obstaculice la aplicación del presente Reglamento. Los Estados miembros podrán también optar, con arreglo al presente Reglamento, por asignar ciertas funciones previstas en él a organismos designados.

Enmienda

(9)  Las autoridades competentes deben poder abrir investigaciones por iniciativa propia si tienen conocimiento de infracciones dentro de la Unión o de infracciones generalizadas por medios distintos de las denuncias de los consumidores.

Enmienda

(10)  Las autoridades competentes deben tener acceso a todas las pruebas, datos e información necesarios relacionados con el objeto de una investigación con el fin de determinar si se ha producido una infracción y en particular para identificar al comerciante responsable, con independencia de quién esté en posesión de la prueba, la información o los datos de que se trate y con independencia de su ubicación y de su formato. Las autoridades competentes deben estar facultadas para solicitar directamente que los terceros interesados en la cadena de valor digital faciliten todas las pruebas, datos e información necesarios, siempre con arreglo a los principios de protección de datos personales.

Enmienda

(10 bis)  Las autoridades competentes deben poder llevar a cabo las inspecciones necesarias in situ y estar facultadas para acceder a todos los locales, terrenos o medios de transporte que el comerciante utilice con fines relacionados con sus actividades comerciales, industriales, artesanales o profesionales.

Enmienda

(10 ter)  Las autoridades competentes deben poder requerir a cualquier representante o miembro del personal del comerciante de que se trate para que dé explicaciones o aporte pruebas sobre los hechos, la información o los documentos relativos al objeto de la inspección, así como registrar las respuestas ofrecidas por dichos representantes o miembros del personal.

Enmienda

(11)  Las autoridades competentes deben estar facultadas para verificar el cumplimiento de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores y para obtener pruebas de las infracciones antes, durante o después de la compra de bienes y servicios. Por ello deben tener la facultad de realizar compras de prueba y, cuando no puedan obtenerse pruebas por otros medios, de adquirir bienes o servicios bajo una identidad falsa.

Enmienda

(12)  En el entorno digital, en particular, las autoridades competentes deben ser capaces de poner término a las infracciones rápidamente y de manera eficaz, en particular cuando el comerciante que vende bienes o servicios oculta su identidad o se traslada dentro de la Unión o a un tercer país para evitar las medidas de ejecución. En el caso de que exista un riesgo de perjuicio grave e irreparable para los consumidores, las autoridades competentes deben poder adoptar medidas cautelares, cuando no se disponga de otros medios, para evitar o mitigar dicho perjuicio, en particular requiriendo a los proveedores de servicios de alojamiento que eliminen contenidos o que suspendan un sitio web, servicio o cuenta, o requiriendo a los registros y registradores de dominios que suspendan temporalmente un nombre de dominio completo por un período específico. Además, si las medidas cautelares fueran ineficaces, y solo como último recurso, las autoridades competentes deberán tener también la facultad de ordenar a los proveedores de servicios de alojamiento la eliminación de contenidos o el cierre de un sitio web, servicio o cuenta o una parte de los mismos, u ordenar a los registros y registradores de dominios la eliminación de un nombre de dominio completo y permitir registrarlo a la autoridad competente en cuestión. Teniendo en cuenta su impacto potencial sobre los derechos fundamentales, esas competencias se ejercerán de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y con autorización judicial.

Enmienda

(13)  A fin de garantizar que se disuade suficientemente a los comerciantes de cometer o repetir infracciones y que no se beneficiarán de dichas infracciones, el régimen de sanciones adoptado por los Estados miembros de conformidad con los requisitos de la legislación protectora de los intereses de los consumidores también debe observarse y aplicarse a las infracciones, teniendo también en cuenta el perjuicio global que resulte de la infracción.

Enmienda

(14)  Por lo que se refiere a la indemnización de los consumidores, las autoridades competentes deben elegir medidas eficaces que eviten o reduzcan el riesgo de que se repitan o reiteren las infracciones. Los consumidores deben tener derecho a una indemnización por los perjuicios causados por infracciones. La facultad de ordenar la indemnización de los consumidores o la restitución del beneficio obtenido es esencial para resarcir los perjuicios causados por una infracción transfronteriza y restablecer la igualdad de condiciones en el mercado único, distorsionada por la obtención de beneficios como resultado de las infracciones.

Enmienda

(15)  Debe mejorarse la efectividad y la eficacia del mecanismo de asistencia mutua. La información requerida debe proporcionarse en el plazo establecido en el presente Reglamento y las necesarias medidas de ejecución deben adoptarse a su debido tiempo.

Enmienda

(16)  La Comisión deberá estar más capacitada para coordinar y supervisar el funcionamiento del mecanismo de asistencia mutua, ofrecer orientación, formular recomendaciones y emitir dictámenes a los Estados miembros cuando surjan problemas. Asimismo, la Comisión deberá disponer de mayores capacidades para asistir de forma eficaz y rápida a las autoridades competentes para resolver los litigios sobre la interpretación de sus obligaciones derivadas del mecanismo de asistencia mutua.

Enmienda

(17)  El presente Reglamento fijará normas armonizadas que establezcan el procedimiento de coordinación de la investigación de las infracciones generalizadas y de las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión, así como de la ejecución de la normativa que regula dichas infracciones. Las acciones coordinadas contra las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión deben garantizar que las autoridades competentes puedan elegir los instrumentos más adecuados y eficaces para poner término a las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión y asegurar la indemnización de los consumidores.

Enmienda

(18)  El examen coordinado de los sitios web de comercio electrónico en línea («barrido») es otra forma de coordinación de la ejecución que ha demostrado ser una herramienta eficaz contra las infracciones que debe mantenerse y reforzarse en el futuro, también ampliando su aplicación a los sectores fuera de línea.

Enmienda

(19)  En el caso de infracciones generalizadas con dimensión de la Unión que puedan causar perjuicios a los intereses colectivos de los consumidores en una mayoría de Estados miembros, la Comisión debe poner en marcha y dirigir un procedimiento de coordinación a escala de la Unión. Para garantizar la coherencia del procedimiento, la Comisión deberá ser responsable de comprobar si se cumplen las condiciones para la puesta en marcha del procedimiento. Las pruebas y la información recogidas durante la acción coordinada deberán usarse en los procedimientos nacionales cuando sea necesario.

Enmienda

(20)  En el contexto de las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión, debe respetarse el derecho de defensa de los comerciantes de que se trate. Para ello es necesario, en particular, conceder al comerciante el derecho a ser oído y a utilizar la lengua de su Estado miembro de establecimiento o de residencia. También es esencial garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión sobre protección de conocimientos especializados e información empresarial no divulgados.

Enmienda

(21)  Cuando un comerciante responsable de una infracción generalizada o de una infracción con dimensión de la Unión no ponga fin a dicha infracción voluntariamente, las autoridades competentes de los Estados miembros en cuestión deberán designar una autoridad competente en un Estado miembro para que adopte la medida de ejecución adecuada para preservar los derechos de los consumidores residentes en los demás Estados miembros afectados por la infracción. La decisión relativa a la autoridad competente que se designe deberá tener en cuenta todos los aspectos pertinentes para una ejecución eficaz, como su capacidad para adoptar medidas eficaces contra el comerciante. La autoridad competente designada deberá actuar como si los consumidores en los demás Estados miembros fueran sus propios consumidores. En caso necesario, varios o todos los Estados miembros afectados por la infracción deberían adoptar simultáneamente medidas de ejecución para proteger a sus propios consumidores o a los consumidores residentes en otros Estados miembros. Ello puede ser necesario, por ejemplo, para poner fin a infracciones de la misma naturaleza cometidas por filiales de una sociedad con domicilio social en varios Estados miembros, que afecten a los consumidores en dichos Estados miembros únicamente, sin un elemento transfronterizo (infracciones paralelas).

Enmienda

(22 bis)  Con el fin de aumentar la transparencia de la red de cooperación y sensibilizar a los consumidores y al público en general, la Comisión debe presentar informes semestrales al Parlamento Europeo y al Consejo en los que presente una visión de conjunto de la información, las estadísticas y los progresos alcanzados en la ejecución de la normativa sobre defensa de los consumidores que haya recopilado en el marco de la cooperación prevista en el presente Reglamento.

Enmienda

(23)  Las organizaciones de consumidores desempeñan un papel fundamental a la hora de informar a los consumidores sobre sus derechos, educarlos y proteger sus intereses, incluida la resolución de litigios. Las organizaciones de consumidores y los centros europeos de los consumidores deben poder notificar a las autoridades competentes presuntas infracciones y compartir con ellas la información precisa para detectar, investigar y poner fin a las infracciones.

Enmienda

(23 bis)  Las entidades con la experiencia adecuada y un interés legítimo en la protección de los consumidores —en particular, las asociaciones de consumidores— deben estar autorizadas a participar en el mecanismo de alerta previsto en el presente Reglamento. También deberá permitirse la participación de asociaciones de comerciantes para notificar a las autoridades competentes presuntas infracciones y compartir con ellas la información precisa para detectar, investigar y poner fin a las infracciones, dar su opinión sobre las investigaciones o infracciones y notificar a las autoridades competentes el incumplimiento de las leyes de la Unión que protegen los intereses de los consumidores. Si bien las autoridades competentes no deben estar obligadas a iniciar un procedimiento o adoptar otras medidas en respuesta a las alertas y a la información facilitada por dichas entidades, es oportuno que, con el fin de aumentar la transparencia, notifiquen a la entidad que haya efectuado la alerta exterior todas las acciones de seguimiento emprendidas por la autoridad competente interesada en relación con dichas alertas o, cuando se solicite, la ausencia de acciones.

Enmienda

(24)  Las infracciones generalizadas en la Unión deberán ser resueltas con eficacia y eficiencia. A tal efecto, deberá coordinarse la priorización y la planificación de la ejecución a escala de los Estados miembros y deben ponerse en común los recursos disponibles de las autoridades competentes. Para lograr este objetivo deberá ponerse en práctica un sistema de planes bianuales de ejecución.

Enmienda

(25)  Los datos relativos a las denuncias de los consumidores pueden ayudar a los responsables políticos nacionales y de la Unión a evaluar el funcionamiento de los mercados de consumo y detectar infracciones. Es oportuno promover el intercambio de estos datos a escala de la Unión, así como la coordinación de actividades que contribuyan a la supervisión y la ejecución de la normativa entre los Estados miembros y la Comisión.

Enmienda

(26)  Los retos en materia de ejecución trascienden las fronteras de la Unión. Es necesario proteger los intereses de los consumidores europeos frente a los comerciantes no honrados establecidos en terceros países y negociar acuerdos internacionales con terceros países sobre asistencia mutua para la aplicación de la legislación que protege los intereses de los consumidores. Dichos acuerdos deben incluir el objeto de este Reglamento y deben negociarse a nivel de la Unión para garantizar una protección óptima de los consumidores de la Unión y una buena cooperación con los terceros países.

Enmienda

(27)  A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, deberán atribuirse competencias de ejecución a la Comisión, con el fin de establecer los modelos de los formularios y las etapas del procedimiento en el marco del mecanismo de asistencia mutua; fijar los plazos y los modelos de los formularios para las notificaciones y otros intercambios de información y solicitudes de ejecución con respecto a las acciones coordinadas relativas a las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión; establecer los pormenores de los procedimientos de las operaciones de barrido; establecer los modelos de los formularios para la presentación de una alerta y una alerta exterior mediante la base de datos; y establecer los modelos de formularios electrónicos, así como los modelos disponibles en la base de datos para el foro de discusión. Dichas competencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo60.

__________________

60 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2. 2011, p. 13).

Enmienda

(28)  Debe utilizarse el procedimiento de examen para la adopción de los actos de ejecución previsto en los artículos 15 bis, 20, 32, 34, 35 y 43 del presente Reglamento, dado que dichos actos son de alcance general.

Enmienda

(34)  El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las sanciones establecidas en la legislación sectorial y la legislación sobre los consumidores de la Unión y se aplicará a las infracciones nacionales. Las autoridades competentes deberán, en su caso, aplicar las disposiciones del Derecho nacional para la ejecución de dichas disposiciones, teniendo en cuenta la escala y el alcance de la infracción en cuestión y el perjuicio causado por la infracción a los consumidores de otros Estados miembros.

Enmienda

(34 bis)  El presente Reglamento debe aplicarse y ejecutarse en plena conformidad con las normas de la Unión sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y con toda ley nacional aplicable de conformidad con la legislación de la Unión en materia de protección de datos.

Enmienda

(35)  El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Consecuentemente, el presente Reglamento deberá interpretarse y aplicarse en observancia de estos derechos y principios. En el ejercicio de las facultades mínimas establecidas en el presente Reglamento, las autoridades competentes deberán asegurar un equilibrio adecuado entre los intereses protegidos por los derechos fundamentales, como un alto nivel de protección de los consumidores, la libertad de empresa, la libertad de expresión y la libertad de información.

Enmienda

El presente Reglamento establece las condiciones en que las autoridades competentes de los Estados miembros designadas responsables de la aplicación de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores cooperarán entre sí y con la Comisión para garantizar el cumplimiento de dicha legislación y el buen funcionamiento del mercado interior, y para mejorar la protección de los intereses económicos de los consumidores.

Enmienda

1.  El presente Reglamento se aplicará a las infracciones dentro de la Unión, a las infracciones generalizadas y a las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión, tal como se definen, respectivamente, en las letras b), c) y c) bis del artículo 3, aun cuando tales infracciones hayan cesado antes del inicio o la conclusión de la ejecución.

Enmienda

suprimido

Enmienda

4.  El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la aplicación en los Estados miembros de las medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil y penal, y en particular al funcionamiento de la Red Judicial Europea, y de la aplicación de los instrumentos jurídicos relativos a la cooperación judicial en materia penal.

Enmienda

6.  El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la función y las facultades de las autoridades competentes y de la Autoridad Bancaria Europea en virtud de la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1a y la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1b. El capítulo III del presente Reglamento no se aplicará a las infracciones dentro de la Unión de las dos Directivas a que hace referencia el párrafo primero.

__________________

1 bis Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 1093/2010 (DO L 60 de 28.2.2014, p. 34).

1 ter Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas (DO L 257 de 28.8.2014, p. 214).

Enmienda

suprimido

Enmienda

8 bis.  El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de adoptar medidas privadas de ejecución y de interponer demandas por daños y perjuicios con arreglo a la legislación nacional.

Enmienda

a)  «legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores»: las Directivas, tal como han sido incorporadas al ordenamiento jurídico interno de los Estados miembros, y los Reglamentos enumerados en el anexo del presente Reglamento;

Enmienda

b)  «infracción dentro de la Unión»: todo acto u omisión contrario a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores residentes en un Estado miembro distinto del Estado miembro donde el acto u omisión se originó o tuvo lugar, en el que esté establecido el comerciante responsable del acto u omisión o en el que se encuentren las pruebas o los activos del comerciante correspondientes al acto u omisión;

Enmienda

1)  todo acto u omisión contrario a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores residentes en un Estado miembro distinto del Estado miembro donde el acto u omisión se originó o tuvo lugar, en el que esté establecido el comerciante responsable del acto u omisión o en el que se encuentren las pruebas o los activos del comerciante correspondientes al acto u omisión, con independencia de que el acto u omisión esté en curso o haya cesado; o

Enmienda

2)  todo acto u omisión contrario a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores y que tenga características comunes, como la misma práctica ilegal o la infracción del mismo interés, o su ocurrencia simultánea en al menos dos Estados miembros;

Enmienda

c bis)  «infracción generalizada con dimensión de la Unión»: infracción generalizada que haya perjudicado, perjudique o pueda perjudicar los intereses colectivos de los consumidores en una mayoría de Estados miembros que representen conjuntamente al menos una mayoría de la población de la Unión;

Enmienda

c ter)  «autoridad competente»: toda autoridad pública establecida a nivel nacional, regional o local, dotada de competencias específicas para aplicar la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores;

Enmienda

c quater)  «oficina de enlace única»: la autoridad pública de cada Estado miembro designada como encargada de la coordinación de la ejecución del presente Reglamento en el Estado miembro en cuestión;

Enmienda

c quinquies)  «organismo designado»: organismo designado por un Estado miembro con un interés legítimo en el cese o la prohibición de las infracciones de la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores;

Enmienda

f bis)  «consumidor»: toda persona física que actúe con fines ajenos a sus actividades comerciales o empresariales, a su oficio o a su profesión;

Enmienda

i)  «perjuicios a los intereses colectivos de los consumidores»: todo perjuicio real o potencial para los intereses de varios consumidores afectados por infracciones dentro de la Unión, infracciones generalizadas o infracciones generalizadas con dimensión de la Unión;

Enmienda

i bis)  «riesgo de perjuicio grave e irreparable para los consumidores»: riesgo de que se produzca una situación que pueda causar un perjuicio grave que ya no pueda ser reparado;

Enmienda

i ter)  «barridos»: investigación concertada de los mercados de consumo mediante acciones de control simultáneas coordinadas para detectar infracciones a la legislación de la Unión que protege los intereses de los consumidores.

Enmienda

Artículo 4

Plazo de prescripción para imponer sanciones, ordenar la indemnización de los consumidores y ordenar la restitución del beneficio obtenido como resultado de las infracciones.

1.  Las autoridades competentes podrán investigar las infracciones mencionadas en el artículo 2, apartado 1, e impedir a los comerciantes la comisión de tales infracciones en el futuro. Las autoridades competentes podrán ejercer también las siguientes facultades en los cinco años siguientes al cese de la infracción:

a)  imponer sanciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, letra m);

b)  ordenar al comerciante responsable de la infracción que indemnice a los consumidores que hayan sufrido perjuicios como consecuencia de dicha infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, letra n); y

c)  ordenar la restitución de los beneficios obtenidos como resultado de las infracciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 2, letra o).

Las autoridades competentes podrán, si fuera necesario, ejercer esas facultades basándose en pruebas obtenidas fuera del plazo de prescripción previsto en el segundo párrafo.

2.  El plazo de prescripción para ejercer las facultades a que se refiere el apartado 1 comenzará a contar a partir del día en que haya cesado la infracción.

3.  Las medidas adoptadas por la autoridad competente a efectos de la investigación o el procedimiento de ejecución en relación con la infracción interrumpirá el plazo de prescripción para ejercer las facultades a que se refiere el apartado 1 hasta que la decisión definitiva sobre el asunto haya sido adoptada. Dicho plazo de prescripción para la imposición de sanciones quedará suspendido durante el tiempo en que la decisión, resolución u otra acción de la autoridad competente sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia.

Enmienda

Artículo 5

Autoridades competentes y oficinas de enlace únicas

1.  Cada Estado miembro designará las autoridades competentes y una oficina de enlace única encargadas de la aplicación del presente Reglamento.

2.  Las autoridades competentes cumplirán sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento como si actuaran en nombre de los consumidores de su propio Estado miembro y por iniciativa propia.

4.  La oficina de enlace única será responsable de la coordinación de las autoridades competentes, de otras autoridades públicas a que se refiere el artículo 6, de los organismos designados y de las entidades que participen en el mecanismo de alerta a que se refiere el artículo 35, así como de las actividades de investigación y ejecución relacionadas con las infracciones dentro de la Unión, las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión.

5.  Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes y las oficinas de enlace únicas dispongan de los recursos necesarios para la aplicación del presente Reglamento, incluidos recursos presupuestarios y de otro tipo, conocimientos técnicos, procedimientos y otras disposiciones.

6.  Todo Estado miembro en cuyo territorio haya más de una autoridad competente velará por que las funciones respectivas de cada una de ellas estén claramente definidas y por que dichas autoridades colaboren estrechamente, de modo que puedan desempeñar eficazmente sus respectivas funciones.

Enmienda

4.  Cada Estado miembro podrá imponer una obligación a los organismos designados para recabar la información necesaria y adoptar las medidas de ejecución necesarias a su disposición con arreglo al Derecho nacional en nombre de la autoridad competente requerida.

Enmienda

5.  Los Estados miembros deberán garantizar la cooperación entre las autoridades competentes y los organismos designados, en particular para garantizar que las infracciones contempladas en el artículo 2, apartado 1, sean puestas sin demora en conocimiento de las autoridades competentes.

Enmienda

1.  Cada Estado miembro comunicará sin demora a la Comisión:

Enmienda

a)  la identidad y los datos de contacto de las autoridades competentes, la oficina de enlace única, los organismos designados y las entidades que participen en el mecanismo de alerta a que se refiere el artículo 35;

Enmienda

b)  información sobre la organización, las facultades y las responsabilidades de las autoridades competentes; y

Enmienda

c)  cualquier cambio introducido en la información indicada en las letras a) y b).

Enmienda

2.  La Comisión mantendrá actualizada en su sitio web la información a que se refiere el apartado 1 y la pondrá a disposición del público.

Enmienda

Artículo 8

Facultades de las autoridades competentes

1.  Cada Estado miembro conferirá a sus autoridades competentes las facultades de investigación y de ejecución y les proporcionará los recursos necesarios para la aplicación del presente Reglamento.

1 bis.  No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán decidir no conferir todas las facultades a cada autoridad competente, siempre que cada facultad pueda ejercerse de forma efectiva.

2.  Para llevar a cabo los cometidos que les asigna el presente Reglamento, las autoridades competentes de cada Estado miembro dispondrán como mínimo de las facultades siguientes y las ejercerán en las condiciones establecidas en el artículo 9:

a)  la facultad de acceder a cualquier información, dato o documento pertinente relacionado con una infracción con arreglo al presente Reglamento, en cualquier forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado;

b)  la facultad de solicitar el suministro por parte de cualquier persona física o jurídica, incluidos los bancos, los proveedores de servicio de pago, los proveedores de servicios de Internet, los registros y registradores de dominios y los proveedores de servicios de alojamiento, de toda información, dato o documento pertinente, en la forma o formato en que esté almacenado y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado, con el fin de identificar y efectuar un seguimiento de los flujos financieros y de datos, o determinar la identidad de las personas implicadas en los flujos financieros y de datos, información sobre cuentas bancarias y la titularidad de sitios web cuando la información, los datos o los documentos de que se trate estén relacionados con la finalidad de una investigación;

c)  la facultad de requerir a cualquier autoridad pública, organismo o agencia del Estado miembro de la autoridad competente que facilite toda información, dato o documento pertinente, en cualquier forma o formato y con independencia del soporte o el lugar en el que esté almacenado, con el fin de identificar y efectuar un seguimiento de los flujos financieros y de datos, o determinar la identidad de las personas implicadas en los flujos financieros y de datos, información sobre cuentas bancarias y la titularidad de sitios web cuando la información, los datos o los documentos de que se trate estén relacionados con la finalidad de una investigación;

d)  la facultad de llevar a cabo las inspecciones in situ necesarias, incluida la facultad de acceder a cualesquiera locales, terrenos o medios de transporte que el comerciante utilice con fines relacionados con sus actividades comerciales o empresariales, oficio o profesión, o de requerir a otras autoridades que lo hagan, para examinar, incautar, aprehender u obtener copias de informaciones, datos o documentos, con independencia del soporte en el que esté almacenados; precintar cualesquiera locales o informaciones, datos o documentos durante el tiempo necesario y en la medida necesaria para la inspección;

d bis)  la facultad de requerir a cualquier representante o miembro del personal del comerciante de que se trate para que dé explicaciones o aporte hechos, informaciones o documentos relativos al objeto de la inspección, y grabar las respuestas;

e)  la facultad de adquirir bienes o servicios como compras de prueba —incluida la posibilidad de actuar bajo una identidad falsa— para examinarlos y someterlos a ingeniería inversa, con el fin de detectar infracciones con arreglo al presente Reglamento y obtener pruebas; en función de la naturaleza de su uso previsto, las muestras que no puedan ser devueltas al comerciante en su estado original serán compradas;

g)  la facultad de adoptar medidas cautelares, cuando no se disponga de otros medios para impedir el riesgo de un perjuicio grave e irreparable para los intereses colectivos de los consumidores, en particular exigir a los proveedores de servicios de alojamiento la supresión de contenidos o la suspensión de un sitio web, un servicio o una cuenta, o exigir a los registros y registradores de dominios la suspensión durante un tiempo determinado de un nombre de dominio completo;

h)  la facultad de iniciar investigaciones o procedimientos para poner término las infracciones dentro de la Unión, las infracciones generalizadas o las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión por iniciativa propia y, en su caso, publicar información al respecto;

i)  la facultad de intentar obtener y/o aceptar del comerciante responsable de la infracción dentro de la Unión, de la infracción generalizada o de la infracción generalizada con dimensión de la Unión, el compromiso de poner fin a la infracción y, en su caso, de indemnizar a los consumidores por los perjuicios sufridos;

k)  la facultad de poner término o prohibir la infracción;

l)  si no se produce una reacción eficaz en un plazo razonable por parte de un comerciante a una solicitud por escrito de una autoridad competente para el cese o la prohibición de una infracción, ordenar a los proveedores de servicios de alojamiento la eliminación de contenido o el cierre de un sitio web, servicio o cuenta o una parte del mismo, u ordenar a los registros y registradores de dominios la eliminación de un nombre de dominio completo y permitir registrarlo a la autoridad competente en cuestión, con el fin de prevenir el riesgo de perjuicio grave e irreparable para los intereses colectivos de los consumidores, incluso mediante el requerimiento a un tercero u otra autoridad pública para que aplique esas medidas;

m)  la facultad de imponer sanciones, incluidas multas y multas coercitivas, por las infracciones dentro de la Unión, las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión, así como por el incumplimiento de cualquier resolución, orden, medida cautelar, compromiso o cualquier otra medida adoptada de conformidad con el presente Reglamento;

n)   la facultad de ordenar al comerciante responsable de la infracción dentro de la Unión, de la infracción generalizada o de la infracción generalizada con dimensión de la Unión que indemnice a los consumidores que hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de dicha infracción, incluyendo, entre otras cosas, una compensación económica, la oferta a los consumidores de la posibilidad de rescindir el contrato u otras medidas que garanticen la reparación de los consumidores que hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de la infracción;

o)  la facultad de ordenar la restitución de los beneficios obtenidos como resultado de las infracciones;

p)  la facultad de publicar toda decisión definitiva, medida definitiva, compromiso del comerciante u orden adoptada con arreglo al presente Reglamento, incluida la publicación de la identidad del comerciante responsable de la infracción dentro de la Unión, de la infracción generalizada o de la infracción generalizada con dimensión de la Unión;

q)  la facultad de consultar a los consumidores, las organizaciones de consumidores, las organizaciones de comerciantes, los organismos designados, cuando proceda, y otros interesados sobre la eficacia de los compromisos propuestos para el cese de la infracción y la eliminación del perjuicio causado por ella.

Enmienda

Artículo 9

Ejercicio de las facultades por las autoridades competentes

1.  Las autoridades competentes ejercerán las facultades establecidas en el artículo 8:

a)  directamente en virtud de su propia autoridad,

a bis)  con la asistencia de otras autoridades públicas o bajo la supervisión de las autoridades judiciales, si fuera necesario;

a ter)  mediante mandato a organismos designados, cuando corresponda; o

b)   mediante requerimiento a los órganos jurisdiccionales competentes para que adopten la resolución necesaria, incluso, en su caso, mediante un recurso, si el requerimiento para que se dicte la resolución necesaria no prosperara.

1 bis.   Las autoridades competentes ejercerán, en cualquier caso, las facultades establecidas en el artículo 8, apartado 2, letras d), g) y l), de acuerdo con el apartado 1, letra b), de este mismo artículo.

2.  En la medida en que las autoridades competentes ejerzan sus facultades mediante el requerimiento a los órganos jurisdiccionales, dichos órganos jurisdiccionales serán competentes para adoptar las resoluciones necesarias.

2 bis.  Las autoridades competentes ejercerán las facultades establecidas en el artículo 8 de manera proporcionada, eficiente y efectiva, de conformidad con la legislación de la Unión, incluidos los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, las salvaguardias procedimentales aplicables y las normas de la Unión en materia de protección de datos y la legislación nacional.

2 ter.  Las medidas de investigación y ejecución adoptadas en aplicación del presente Reglamento deberán reflejar adecuadamente el carácter de la infracción y el perjuicio general real o potencial causado por la infracción.

2 quater.  Cuando se adopte una decisión de imponer una sanción y sobre el importe de la multa que se impondrá en cada caso individual, deberá prestarse la debida atención a los siguientes aspectos:

a)   el carácter, la gravedad y la duración de la infracción, teniendo en cuenta el número de consumidores afectados y el nivel del perjuicio causado;

b)   el carácter intencional o negligente de la infracción;

c)   toda acción adoptada por el comerciante para reducir el perjuicio causado a los consumidores;

d)   toda infracción previa relevante cometida por el comerciante;

e)   el grado en que el comerciante haya cooperado con la autoridad competente con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar sus posibles efectos adversos.

3.  Los Estados miembros velarán por que las tasas judiciales y otros costes relacionados con la adopción de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en los procedimientos incoados en aplicación del presente Reglamento sean proporcionados y no constituyan un obstáculo a la aplicación del presente Reglamento.

Enmienda

suprimido

Enmienda

Artículo 11

Solicitudes de información

1.  La autoridad requerida podrá, a petición de la autoridad requirente, suministrar a esta última sin demora, y en cualquier caso en el plazo de treinta días, toda la información pertinente requerida para establecer si se ha producido una infracción dentro de la Unión y para poner fin a dicha infracción. La autoridad requerida notificará sin demora a la Comisión la solicitud de información y su respuesta.

2.  La autoridad requerida realizará las investigaciones apropiadas o adoptará cualquier otra medida necesaria o apropiada para recopilar la información solicitada. En caso necesario, las investigaciones deberán realizarse con la asistencia de otras autoridades públicas u organismos designados.

3.  A petición de la autoridad requirente, la autoridad requerida podrá permitir que un funcionario competente de la autoridad requirente acompañe a los funcionarios de la autoridad requerida durante sus investigaciones.

Enmienda

Artículo 12

Solicitudes de medidas de ejecución

1.  La autoridad requerida podrá adoptar, a petición de la autoridad requirente, sin ninguna demora indebida, todas las medidas de ejecución necesarias para poner término a la infracción dentro de la Unión ejerciendo todas las facultades previstas en el artículo 8 y todas las facultades adicionales que le confiera el Derecho nacional, incluida la imposición de sanciones, y ordenar o facilitar la indemnización a los consumidores por el perjuicio causado por dicha infracción.

3.  La autoridad requerida informará a la autoridad requirente sobre las iniciativas y las medidas adoptadas y consultará a la autoridad requirente sobre las iniciativas y las medidas que la autoridad requerida pretende adoptar. La autoridad requerida notificará, a través de la base de datos prevista en el artículo 43, las medidas adoptadas y su efecto en la infracción intracomunitaria, incluyendo la información siguiente:

a)  si se han impuesto medidas provisionales;

b)  si la infracción ha cesado;

c)  las medidas impuestas, incluidas las sanciones, y si estas medidas han sido aplicadas;

d)  en qué medida se ha indemnizado a los consumidores;

Enmienda

suprimido

Enmienda

1.  En las solicitudes de asistencia mutua, la autoridad requirente deberá proporcionar información necesaria para que la autoridad requerida pueda dar curso a la solicitud, incluida cualquier prueba necesaria que solo pueda obtenerse en el Estado miembro de la autoridad requirente.

Enmienda

Artículo 15

Negativa a dar curso a la solicitud de asistencia mutua

1.  La autoridad requerida podrá negarse a dar curso a una solicitud de información en virtud del artículo 11 cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes:

a)  cuando, previa consulta con la autoridad requirente, la autoridad requerida facilite justificaciones fundamentadas que demuestren que la información solicitada no es necesaria para que la autoridad requirente establezca si se ha producido una infracción dentro de la Unión o si cabe presumir razonablemente que pueda producirse;

b)  cuando la autoridad requirente no esté de acuerdo con que la información esté sujeta a las disposiciones sobre confidencialidad y secreto profesional y comercial establecidas en el artículo 41;

c)  cuando ya se hayan iniciado investigaciones penales o procedimientos judiciales ante las autoridades judiciales del Estado miembro de la autoridad requerida o requirente respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante.

2.  La autoridad requerida podrá negarse a dar curso a una solicitud de medidas de ejecución con arreglo al artículo 12, previa consulta con la autoridad requirente, cuando se den una o varias de las circunstancias siguientes:  

a)  cuando ya se hayan iniciado investigaciones penales o procedimientos judiciales, se haya adoptado una decisión administrativa definitiva, o las autoridades judiciales del Estado miembro de la autoridad requerida o requirente ya hayan dictado una sentencia firme o una resolución judicial respecto a la misma infracción dentro de la Unión y contra el mismo comerciante;

b)   cuando, en su opinión, tras una investigación adecuada, no se haya producido una infracción dentro de la Unión;

c)   cuando, en su opinión, la autoridad solicitante no haya proporcionado información necesaria con arreglo al artículo 14, apartado 1.

Una solicitud de medidas de ejecución no podrá denegarse alegando que la información proporcionada es insuficiente cuando previamente se haya denegado una solicitud de información sobre la misma infracción dentro de la Unión, tal como se dispone en el apartado 1, letra c).

3.   La autoridad requerida informará a la autoridad requirente y a la Comisión de la negativa a dar curso a la solicitud de asistencia mutua y motivará la negativa.

4.  En caso de desacuerdo entre la autoridad requirente y la autoridad requerida, la autoridad requirente o la autoridad requerida podrán remitir el asunto a la Comisión, que emitirá un dictamen sin demora. Si no se le sometiera el asunto, la Comisión podrá emitir un dictamen por iniciativa propia. Para fines de la emisión de un dictamen, la Comisión podrá solicitar la información y los documentos pertinentes intercambiados entre la autoridad requirente y la autoridad requerida.

5.  La Comisión supervisará el funcionamiento del mecanismo de asistencia mutua y el cumplimiento por parte de las autoridades competentes de los procedimientos y los plazos para la tramitación de las solicitudes de asistencia mutua. La Comisión tendrá acceso a las solicitudes de asistencia mutua.

6.  En su caso, la Comisión podrá publicar orientaciones y asesorar a los Estados miembros para garantizar el funcionamiento efectivo y eficaz del mecanismo de asistencia mutua.

Enmienda

Artículo 15 bis

Actos de ejecución

La Comisión adoptará los actos de ejecución que establezcan los formularios normalizados y los pormenores del procedimiento a que se refieren los artículos 11, 12 y 15. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Enmienda

INVESTIGACIÓN COORDINADA Y MECANISMO DE EJECUCIÓN PARA LAS INFRACCIONES GENERALIZADAS Y LAS INFRACCIONES GENERALIZADAS CON DIMENSIÓN DE LA UNIÓN

Enmienda

Infracciones generalizadas e infracciones generalizadas con dimensión de la Unión

Enmienda

Artículo 16

Inicio de acciones coordinadas y designación del coordinador

1.  Cuando una autoridad competente o la Comisión tenga sospechas razonables de que se está produciendo una infracción generalizada, lo notificará sin demora a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados por dicha infracción y, si procede, a la Comisión.

3.  Tras recibir la notificación a que se refiere el apartado 1, en el caso de una infracción generalizada, las autoridades competentes afectadas por la misma decidirán, por consenso, si inician una acción coordinada. La autoridad competente notificadora coordinará la acción a menos que las autoridades competentes afectadas por la infracción generalizada acuerden que lo haga otra autoridad competente o la Comisión.

5.  Cuando sea la Comisión quien haga notificación a las autoridades competentes en virtud del apartado 1, podrá proponer asumir la función de coordinación. Las autoridades competentes interesadas comunicarán sin demora a la Comisión si acuerdan que la Comisión coordine la acción o que lo haga una autoridad competente.

6.  Cuando la Comisión rehúse asumir la función de coordinación o cuando las autoridades competentes no acepten que la Comisión coordine la acción, las autoridades competentes interesadas designarán una autoridad competente que coordinará la acción. Cuando no se llegue a un acuerdo entre las autoridades competentes, coordinará la acción la autoridad competente que notificó en primer lugar la presunta infracción a las demás autoridades competentes.

6 bis.  Tras entregar o recibir la notificación prevista en el apartado 1, la Comisión, junto con las oficinas únicas de enlace de los Estados miembros afectados, verificará las pruebas preliminares sobre la existencia de la infracción generalizada. Cuando se llegue al umbral para una infracción generalizada con dimensión de la Unión, la Comisión lanzará una acción coordinada. La Comisión notificará su decisión de iniciar una acción coordinada a las oficinas únicas de enlace de los Estados miembros afectados por tal acción. La Comisión coordinará la acción.

Enmienda

Artículo 16 bis

Participación en acciones coordinadas

1.   Una autoridad competente podrá negarse a participar en la acción común por uno de los siguientes motivos:

a)   que ya se haya iniciado una investigación penal o se haya incoado un procedimiento judicial referente a la misma infracción generalizada o infracción generalizada con una dimensión de la Unión contra el mismo comerciante en el Estado miembro afectado;

b)   que ya se haya dictado una decisión administrativa definitiva, una sentencia firme o una resolución judicial referente a la misma infracción generalizada o infracción generalizada con una dimensión de la Unión contra el mismo comerciante en el Estado miembro afectado;

c)   que la infracción generalizada o la infracción generalizada con una dimensión de la Unión no se haya dado en el Estado miembro en cuestión.

2.   Tras la decisión de emprender una acción coordinada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16, en el caso de que una autoridad competente decida no participar en la acción coordinada, comunicará sin demora su decisión a la Comisión y a las demás autoridades competentes y oficinas de enlace únicas interesadas, expondrá los motivos y aportará los documentos justificativos necesarios.

3.   Una autoridad competente podrá unirse a una acción coordinada si durante el desarrollo de la acción coordinada quedara manifiesto se interés en la infracción generalizada o infracción generalizada con dimensión de la Unión objeto de la acción coordinada.

Enmienda

Artículo 17

Medidas de investigación en las acciones coordinadas

1.  Las autoridades competentes velarán por que la información, los datos y las pruebas necesarios se recaben de forma eficaz y eficiente. Las autoridades competentes velarán por que las investigaciones e inspecciones se realicen simultáneamente y por que las medidas cautelares se apliquen simultáneamente en la medida que lo permita el Derecho procesal nacional.

2.  Las autoridades competentes interesadas podrán recurrir al mecanismo de asistencia mutua con arreglo al capítulo III, en particular para recabar información y pruebas de Estados miembros distintos de los Estados miembros afectados por la acción coordinada o para garantizar que el comerciante afectado no eluda las medidas de ejecución.

3.  Las autoridades competentes afectadas expondrán los resultados de la investigación y la evaluación de la infracción generalizada o, si procede, la infracción generalizada con una dimensión de la Unión, en una posición común acordada entre ellas.

3 bis.  A menos que las autoridades competentes afectadas lleguen a un acuerdo diferente, el coordinador comunicará la posición común al comerciante responsable de la infracción, a quien se dará la oportunidad de ser oído sobre las cuestiones que formen parte de la posición común.

4.  Sin perjuicio de las disposiciones sobre el secreto profesional y comercial establecidas en el artículo 41, las autoridades competentes interesadas decidirán publicar la posición común o partes de ella en sus sitios web y en el sitio web de la Comisión, y podrán recabar la opinión de las organizaciones de consumidores, las organizaciones de comerciantes y demás partes interesadas.

Enmienda

Artículo 18

Compromisos en las acciones coordinadas

1.  Sobre la base de una posición común adoptada de conformidad con el artículo 17, las autoridades competentes interesadas podrán invitar al comerciante responsable de la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión de la Unión a proponer compromisos para el cese de la infracción y, en su caso, indemnizar o adoptar otras medidas que faciliten la indemnización de los consumidores que hayan sufrido un perjuicio. El comerciante podrá asimismo, por iniciativa propia, proponer compromisos para poner fin a la infracción e indemnizar a estos consumidores.

2.  Cuando el comerciante proponga compromisos, las autoridades competentes interesadas podrán, en su caso, publicar los compromisos propuestos en sus sitios web o, en su caso, en el sitio web de la Comisión para recabar la opinión de las demás partes interesadas, incluidas las organizaciones de consumidores y de comerciantes.

2 bis.  Las autoridades competentes interesadas evaluarán los compromisos propuestos por el comerciante responsable de la infracción y le comunicarán los resultados de la evaluación en una posición común acordada entre ellas. Si dichos compromisos se consideran suficientes para garantizar que se pone término a la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión de la Unión y, si procede, que se indemniza a los consumidores perjudicados, las autoridades competentes los aceptarán y fijarán un plazo para su puesta en práctica.

Cuando sea improbable que la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión de la Unión cese como resultado de los compromisos del comerciante responsable de la misma, las autoridades competentes podrán adoptar medidas de ejecución de conformidad con el artículo 18 bis.

2 ter.  Las autoridades competentes interesadas controlarán el cumplimiento de los compromisos. En particular, se asegurarán de que el comerciante responsable de la infracción informe periódicamente al coordinador sobre los progresos en el cumplimiento de los compromisos.

Enmienda

Artículo 18 bis

Medidas de ejecución en las acciones coordinadas

1.   Las autoridades competentes interesadas acordarán qué autoridad competente o, en su caso, autoridades competentes, adoptará, en nombre de las demás autoridades competentes, medidas de ejecución, incluida la imposición al comerciante de sanciones y de una orden de pago de una indemnización a los consumidores perjudicados:

a)   cuando sea improbable que la infracción cese como consecuencia de los compromisos del comerciante responsable de la infracción;

b)   cuando el comerciante responsable de la infracción no proponga compromisos antes del vencimiento de un plazo fijado por las autoridades competentes interesadas;

c)   cuando el comerciante responsable de la infracción proponga compromisos insuficientes para garantizar que se pone término a la infracción y se indemniza a los consumidores perjudicados por la infracción; o

d)   cuando el comerciante responsable de la infracción no cumpla sus compromisos antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 18, apartado 2 bis.

2.   Una vez que las demás autoridades competentes interesadas hayan designado una autoridad competente para adoptar medidas de ejecución, esta estará facultada para actuar en nombre de los consumidores de los demás Estados miembros afectados como si se tratara de sus propios consumidores. Cuando designen una autoridad competente para adoptar medidas de ejecución, las autoridades competentes tomarán en consideración todos los aspectos pertinentes para una ejecución eficaz.

3.   Cuando las autoridades competentes no procedan de conformidad con el apartado 2, adoptarán medidas de ejecución simultáneamente en algunos o en todos los Estados miembros afectados por la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión de la Unión.

4.   Solamente podrá encargarse a la autoridad competente designada que adopte medidas de ejecución con arreglo a los apartados 1 a 3 del presente artículo cuando las autoridades competentes de los Estados miembros interesados por dichas medidas den su consentimiento y exclusivamente si ello no da lugar a la divulgación de información sujeta a las normas sobre el secreto profesional y comercial establecidas en el artículo 41.

Enmienda

Artículo 19

Conclusión de las acciones coordinadas

1. Las autoridades competentes interesadas decidirán dar por concluida la acción coordinada cuando lleguen a la conclusión de que:

a)   no ha existido infracción generalizada o infracción generalizada con dimensión de la Unión;

b)   la infracción generalizada o infracción generalizada con dimensión de la Unión ha cesado a raíz de la puesta en práctica de los compromisos contraídos por el comerciante responsable;

c)   la infracción generalizada o infracción generalizada con dimensión de la Unión ha cesado a raíz de la aplicación de medidas de ejecución.

2. El coordinador notificará sin demora a la Comisión, y en su caso a las autoridades competentes y a las oficinas de enlace únicas de los Estados miembros interesados, la conclusión de la acción coordinada.

Enmienda

Artículo 19 bis

Reapertura de acciones coordinadas

El coordinador notificará sin demora a la Comisión, y en su caso a las autoridades competentes y a las oficinas de enlace únicas de los Estados miembros interesados, si se repite la infracción generalizada o la infracción generalizada con dimensión de la Unión y si es necesario adoptar otras medidas. En ese caso, la coordinación podrá llevarse a cabo sin lanzar una nueva acción coordinada.

Enmienda

La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan los plazos y los modelos de los formularios para las notificaciones y otros intercambios de información y de solicitudes de ejecución entre las autoridades competentes y la Comisión con respecto a las acciones coordinadas relativas a infracciones generalizadas e infracciones generalizadas con dimensión de la Unión. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Enmienda

suprimida

Enmienda

Disposiciones generales aplicables a las acciones coordinadas

Enmienda

1.  El coordinador designado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 16 o 32 deberá, en particular:

Enmienda

a)  garantizar que todas las autoridades competentes interesadas y, si procede, la Comisión estén debida y oportunamente informadas de los progresos de las medidas de ejecución, los próximos pasos previstos y las medidas que deban adoptarse;

Enmienda

b)  coordinar y supervisar las investigaciones, las inspecciones y la adopción de las medidas cautelares que decidan las autoridades competentes interesadas de conformidad con la sección I;

Enmienda

c)  coordinar la preparación y la puesta en común de toda la documentación necesaria entre las autoridades competentes interesadas y, si procede, la Comisión;

Enmienda

d)  estar en contacto con los comerciantes y otras partes interesadas en la supervisión, la investigación y las medidas de ejecución, salvo disposición en contrario de las autoridades competentes interesadas, del coordinador y, si procede, de la Comisión;

Enmienda

(No afecta a la versión española.)  

Enmienda

1.  Las autoridades competentes coordinarán sus actividades de vigilancia del mercado y sus medidas de investigación y ejecución para combatir las infracciones generalizadas en virtud de la sección I. Intercambiarán toda la información necesaria y prestarán sin demora cualquier otro tipo de asistencia necesaria a los demás Estados miembros y a la Comisión.

Enmienda

3.  Las lenguas utilizadas por las autoridades competentes y por la Comisión para las notificaciones y para todas las comunicaciones relacionadas con actuaciones coordinadas y barridos con arreglo al presente capítulo serán acordadas por las autoridades competentes interesadas y la Comisión.

Enmienda

4.  Cuando no pueda alcanzarse un acuerdo, las notificaciones y otras comunicaciones se remitirán en la lengua oficial del Estado miembro que haya realizado la notificación u otra comunicación. En ese caso, si es necesario cada autoridad competente garantizará la producción de las traducciones de las notificaciones, comunicaciones y otros documentos que reciba de las demás autoridades competentes.

Enmienda

5.  Cuando las acciones coordinadas con arreglo a la sección I se refieran a infracciones generalizadas o infracciones generalizadas con dimensión de la Unión de los actos legislativos de la Unión siguientes, el coordinador invitará a la Autoridad Bancaria Europea a actuar como observador:

Enmienda

Disposiciones lingüísticas para la comunicación con los comerciantes

Enmienda

suprimido

Enmienda

2.  El comerciante tendrá derecho a comunicarse en la lengua oficial de su Estado miembro de establecimiento o de residencia.

Enmienda

suprimido

Enmienda

Artículo 32

Barridos

1.  Cuando las tendencias del mercado, las denuncias de los consumidores u otros indicios sugieran que podrían haberse producido, estar produciéndose o producirse infracciones generalizadas, las autoridades competentes interesadas podrán decidir llevar a cabo barridos.

1 bis.  Los barridos serán coordinados por la Comisión.

2.  Al llevar a cabo barridos, las autoridades competentes que participen harán un uso eficaz de las facultades establecidas en el artículo 8 y de las demás facultades que les confiere el Derecho nacional.

3.  Las autoridades competentes podrán invitar a los organismos designados, funcionarios y otros acompañantes autorizados por la Comisión, su fuera necesario y debidamente justificado, a participar en las operaciones de barrido.

4.  La Comisión podrá adoptar actos de ejecución que establezcan los pormenores de los procedimientos de las operaciones de barrido. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Enmienda

Artículo 34

Mecanismo de alerta

1.  La autoridad competente notificará sin demora a la Comisión y a las demás autoridades competentes cualquier sospecha razonable de que en su territorio se está produciendo una infracción dentro de la Unión o una infracción generalizada que pudiera afectar a los intereses de otros Estados miembros («alerta») sirviéndose del formulario normalizado a través de la base de datos a que se refiere el artículo 43.

2.  La Comisión notificará sin demora a las autoridades competentes afectadas cualquier sospecha razonable de que se ha producido una infracción dentro de la Unión o una infracción generalizada en el territorio de la Unión («alerta») a través de la base de datos a que se refiere el artículo 43.

3.  En una alerta, la autoridad competente o la Comisión facilitará, en su caso, en particular la información siguiente sobre la presunta infracción dentro de la Unión o la infracción generalizada:

a)  una descripción del acto u omisión que constituye la infracción;

b)  el producto o servicio objeto de la infracción;

c)  los Estados miembros afectados o que pueden verse afectados por la infracción;

d)  el comerciante responsable o presunto responsable de la infracción;

e)  la base jurídica de posibles acciones en relación con el Derecho interno y las correspondientes disposiciones de los actos de la Unión que figuran en el anexo;

f)  la naturaleza y el estado de los procedimientos judiciales, las medidas de ejecución u otras medidas adoptadas en relación con la infracción, así como sus fechas y duración;

h)  la autoridad competente que lleve a cabo el procedimiento judicial y otras medidas.

4  En una alerta, la autoridad competente o la Comisión pedirá a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y, si procede, a la Comisión que verifiquen si similares presuntas infracciones están produciéndose en el territorio de otros Estados miembros o si se ha adoptado ya alguna medida de ejecución contra dichas infracciones en otros Estados miembros. Las autoridades competentes de los demás Estados miembros y la Comisión atenderán sin demora a la petición.

6.  La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan los formularios normalizados para la presentación de alertas a través de la base de datos a que se refiere el artículo 43. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Enmienda

Artículo 35

Participación de otras entidades en el mecanismo de alerta

1.  Los organismos designados y los centros europeos de los consumidores, las organizaciones y asociaciones de consumidores, así como las asociaciones de comerciantes que tengan la experiencia adecuada y un interés legítimo en la protección de los consumidores, deberán estar facultadas para notificar presuntas infracciones a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados y a la Comisión y para aportar la información que se indica en el artículo 34, apartado 3, sirviéndose del formulario normalizado de notificaciones exteriores a través de la base de datos a que se refiere el artículo 43 («alerta exterior»).

La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan los formularios normalizados para la presentación de alertas exteriores a través de la base de datos a que se refiere el artículo 43. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

2.  La Comisión facultará a otras entidades representativas de los intereses de los consumidores y de las empresas a nivel de la Unión para que declaren una alerta exterior.

4.  Las autoridades competentes no estarán obligadas a incoar un procedimiento o adoptar cualesquiera otras medidas en respuesta a las alertas exteriores. Las entidades mencionadas en los apartados 1 y 2 que remitan alertas exteriores velarán por que la información proporcionada sea correcta, actualizada y exacta, y rectificarán sin demora los errores que pudiera haber en la información enviada o, en su caso, la retirarán. A estos efectos, tendrán acceso a la información que hayan proporcionado, a reserva de las limitaciones a que se refieren los artículos 41 y 43. También se notificarán a dichas entidades las acciones de seguimiento llevadas a cabo por la autoridad competente o, cuando se solicite, la ausencia de ellas, en relación con alertas exteriores.

Enmienda

1.  A través de la base de datos a que se refiere el artículo 43, las autoridades competentes notificarán sin demora a la Comisión y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros las medidas que adopten para combatir una infracción de las leyes de la Unión que protegen los intereses de los consumidores en su territorio cuando presuman que la infracción de que se trate pueda afectar a los intereses de los consumidores en otros Estados miembros.

Enmienda

suprimida

Enmienda

suprimida

Enmienda

suprimida

Enmienda

suprimido

Enmienda

Artículo 37

Coordinación de otras actividades que contribuyan a la vigilancia y la ejecución

1.  Los Estados miembros se informarán mutuamente e informarán a la Comisión de sus actividades en los ámbitos siguientes:

a)  el desarrollo de recursos de personal de las autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento, incluida la formación de sus funcionarios;

b)  la recogida, clasificación e intercambio de datos sobre las denuncias de los consumidores;

c)  el desarrollo de redes sectoriales de funcionarios competentes;

d)  el desarrollo de herramientas de información y comunicación;

e)  la elaboración de normas, métodos y orientaciones sobre la aplicación del presente Reglamento;

2.  Los Estados miembros podrán coordinar y organizar conjuntamente las actividades a que se refiere el apartado 1.

Enmienda

(No afecta a la versión española.)  

Enmienda

suprimido

Enmienda

1.  La información obtenida por las autoridades competentes y la Comisión o comunicada a estas se utilizará con el único fin de asegurar el cumplimiento de la legislación de la Unión protectora de los intereses los consumidores.

Enmienda

3.  No obstante lo dispuesto en el apartado 2 y siempre que se respeten plenamente los derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales, así como la legislación de la Unión en materia de protección y tratamiento de los datos personales, las autoridades competentes podrán utilizar y divulgar la información necesaria para:

Enmienda

b bis)  cuestiones de interés público, como la seguridad pública, la protección de los consumidores, la salud pública y la protección medioambiental;

Enmienda

2.  Los Estados miembros velarán por que las pruebas, documentos, información, explicaciones y conclusiones de la investigación efectuada por una autoridad competente en un Estado miembro puedan utilizarse en los procedimientos incoados en aplicación del presente Reglamento por las autoridades competentes en otros Estados miembros, sin más requisitos formales.

Enmienda

1.  La Comisión establecerá y mantendrá la base de datos electrónica necesaria para todas las comunicaciones entre las autoridades competentes, las oficinas de enlace únicas y la Comisión en el marco del presente Reglamento. Dicha base de datos será accesible directamente para su consulta por las autoridades competentes, las oficinas de enlace únicas y la Comisión.

Enmienda

2.  La información proporcionada por las demás autoridades públicas, entidades a que hace referencia el artículo 35 y organismos designados se almacenará y tratará en la base de datos electrónica, pero dichas autoridades, entidades y organismos designados no tendrán acceso a esa base de datos.

Enmienda

2 bis.  Cuando una autoridad competente, un organismo designado o una entidad a que se refiera el artículo 35 establezca que una notificación de una infracción intracomunitaria comunicada conforme a los artículos 34 y 35 se ha revelado ulteriormente infundada, retirará la notificación. La Comisión suprimirá sin demora la información correspondiente de la base de datos e informará a las partes del motivo de dicha supresión.

Enmienda

a)  una autoridad competente requerida notifique a la Comisión, de conformidad con el artículo 12, apartado 3, que una infracción dentro de la Unión ha cesado;

Enmienda

b)  el coordinador notifique a la Comisión, de conformidad con el artículo 19, que se ha dado por concluida la acción coordinada;

Enmienda

c)  la Comisión, como coordinador, decida, de conformidad con el artículo 19, que la acción coordinada relativa a una infracción generalizada con dimensión de la Unión ha concluido, pero que los compromisos de los comerciantes se conservarán durante cinco años para garantizar el cumplimiento de la legislación de la Unión protectora de los intereses de los consumidores;

Enmienda

4.  La Comisión adoptará los actos de ejecución que establezcan los formularios electrónicos normalizados y los modelos disponibles en la base de datos para el foro de debate en el que se intercambiarán las peticiones y respuestas así como otros documentos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

Enmienda

Planes de ejecución y fijación de prioridades

Enmienda

1.  A más tardar el ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], y posteriormente cada dos años, los Estados miembros presentarán a la Comisión planes de ejecución. Esos planes de ejecución incluirán:

Enmienda

a)  información sobre las tendencias de los mercados que puedan afectar a los intereses de los consumidores;

Enmienda

suprimida

Enmienda

suprimida

Enmienda

d)  los ámbitos prioritarios para la aplicación de la legislación protectora de los intereses de los consumidores en el Estado miembro;

Enmienda

suprimida

Enmienda

suprimida

Enmienda

1 bis.  La Comisión publicará un resumen de los planes de ejecución.

Enmienda

2.  En los casos que supongan un cambio sustancial de las circunstancias o de las condiciones del mercado, los Estados miembros podrán facilitar información sobre estos cambios cuando su alcance rebase el ámbito del plan de ejecución.

Enmienda

suprimido

Enmienda

Principios para la imposición de sanciones por las infracciones dentro de la Unión, infracciones generalizadas e infracciones generalizadas con dimensión de la Unión

Enmienda

1.  Al imponer sanciones en el contexto de las infracciones dentro de la Unión, infracciones generalizadas e infracciones generalizadas con dimensión de la Unión, las autoridades competentes tendrán en cuenta, entre otros, los elementos siguientes:

Enmienda

1 bis.  Esas sanciones tienen que ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Enmienda

Los Estados miembros comunicarán sin demora a la Comisión el texto de toda disposición de Derecho nacional que adopten y de los acuerdos, distintos de los concluidos para casos individuales, que celebren en los ámbitos cubiertos por el presente Reglamento.

Enmienda

A más tardar el ... [cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre su aplicación.

Enmienda

El informe contendrá una evaluación de la aplicación del presente Reglamento, incluida una evaluación de la eficacia de la aplicación de la legislación de la Unión protectora de los intereses de los consumidores en virtud del presente Reglamento y un examen de, entre otras cosas, la forma en que el cumplimiento de la legislación de la Unión protectora de los intereses de los consumidores por parte de los comerciantes ha evolucionado en los mercados de consumo fundamentales objeto de comercio transfronterizo. La Comisión evaluará, en particular, la eficacia de:

a)   las facultades previstas en el artículo 8;

b)   el umbral fijado para las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión;

c)   el sistema de intercambio de información sobre infracciones establecido en virtud del artículo 43.

El informe irá acompañado, en caso necesario, de propuestas legislativas.

Enmienda

A más tardar el ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento] y posteriormente cada dos años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe con una visión general de la información y la evolución de la ejecución de la normativa sobre protección de los consumidores y las estadísticas que se intercambien en el marco del mecanismo de vigilancia establecido en virtud del artículo 33, incluidas las alertas comunicadas y las acciones de seguimiento iniciadas en relación con alertas exteriores, y una visión general de las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión de la Unión con arreglo al artículo 16;

Enmienda

El presente Reglamento será aplicable a partir del [dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Enmienda

suprimido

Enmienda

24 bis.  Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo): artículo 14 (DO L 165 de 18.6.2013, p. 1).

Enmienda

24 ter.  Reglamento (CE) n.º 924/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2560/2001 (DO L 266 de 9.10.2009, p. 11).